«Dos personas en actitud sospechosa están cambiando la cerradura de un piso del número 7 en la calle Benelux». El aviso llegó a la Guardia Civil de Valdemoro sobre las diez de la noche del pasado 26 de mayo.
Creyendo que se trataba de dos ladrones que intentaban entrar en la vivienda, los agentes acudieron inmediatamente, pero lo que encontraron al llegar les rompió todos los esquemas: dos parejas de okupas enfrentados por el piso en el que los cuatro llevaban más de un mes conviviendo, pero que en realidad no es de ninguno de ellos.
«Pagamos 1.800 euros entre los cuatro para okupar este piso y ahora nos han cambiado la cerradura y no nos dejan entrar», se queja María, una de las okupas expulsada por sus compañeros de piso
«Pagamos 1.800 euros entre los cuatro para okupar este piso y ahora nos han cambiado la cerradura y no nos dejan entrar. Acordamos en un principio que nosotros nos encargaríamos de la limpieza de la casa mientras que la otra pareja, amigos nuestros, trabajaban, pero he sufrido un aborto y ya no puedo ayudar, así que hemos discutido», explicó a la Guardia Civil María, una granadina de 19 años, mientras se afanaba por entrar a la que, defiende, es su casa y la de su pareja, un hombre ecuatoriano llamado Bruno, aunque realmente la propiedad es de la Comunidad de Madrid.
Parte de las pertenencias que María y Bruno encontraron tiradas en un rellano / CEDIDA
Según confirma la joven a este canal de investigación y sucesos, ella y su novio okuparon la vivienda el pasado mes de abril. Lo hicieron junto a una amiga suya y su pareja: «sé que no está bien, pero no nos metimos en casa de nadie, sino en una vivienda vacía. Yo estaba embarazada y no tenía dónde vivir, no podía hacer otra cosa».
De acuerdo con la documentación del caso, a la que ha accedido este medio, los problemas llegaron cuando la otra pareja con la que María y Bruno convivían, Adriana y Alexandru (de Colombia y Rumanía), quisieron echarlos de la casa para instalar en su habitación a la madre de ella: «nos está amenazando a mi pareja y a mí desde hace una semana para que abandonemos el piso porque va a venir desde Colombia la madre de ella y necesitan la habitación», denunció María ante la Guardia Civil.
Una de las okupas culpa a sus compañeros de piso del aborto que sufrió. Asegura que, estando embarazada, la coaccionaban para que se marchara: «Me quitaban el agua caliente mientras me estaba duchando, pusieron un sistema de vigilancia y no nos dieron la clave»
Sin luz ni agua caliente
En su denuncia, la chica añade que «desde que tuve el aborto estoy sufriendo coacciones por parte de la otra pareja. Me quitan la luz y el agua caliente mientras me estoy duchando. Han puesto un sistema de vigilancia del que no nos han dado la clave y ahora han cambiado la cerradura de la casa sin proporcionarnos una nueva». Incluso llega a culpar a sus compañeros de piso de haber perdido a dos bebés: «Me he visto obligada a abortar por la situación que han generado, porque me he visto obligada a vivir en la calle por estas personas».
Ante la gravedad de sus acusaciones y para aclarar los hechos, la Guardia Civil tomó declaración a la otra pareja de okupas, Adriana y Alexandru. La colombiana y el rumano admitieron que habían instalado en la casa un sistema de vigilancia «para saber quién entra en el domicilio, porque las visitas que traen nuestros compañeros no son agradables».
Una habitación libre
Además, reconocen que necesitaban que María y Bruno dejasen libre su habitación para poder alojar a la madre de Adriana, pero niegan haberlos coaccionado o amenazado. Es más, aseguran que fueron María y su novio quienes se comportaron de manera violenta con ellos al no poder entrar en el piso e incluso llamaron a varios familiares de ella para que les atacaran.
En un primer momento, ninguno de los cuatro okupas quiso interponer denuncia por lo ocurrido. En presencia de la Guardia Civil, Adriana y Alexandru se comprometieron a volver a colocar la cerradura original a la puerta de entrada y a solucionar lo ocurrido con la otra pareja. Pero solo diez minutos después de que se marcharan los agentes, las dos parejas volvieron a pelearse y María y Bruno acabaron denunciando a sus compañeros de piso por un delito de coacciones.
Una denuncia que ampliaron poco después cuando la pareja regresó al piso, acompañados por agentes de la Guardia Civil, y comprobaron que todas sus cosas habían desaparecido. «Era como si nunca hubiéramos vivido allí. Ellos se habían deshecho de todo lo que teníamos, de lo poco que podíamos aprovechar para empezar nuestra vida en otra parte», recuerda María a este medio.
María también ha denunciado a los okupas con los que convivía por robarle a su gata / CEDIDA
Una pulsera y dos anillos de oro
En su denuncia acusan a sus excompañeros okupas de robarles un ordenador valorado en más de dos mil euros, un iPad, un patinete eléctrico, un televisor, dos teléfonos móviles, una pulsera y dos anillos de oro, además de ropa y 200 euros en efectivo. También, una gata de color gris llamada ‘Tormentita’.
«Algunas de nuestras cosas, las que tienen menos valor, las tiraron en un rellano cerca del piso. Otras no sabemos qué han hecho con ellas. La que más me duele es mi gata, que a saber si la dejaron escapar o qué le hicieron. La estoy buscando desde entonces», señala María. «Ella era mi amiga, nunca pensé que nos haría algo así», añade en alusión a la otra okupa de la casa.
El juzgado de instrucción 5 de Valdemoro investiga a Adriana y a Alexandru por delitos de coacciones y hurto, aunque el fiscal ha rechazado dictar una orden de alejamiento para impedir que puedan acercarse a sus compañeros, tal y como había solicitado María.
«Ningún vínculo con la propiedad»
«Se observa que el presente procedimiento se inicia por un problema de convivencia entre los implicados en una vivienda que ni siquiera es de ninguno de ellos, por lo que la solución a dicho conflicto se anticipa sencilla. Cualquiera que no desee continuar en esa relación de convivencia puede cesar de la misma, sin que exista ningún vínculo obligacional ni con la propiedad de la vivienda ni con los demás convivientes», concluyó la jueza en un auto del pasado 27 de mayo, en el que no da la razón a ninguna de las dos parejas de okupas.
Mientras el conflicto entre ellos se resuelve en el juzgado, por el momento los únicos que han ganado son los vecinos de la calle Benelux, que ya se habían quejado de los problemas provocados por los inquilinos del bajo. Gracias al escándalo ocasionado entre los okupas, han logrado desalojarlos de la vivienda. Como ha podido comprobar este medio, sabiéndose en el punto de mira de la justicia y la Guardia Civil, los cuatro han abandonado la casa.
