Durante más de cuatro horas, Gobierno y comunidades autónomas estuvieron reunidas este miércoles para intentar acordar el reparto de miles de menores extranjeros que están en las islas Canarias. El encuentro se resolvió con un principio de pacto, bastante insuficiente, y sin abordar el tema principal, una reforma de la ley de extranjería. Aun así, la cita podría desencadenar movimientos bastante trascendentes en la política española, con una amenaza de Vox de romper sus pactos autonómicos con los populares. A continuación, todas las claves para entender qué ocurrió y qué aceptaron las comunidades del PP:
Canarias tiene a su cuidado a casi 6.000 menores extranjeros, una cifra muy superior a los 2.000 para los que tiene capacidad. Por ello, el presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, lleva meses reclamando una solución al Gobierno que, principalmente, pase por repartir a esos menores por el resto de comunidades autónomas. Una propuesta similar se acordó en 2022, aunque solo se contemplaba realojar a 400 menores, 347 de Canarias y 57 de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Con este escenario se produjo este miércoles la reunión en Tenerife entre los ministros de Infancia y Política Territorial, Sira Rego y Ángel Víctor Torres, respectivamente, el propio Clavijo y los consejeros del ramo de las comunidades autónomas.
El principal acuerdo que se alcanzó fue reactivar el reparto de los 347 menores, pactado hace dos años, que corresponden a 2024. Las comunidades autónomas del PP votaron a favor por solidaridad y tan solo se abstuvo Catalunya, gobernada por ERC. El reparto de este año quedó suspendido en una reunión anterior debido a la oposición de los consejeros populares al enterarse de que el Gobierno había negociado con Canarias una reforma de la ley de extranjería.
No obstante, este sistema es bastante deficiente. En 2023 solo se cumplió el 10% de los traslados acordados y aún están pendientes un 40% de los que corresponden a 2022, el primer año que se acordó este reparto. Aun así, el ‘sí’ de las comunidades del PP a este sistema le valió la amenaza de Vox de romper los cinco gobiernos autonómicos que comparten. La cúpula del partido ultra se reunirá este jueves para tomar una decisión.
El reparto aceptado este jueves establece que Catalunya tendrá que recibir a 31 niños y adolescentes, siendo la comunidad autónoma que más menores acepte. Le siguen Extremadura, Madrid y Andalucía, con 30; Cantabria, con 29; Galicia, con 26; y Asturias, con 24. Las regiones que menos chicos acogerían serán La Rioja (4), Baleares (10), Navarra (15) y Murcia (16). Este reparto lleva aparejada una financiación de 20 millones de euros.
El segundo punto que se trató en la reunión fue una reforma de la ley de extranjería acordada entre el Gobierno y Canarias. La propuesta pasa por modificar el artículo 35, el referido a los menores extranjeros no acompañados, para obligar a las comunidades autónomas a acoger a un número determinado de menores, según una serie de criterios, cuando un territorio de acogida supere el 150% de su capacidad. El límite de Canarias estaría en 3.000 menores, por lo que habría que repartir casi otros 3.000 entre el resto de comunidades. Ceuta también ha dicho estar al 365% de su capacidad.
Los consejeros autonómicos pudieron leer la letra pequeña del acuerdo unas horas antes de la reunión y alegaron que tuvieron poco tiempo para analizarla en profundidad. Así, las comunidades del PP pidieron aplazar la discusión. El punto más polémico es la supuesta financiación que incluiría esta reforma de la ley de extranjería.
Pese a todo, la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, dejó claro que llevarán la modificación de la norma al Congreso lo más pronto posible, que es donde se tiene que aprobar. Lo complejo será alcanzar la mayoría absoluta necesaria para aprobarla, ya que Junts se opone de manera frontal. Así, resulta imprescindible que el PP vote a favor, por lo que será clave que las autonomías populares acaben viendo con buenos ojos la propuesta del Ejecutivo.
