La ‘Operación Endurance’ asestó un duro golpe a un entramado supuestamente dedicado de pleno a la fabricación y posterior venta de “narcolanchas”. Una nave industrial ubicada en el polígono industrial de Cotogrande, en la rúa da Becerreira de Vigo, fue uno de los principales almacenes a disposición de la organización para construir desde cero los cascos de estas embarcaciones semirrígidas de alta velocidad, pero disponían de más naves para esta misma labor de fabricación o para culminarlas colocándoles los flotadores en distintos puntos del norte de Portugal, fundamentalmente en Valença do Minho y Viana do Castelo. El mapa geográfico de esta red era todavía más amplio: con sus dos presuntos cabecillas domiciliados en Barcelona, contaban con toda una flota de camiones y remolques para transportar las planeadoras y con lugares para custodiarlas y ocultarlas en Tarragona y Toledo antes de entregarlas a los compradores, a los destinatarios finales. La Fiscalía sostiene que el fin de estas embarcaciones era el tráfico de hachís y, de hecho, concreta que una de las construidas en la nave viguesa, una semirrígida de 12,4 metros de eslora y provista de tres motores Yamaha de 300 caballos cada uno, fue empleada para un alijo de 957 kilos de dicha droga en la playa del Vigía de Mazagón, en Huelva, tras lo cual la abandonaron en la costa almeriense.
Esta operación que explotó en junio de 2022 ya está próxima a juicio. El Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo acaba de dictar el auto en el que abre juicio oral contra las 11 personas físicas contra las que dirige su acusación la Fiscalía, a las que se añade, como persona jurídica, una empresa de transporte de Porriño. El Ministerio Público pide penas que en global suman 59 años y seis meses de prisión –individualmente oscilan entre los 2 y los 9 años de cárcel–, así como multas millonarias, que en el caso de la mercantil cifra concretamente en 14 millones de euros. Los principales delitos por los que califica son el de dirección e integración de organización criminal y el de contrabando de embarcaciones constitutivas de género prohibido. La vista se celebrará en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica, la misma que acoge desde abril el “macrojuicio” del “Karar”.
El fiscal sitúa al frente de la red de las “narcolanchas” a Sergio R.T. y Ramón S.V., ambos con domicilio en Barcelona y que supuestamente “dirigían y controlaban todo el proceso de fabricación, transporte, venta y entrega a los adquirientes finales de todas y cada una de las embarcaciones rápidas producidas”, para lo cual se trasladaban “periódicamente” en un Audi A4 a Vigo y Portugal. En Vigo, siempre según la acusación pública, tuvieron a su disposición al menos entre enero y diciembre de 2021 la nave de Cotogrande y después habrían continuado la labor en otras en polígonos de Valença do Minho y Paredes de Coura. En el país vecino contaron supuestamente con cooperación en otras naves, como una en Monçao, en Viana do Castelo, también para fabricar los cascos de las semirrígidas o para proveerlas de los flotadores necesarios.
Alta en la Seguridad Social
Los supuestos cabecillas “financiaban y sostenían económicamente” la fabricación de las planeadoras “remunerando” a quienes las construían, dándoles de alta en la Seguridad Social y “proveyéndo de los materiales necesarios”. Contrataban y coordinaban también supuestamente los transportes de las embarcaciones entre las distintas naves y los lugares de entrega, “percibiendo finalmente grandes cantidades de dinero por su venta a terceras personas que las utilizaban para concluir operaciones marítimas de narcotráfico”.
A sus órdenes estarían el resto de acusados. Felipe V.M. se encargaba supuestamente de la contabilidad de la ilícita actividad, incluido el pago de nóminas y a proveedores. Javier M. T.V. y Manuel L.S., el primero con domicilio en Mos y el segundo en Vigo, “construían y fabricaban las embarcaciones”, mantiene el fiscal. Ellos habrían preparado “personalmente” las lanchas de Cotogrande, pero se cita a más personas que también realizarían esta labor para la organización, en este caso en el país vecino.
Ángel P.R., con nave en Toledo, y Alberto T.T. y Sergio A.C., con otras dos en Tarragona, supuestamente usaban estos almacenes para ocultar las embarcaciones y cooperaron además, según la Fiscalía, en el traslado y entrega de las mismas. Guillermo S.L. y Carmen M.S., de empresas de Porriño, habrían colaborado en los transportes. A Guillermo también se le acusa de tenencia ilícita de armas y contra la salud pública: en los registros le incautaron una pistola detonadora semiautomática y cogollos de cannabis. Finalmente, hay otro acusado con nave en Sevilla, Antonio P.L.
Doce metros de eslora, motores de 300 caballos y asientos en tándem
La Fiscalía cita en su escrito que en los registros, entre otros efectos, la Guardia Civil se incautó de 21 embarcaciones semirrígidas en distintas fases de fabricación, 23 cascos de fibra, así como motores, bidones con gasolina o moldes para los cascos. Las lanchas serán destruidas al ser de género prohibido y de fabricación clandestina.
De hasta 12 metros de eslora y hasta 3 metros de manga, las que ya tenían motores eran casi todos de entre 300 y 350 caballos. La disposición de los asientos que les instalaban solía ser en tándem. Los agentes pudieron poner dispositivos de geolocalización en algunas de estas “narcolanchas” para realizar su investigación.
