La espantada de Vox del Gobierno de Aragón, dejando al PP solo y en minoría, sigue dejando muchas incógnitas respecto a lo que puede suceder en los próximos meses en la comunidad aragonesa, que se enfrenta a una situación inédita. No tanto por el hecho de que haya un gobierno en minoría –sin ir más lejos, el primer Ejecutivo de Lambán (2015-2019) estuvo sustentado por 18 diputados socialistas y dos de CHA, y ahora el PP cuenta con 28, cuando la mayoría absoluta está en los 34 votos– sino por la casi inexplorada vía de la ruptura de un acuerdo de Gobierno a los 11 meses de su constitución. El único precedente relativamente semejante, aunque mucho menor en dimensión, estuvo en el año 2002, cuando Izquierda Unida decidió abandonar el primer mandato de Marcelino Iglesias en el que, eso sí, tan solo ostentaba alguna dirección general.
Y una de las principales incógnitas que se deberán despejar en los próximos días gira en torno a la figura de la presidenta de las Cortes, segunda autoridad de la comunidad que ahora ostenta la ultra Marta Fernández. Y es que en los acuerdos suscritos por PP y Vox hace ahora un año contemplaba que Fernández regiría esta responsabilidad gracias a los votos populares en la Mesa de las Cortes. Fue solo un adelanto del siguiente acuerdo que se firmó pocas semanas después, y que llevó a Jorge Azcón al Pignatelli con el apoyo y la participación activa de Vox.
Marta Fernández, durante el debate del estado de la ciudad el pasado jueves / Miguel Ángel Gracia
Ahora, sin embargo, las dudas lógicas han aparecido en torno a Fernández, cuyo cargo está en entredicho, pese a que Santiago Abascal, en su comparecencia del pasado jueves, en ningún momento mencionó que las presidentas de los parlamentos iban a seguir el mismo camino que el de los Ejecutivos. En el caso de Aragón, el reglamento de la cámara no recoge ningún tipo de mecanismo legal para que los partidos pudiesen echar a la política de Vox de su puesto. Es decir, la salida de Marta Fernández solo se podría producir si ella renuncia, aunque también podría producirse en el improbable caso de que Vox la expulsase del grupo parlamentario –o saliese por motu proprio– o, en otro sentido, si dejase de ser diputada.
En cualquier caso, desde Vox no tienen pensado dar ningún paso que apunte en esa dirección. El presidente Azcón, por su parte, justificó que respetaban la «separación de poderes», mientras que el portavoz popular en las Cortes, Fernando Ledesma, alegó que su salida depende solo de una «decisión personal». Desde la oposición, CHA sí que pidió su dimisión que, sea como fuere, no tiene visos de llegar. Al menos, a corto plazo. Pero los tiempos en política, como ha quedado demostrado esta semana, no significan nada.
