María Eugenia Prendes Menéndez, fiscal delegada de violencia de género y doméstica en Asturias desde 2012, será la nueva fiscal superior de Asturias. Releva en este cargo a María Esther Fernández García, quien lo ha desempeñado en los últimos once años.
El nombre de Eugenia Prendes (Oviedo, 1960) fue propuesto ayer por el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en una reunión del Pleno del Consejo Fiscal. Ahora, la Fiscalía General trasladará la propuesta al Ministerio de Justicia, que será el encargado de llevarla al Consejo de Ministros para su formalización.
María Eugenia Prendes Menéndez ingresó en la carrera fiscal en 1989 y se incorporó a la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Sevilla. Entre 1990 y 1997 ejerció en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de San Sebastián-Guipúzcoa, donde se especializó en justicia juvenil y protección de los menores. En 1997 se trasladó a la Fiscalía del Tribunal Superior del Principado de Asturias y trabajó en la Fiscalía Superior de Oviedo, Fiscalía de Área de Gijón y Adscripción Territorial de Avilés.
Este relevo se enmarca en un movimiento tectónico de ámbito nacional en virtud del cual fiscales de adscripción ideológica progresista van accediendo de manera paulatina a puestos de máxima responsabilidad. En este caso, Eugenia Prendes pertenece a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Esther Fernández a la Asociación de Fiscales (AF), de sello conservador.
Este nombramiento significa el encadenamiento de dos mujeres en un elenco previo exclusivamente masculino, cuyos antecedentes más próximos en el tiempo son Gerardo Herrero, Rafael Valero Oltra, Odón Colmenero, Rafael Fernández y Fernando González Lavín.
En la reunión de ayer del Consejo Fiscal, García Ortiz propuso que Mario Piñeiro, conocido por su participación en el «caso Alvia», pase a formar parte de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Piñeiro ingresó en la carrera fiscal en 1985 y ha estado destinado en las Fiscalías de Santa Cruz de Tenerife, La Coruña y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Entre 1996 y 2008 fue fiscal coordinador de la adscripción permanente de la Fiscalía de Santiago de Compostela, donde fue fiscal jefe entre 2008 y abril de 2024.
La otra propuesta para la sección penal del Tribunal Supremo es Isabel Vicente Carbajosa. Integrante de la carrera fiscal desde 1992, ha estado destinada en las Fiscalías de los tribunales superiores de Baleares y de Madrid. Ha formado parte de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (2013-2016) y, entre otros cargos europeos, consejera jurídica y judicial del Comité de Vigilancia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude desde 2020 hasta la actualidad.
En la misma reunión, el jefe del Ministerio Público propuso a otros ocho fiscales para cargos discrecionales, entre los que figuran un asiento en la Audiencia Nacional (Raquel de Miguel Morante, actualmente en comisión de servicio en la Fiscalía de la Audiencia Nacional) y siete correspondientes a Andalucía, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid.
Esos siete nombramientos incoados ayer son los de José Francisco Ortiz Navarro como fiscal superior de la Comunidad Valenciana; Rafael Carlos de Vega Irañeta como teniente fiscal de la Comunidad Autónoma de Madrid; Concepción Ángela Rodríguez Cabezas como fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Granada; Isabel Company Malonda como fiscal jefa de la Fiscalía de Área de Alzira; Sonia Díez Moreno como fiscal jefa de la Fiscalía de Área de Mataró-Arenys de Mar; y Daniel Jove Martínez como fiscal jefe de la Fiscalía de Área de Ferrol.
Eugenia Prendes, referente contra la violencia machista
Marián Martínez
Toda persona e institución implicada en la lucha contra la violencia de género conoce o al menos ha oído hablar de María Eugenia Prendes, fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de Asturias y designada nueva Fiscal Superior.
La Delegación del Gobierno le concedió el premio «Meninas» en reconocimiento a su labor, por su implicación con las víctimas, por su disposición –continua y continuada– a colaborar en los casos difíciles. No sabe rechazar ninguna propuesta con la que entienda que puede aportar participando en actos de información y sensibilización contra la violencia de género.
Persona de apariencia tranquila, suave en las formas y afable, «Mae», como la llaman cariñosamente, es apreciada y respetada entre sus compañeros, tanto profesionalmente como a nivel personal.
Su carácter amable y cordial no le impide realizar críticas directas para denunciar la escasez de medios con los que cuentan los juzgados. Portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, defendió públicamente ya en 2018 la necesidad de cambiar la legislación para proteger a las víctimas de la violencia machista. «Hay muchas cosas que se tienen que cambiar y adaptar la legislación al Convenio de Estocolmo, que es de aplicación obligatoria», aseguró en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA. Y a la vez denunciaba la enorme carga de trabajo que acumulan los juzgados, sobre todo los mixtos, y los pocos medios materiales y humanos. También exige más formación al conjunto de actores de la judicatura para tratar con las víctimas de violencia machista, sobre todo con los menores, cuyas declaraciones son en muchos casos esenciales para que la Justicia pueda actuar.
La influencia de las redes sociales en la juventud es otra de las preocupaciones de Eugenia Prendes, nueva Fiscal Superior de Asturias, defensora de que, al igual que a los juzgados de menores, también se le conceda la investigación de los hechos a los fiscales en los juzgados de violencia de género. «Se evitaría la victimización secundaria», alega.
Admite que no es muy amiga de las estadísticas, pero se ha acostumbrado a ellas. Ahora, con más motivo, tendrá que elaborarlas y controlarlas. Las suyas y las de toda la Fiscalía.
Esther Fernández, jurista «con auctoritas»
Marián Martínez
Esther Fernández García (Gijón, 1959) tomó posesión como fiscal superior de Asturias en junio de 2013 en el ovetense palacio de Valdecarzana, sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Al acto asistió el entonces Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce. La fiscal volvía así a casa, a Asturias, después de 28 años.
Hija de ovetense y gijonesa, nació en Gijón hace 64 años. Se crió en Avilés y, posteriormente, estudió la carrera de Derecho en Oviedo, donde preparó las oposiciones. Ingresó en la carrera fiscal en 1985, y en 2008 fue nombrada fiscal jefa de La Coruña, un cargo de nueva creación. Miembro del Consejo Fiscal, presentó entonces una ponencia sobre la reforma procesal. En 2018 fue ratificada como Fiscal Superior de Asturias, y hasta no hace mucho en ámbitos judiciales se contaba con una nueva revalidación que al final se torció.
Esther Fernández tiene una personalidad fuerte y arrolladora. No se achica cuando hay que poner los puntos sobre las íes, sea quien sea a quien haya que pedir o dar explicaciones, y lo ha demostrado en varias ocasiones. Lo hizo explicando las memorias de la Fiscalía a preguntas de diputados en la Junta General del Principado, exponiendo su parecer en las reuniones sobre cómo debía actuar la Justicia durante la pandemia, e incluso cuando denunció que para acceder al Parlamento asturiano la habían parado y solicitado el DNI. Respeto institucional, reclamó entonces ante los diputados.
Miembro de la Asociación de Fiscales, se la ha visto en las movilizaciones junto a sus compañeros y jueces ya en 2018, las primeras protagonizadas de manera conjunta por ambos colectivos. Entre sus posicionamientos defendió, por ejemplo, cambiar la ley para que los hombres denunciados por violencia machista puedan ver a sus hijos, aunque no los condenados.
«Es una gran profesional, querida y respetadísima, porque tiene auctoritas», resumió ayer una de las fuentes consultadas tras conocerse que no había renovado en el cargo. Lo es en la judicatura y en el resto de instituciones. «Es un orgullo como fiscal», sentenció otra fuente.
