María Jesús Montero, a su llegada a un acto organizado por UGT. EP
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deberá acudir el próximo 2 de octubre a un acto de conciliación con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que este último le reclamase 40.000 euros por haber vulnerado, a su juicio, su derecho a la intimidad y el honor. Además, según adelanta El Confidencial, el novio de Isabel Díaz Ayuso ha reclamado a Montero que dé una rueda de prensa retractándose sobre las declaraciones que hizo sobre su persona.
Un acto de conciliación que ha sido admitido y fijado por un juzgado de Madrid y pese a que el propio González Amador ha reconocido explícitamente sus delitos de fraude fiscal y falsedad documental. De hecho, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid intentó rubricar un pacto con la Fiscalía reconociendo sus delitos para salvarse de entrar en la cárcel y anular el recorrido judicial de la querella en su contra. No obstante, finalmente este acuerdo quedó en papel mojado después de que la acusación popular, conformada por PSOE y Más Madrid, reclamase más tiempo para investigar hasta cinco nuevos delitos que el presunto defraudador podría haber cometido.
Concretamente, la reclamación de Alberto González Amador se sustenta en unas declaraciones que la vicepresidenta primera y mano derecha de Pedro Sánchez realizó en los pasillos del Congreso de los Diputados el pasado 12 de marzo. En aquel momento, Montero hizo referencia a que la pareja de la Comunidad de Madrid vivía en un piso pagado gracias a su “fraude a la Hacienda Pública” mediante contratos y comisiones en mascarillas.
Algo que posteriormente se ha investigado en los juzgados de Plaza de Castilla, pero que, en aquel momento, según cree la defensa de Alberto González Amador, no había sido probado ni formaba parte de la actualidad. Por ello, entienden que María Jesús Montero tenía información privilegiada que no dudó en compartir con todo el mundo en los pasillos de la Cámara Baja.
Por ello, González Amador denuncia que Montero habría vulnerado su derecho a la intimidad y el honor. El acto de conciliación, en el que además de los 40.000 euros reclama que se desmienta públicamente y que al menos un medio de comunicación se haga eco de sus palabras, es el paso previo a una demanda de características similares a la que Alberto González Amador tiene abierta contra la Fiscalía y el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
