El pleno del Consell acordó ayer ampliar la superficie máxima de ocupación de las plantas fotovoltaicas y acortó los plazos administrativos para acelerar el despliegue renovable tras años de bloqueo. La nueva norma de renovables, incluida dentro del decreto ley de Simplificación administrativa de la Generalitat (el plan Simplifica), elimina las trabas impuestas por el núcleo duro de Compromís en 2020 que en la práctica impedían el desarrollo renovable de la Comunidad. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, reconoció ayer en un encuentro con el sector que se ha «perdido demasiado tiempo» con una burocracia «horrible». Algunos promotores mostraron su satisfacción con la reforma normativa y otros esperan a leer la letra pequeña del decreto ley (que publica hoy el Diari Oficial de la Generalitat -DOGV-).
La Generalitat informó de que la nueva normativa de renovables modifica «el texto refundido de la Ley de Ordenación de Territorio, Urbanismo y Paisaje (Trlotup) y el decreto ley 14/2020 para acelerar la implementación de energías renovables, mejorar la resilencia energética y reducir la importancia del gas natural y la energía importada». El sector Compromís contrario al despliegue de parques fotovoltaicos aprovechó el decreto ley 14/2020 (que en teoría era para impulsar las renovables) para introducir una serie de condicionantes de interpretación ambigua que en la práctica han torpedeado el desarrollo de parques en la Comunidad Valenciana. La Generalitat ha depurado ahora ese decreto como pedían los promotores. El objetivo ha sido que el texto sea claro para evitar el actual bloqueo.
Ampliación de la ocupación
La nueva normativa, según la información aportada por la Generalitat, incluye «la ampliación de la ocupación máxima para plantas fotovoltaicas y la eliminación de las barreras burocráticas, garantizando un marco jurídico más ágil y seguro». La ampliación consiste en que a partir de ahora ya no estará limitada al 3 % de la superficie del municipio la instalación de parques. Además, la legislación europea obliga a la Administración a conceder las licencias en un plazo máximo de 18 meses en el caso de que se encuentren en determinadas zonas de «aceleración» del despliegue de parques o de 24 meses en el resto. La Unión Europea obliga a tramitar por la vía rápida los parques fotovoltaicos y eólicos porque tienen «un interés público superior».
Carlos Mazón defendió ayer en un foro con los promotores de parques fotovoltaicos la reforma legislativa. «La Comunidad Valenciana ha sido la región que menos autonomía energética ha obtenido y menos energía sostenible ha generado. Inadmisible», sentenció. «Hemos perdido demasiado tiempo y hemos hecho perder el tiempo a demasiados proyectos», reconoció. El jefe del Consell incidió en que la nueva normativa reduce los plazos de las «concesiones de licencias». «Ninguna empresa volverá a desistir de su proyecto empresarial por los dilatados ritmos de tramitación de la horrible burocracia administrativa», aseguró Mazón.
Un año de ejecución
José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (patronal del sector), explicó que la Comunidad Valenciana está en disposición de cumplir con el objetivo de desarrollar 10.000 megavatios de renovables antes de 2030 para cumplir con los objetivos de descarbonización marcados por la Unión Europea. «Depende de la voluntad del Consell. La ventaja de la tecnología fotovoltaica es que se puede desplegar rápido. Si los proyectos son serios, se pueden ejecutar en un año», afirmó.
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