Los 69 diputados que Podemos obtuvo en las elecciones de 2015 fueron espiados por la Policía Patriótica, una unidad creada por el Partido Popular para sacar trapos sucios de sus adversarios políticos. Así lo atestiguan, según ha publicado El País, las pruebas documentales que han llegado a la Audiencia Nacional, donde el juez Santiago Pedraz se encuentra ya investigando las maniobras de esta subdivisión policial, creada con intereses políticos para realizar cientos de consultas sobre los diputados progresistas en bases de datos policiales. Uno de los espiados fue el dirigente y diputado de Compromís Joan Baldoví, con el que este medio se ha puesto en contacto para conocer sus impresiones sobre esta situación.

PREGUNTA (P): Durante el periodo en el cual estuvo investigado, entre enero y diciembre de 2016, ¿notó algún indicio extraño?

RESPUESTA (R): No, y te lo digo con total sinceridad. De hecho, cuando ayer una compañera me pasó una captura de pantalla de la noticia, mi primera reacción fue de sorpresa, de estupor. Porque no me cabía en la cabeza que eso hubiera pasado. Yo no noté nada extraño, aunque sí que recuerdo que algunos diputados de Esquerra o de Bildu que, en fin, sí que tenían, a veces, esa percepción. Pero yo nunca tuve la percepción de que podía estar siendo investigado. Me sorprendí mucho.

P: ¿A qué considera que obedeció este espionaje? Todos los perfiles espiados tienen en común una cosa, que es que eran políticos de izquierdas.

R: Responde a que el PP había perdido la mayoría absoluta y una mayoría progresista era posible, aunque por diferentes motivos no se llegó a materializar, porque el PSOE optó por intentar pactar con Ciudadanos y no fue posible. Se convocaron nuevas elecciones y nuevamente el Partido Popular ya no tenía mayoría absoluta, y los números daban para lo que fue posible en 2018. Creo que el miedo era ese: que se pudiera cuajar un gobierno progresista en el 2016. Fueron a por nosotros para ver qué encontraban, evidentemente con un objetivo claro de destruir nuestra reputación, hurgando en nuestra vida privada para destruir nuestra reputación política e impedir que cuajara aquella nueva mayoría política. Un nuevo Gobierno era posible y el objetivo era intentar que no saliese adelante en 2016 lo que terminó saliendo adelante en 2018.


Investigaciones con intenciones políticas

«Se puede mirar a todos, a los 69, pero eso deja rastro«. Es una de las frases más reveladoras de las conversaciones publicadas por El País, entre el entonces número dos de Interior, Francisco Martínez, y el comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño. «¿Todos están limpios? ¿Tampoco violencia callejera, anarcas, etc.? Me cago en la puta, alguno tiene que ser chungo. Mira con ojos atentos», recoge el citado diario.

P: En las conversaciones publicadas, se puede apreciar una intencionalidad negativa hacia vosotros.

R: Efectivamente. El objetivo era destruirnos. Por eso mi primera reacción fue de sorpresa, pero le siguió la de indignación. Están escarbando en nuestra vida privada, donde dormí en un día concreto, dónde me fui de vacaciones, qué multas de tráfico puedo tener… En definitiva, la Policía tiene acceso a toda una serie de ficheros que constituyen la vida privada de ciudadanos honestos, íntegros, que lo único que pretendíamos era cambiar la política que hasta entonces había aplicado el Partido Popular.

Y yo creo que ese fue el motivo por el que se utilizó esta Policía Patriótica. Determinados miembros de la Policía se dejaron utilizar, sin el aval de ningún juez, para intentar desacreditarnos. Lo hemos visto con nosotros, pero ya lo hemos sabido también con otros políticos a los que se les han fabricado pruebas falsas para intentar destruir su reputación y su vida privada, con el objetivo de impedir que pudieran cuajar mayorías contrarias a los intereses del Partido Popular. Esto sirve para ver de lo que fue capaz el PP en su momento para mantenerse en el poder. Cuando habían perdido la mayoría absoluta, utilizaron a la Policía, que su finalidad es proteger nuestros derechos, para unos intereses absolutamente partidistas. Creo que esto es de las cosas más graves que han pasado en democracia, utilizando a la Policía para destruir a un adversario político. Es muy grave.

P: ¿Va a tomar algún tipo de medida legal?

R: Estamos estudiando las vías para hacerlo. Lo primero es personarnos como acusación en la causa, y yo quiero saber qué se ha investigado sobre mí, qué se sabe y por qué motivo, con qué finalidad se investigó. Creo que tengo todo el derecho del mundo a que si la Policía me ha investigado sin el aval de ningún juez y sin haber cometido ningún delito, conocer qué información han alcanzado. Es imprescindible intentar que los responsables políticos y policiales que se prestaron a estas prácticas absolutamente antidemocráticas, propias de una dictadura, paguen por lo que han hecho y caiga sobre ellos todo el peso de la ley.

Es muy grave lo que ha ocurrido. Los responsables han de pagar, y yo también digo, desde lo personal, que me alegro enormemente de haber contribuido con mi voto a que este gobierno, que traspasó todas las líneas de la decencia democrática, lo pudiéramos echar fuera.

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