Pedro Sánchez y Yolanda Díaz engrasan la coalición y sientan las bases de la negociación para los Presupuestos Generales del Estado de 2025, que serán clave de bóveda de la legislatura en caso de salir adelante. El presidente y la vicepresidenta segunda del Gobierno se reunieron el pasado martes, una semana después las turbulencias que provocó en Sumar el acuerdo integral para renovar el CGPJ alcanzado por PP y PSOE, que incluía una reforma judicial pactada a espaldas del socio minoritario del Gobierno.
Después del desencuentro de los días previos y las quejas públicas de la coalición de izquierdas, que se abstendrá este jueves a la norma en señal de descontento, los máximos representantes de ambas partes se sentaron para dar el «pistoletazo de salida» a la negociación de las cuentas, donde Sumar espera cesiones por parte del PSOE para facilitar el acuerdo. El encuentro llega una vez cerrado el intenso ciclo electoral que culminó el 9 de junio, un periodo donde se produjo un enfriamiento en las relaciones de los socios de coalición, y entre los líderes de ambas alas del Gobierno.
Encauzar la relación
PSOE y Sumar retoman ahora la negociación presupuestaria que ya iniciaron en primavera para las cuentas de 2024, y que descarriló por la renuncia de Gobierno a tramitarlos tras el adelanto electoral en Cataluña, del que Moncloa culpó a Díaz por el rechazo de su rama catalana, los Comuns, a los presupuestos catalanes. El malestar con la vicepresidenta segunda fue patente, pero ahora el presidente busca encauzar los acuerdos con su socio de Gobierno para intentar dar todas las garantías posibles a las cuentas de 2025. Unas cuentas de las que dependerá en gran medida la estabilidad de la legislatura, que quedaría en cuestión en caso de tener que recurrir a una segunda prórroga presupuestaria.
La sensación instalada en las filas de Sumar es que el PSOE les dará oxígeno en estas cuentas y cederá en materias como vivienda y permisos por nacimiento. En la coalición de izquierdas creen que Sánchez es consciente de que necesita que Sumar aguante para garantizarse unas mayorías. Y después de una época electoral en la que los socialistas les han achicado el espacio, distintas voces de la plataforma de izquierdas apuntan a que ahora la actitud parece haber cambiado el PSOE, más dispuesto a devolver protagonismo a su aliado de Gobierno.
Sin embargo, día de hoy y pese de la reunión de líderes, Sumar está aún a la espera de que el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero les convoque para comenzar las negociaciones. El socio minoritario de Gobierno tampoco conoce el detalle del techo de gasto que el Gobierno prevé aprobar la semana que viene en el Consejo de Ministros junto al cuadro macroeconómico, y tanto este documento como la senda de déficit han sido ya formalmente solicitados, como también han solicitado el orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera que tendrá lugar el próximo lunes 15 de julio, sin que hasta ayer hubieran recibido respuesta.
Los otros debates
En la reunión entre Sánchez y Díaz también se abordaron, entre otros asuntos, la negociación que el Ministerio de Trabajo mantiene con los agentes sociales para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas. Una reforma que estaba dentro del acuerdo de Gobierno pero que a finales de junio acabó con la paciencia de Yolanda Díaz, que dio un ultimátum a los empresarios para que participaran del acuerdo, advirtiendo de que habría consecuencias en caso de no hacerlo.
Yolanda Díaz y Pedro Sánchez en una foto de archivo. / Jose Luís Roca
Pero después de la reunión con el presidente de Gobierno -sumado a la corrección que recibió por parte del Ministerio de Economía- el tono de Díaz cambió sustancialmente, y volvió a mostrar su intención de contar con CEOE y Cepyme para conseguir el pacto, aunque esto implicase retrasar el acuerdo o rebajar la política de máximos inicialmente impuestos. Después de la reunión con Sánchez, la coalición de Díaz también renunció a impugnar la reforma judicial pactada entre PP y PSOE y limitó sus enmiendas a cuestiones técnicas.
La de Díaz y Sánchez no fue la única reunión que se produjo la semana pasada; también el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, mantuvo un encuentro con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para intercambiar propuestas sobre la pata mediática del paquete de medidas de regeneración que anunciará Sánchez en el Congreso el próximo miércoles. El propio presidente anunció que darían criterios objetivos a la publicidad institucional por parte de las administraciones a los medios de comunicación y se daría mayor transparencia a las empresas propietarias.
Peticiones de Sumar
A la espera de que se ponga en marcha la negociación presupuestaria, en Sumar ya han elaborado sus propuestas, que abarcan seis bloques diferenciados. Uno de los principales es el relativo a la conciliación y los cuidados, bautizado como «extensión de derechos sociales y de género«, donde Sumar reclama extender el permiso por nacimiento de las actuales 16 semanas a 20 en 2025.
Además, pide que sean remunerados al menos 4 de las 8 semanas de permiso por cuidados a menores de hasta 8 años. Otra de sus propuestas, aunque con menos visos de salir adelante, es la creación de una renta universal por crianza de 200 euros mensuales por hijo hasta que cumpla la mayoría de edad.
Otro de los asuntos es la fiscalidad, con la petición de Sumar de hacer permanentes los impuestos a la banca y a las energéticas, aunque en Sumar abren la puerta a que su petición se limite a una nueva prórroga, al no haberse aprobado una norma que habilite la creación de nuevas figuras impositivas a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Además está el poder adquisitivo de las familias, que se pretende abordar mediante un impuesto a las grandes superficies de supermercados que graven los beneficios extraordinarios respecto a antes de la crisis de Ucrania. En cuanto a transición verde, piden rebajar la fiscalidad de la electricidad para favorecer el paso de la caldera a la energía eléctrica, más renovable, reclamando ayudas para permitir que los hogares vulnerables puedan asumir los gastos que conlleva esta transición energética.
La vivienda, prioritaria
Pero el asunto al que Sumar ha dado prioridad total en esta legislatura es la vivienda, que es precisamente donde confían en que se produzcan más avances con el PSOE. Este mismo miércoles, el grupo parlamentario presentaba una batería de propuestas que llevarán a la negociación presupuestaria para crear nuevos impuestos para el alquiler turístico, con un IVA del 21% y la creación de un impuesto especial del 25% para los fondos de inversión, con el objetivo de desincentivar este tipo de arrendamientos y promover el alquiler residencial y a largo plazo.
Este miércoles, el responsable del área económica de Sumar y encargado de la negociación, el diputado Carlos Martín Urriza, advertía de que se había producido un «cambio en el discurso» por parte del Ministerio de Vivienda, aunque calificaba de «insuficientes» las últimas propuestas del Gobierno sobre el alquiler turístico. La impresión en el socio minoritario es que se avanzará en esta materia.
Tanteo y retracto
En el acuerdo de coalición firmado entre PSOE y Sumar ya se pactó aumentar al 20% el parque público de vivienda durante toda la legislatura para destinarla a vivienda social. Esta ambiciosa propuesta queda muy lejos del 2,9% actual, que en Sumar quieren elevar sustancialmente hasta el entorno del 5%, casi duplicando la cifra actual.
Otra de las propuestas que defiende Sumar es que este aumento del parque de vivienda se lleve cabo mediante una política de tanteo y retracto por parte del Gobierno, algo que le permitiría tener preferencia a la hora de adquirir viviendas a fondos de inversión por una cantidad tasada, normalmente inferior a la de precio de mercado.
Esta fórmula permitiría agilizar el impacto del crecimiento del parque de vivienda, que para Sumar se presenta como una urgencia, al no tener que emprender el proceso de licitaciones y la posterior construcción de inmuebles. Otra de las reclamaciones de Sumar respecto a la construcción de nueva vivienda es que el Estado sea el promotor, evitando el papel intermediario de las inmobiliarias.
