El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no quiere dejar nada al azar y a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el futuro del caso Tsunami Democràtic, después de que el juez instructor en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, lo archivara, tras el revés que le propinó la Sala de lo Penal, ha contestado a la magistrada del Supremo Susana Polo sobre lo innecesario que considera que es elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como proponían las acusaciones personadas en la causa.
En un escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la defensa de Puigdemont, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, argumenta que la petición de las acusaciones de acudir al Tribunal de Justicia de la UE carece de sentido, pero no tiene ningún problema en defender allí los intereses del expresidente catalán.
En su opinión, el propio TJUE ha aclarado las dudas que puedan surgir, lo que hace innecesario que se le consulte, porque en distintas resoluciones ha concluido que «las autoridades de un Estado miembro no pueden invocar directamente una Directiva para agravar la responsabilidad penal de los inculpados en un procedimiento penal«, puesto que «una directiva, por sí sola y sin la implementación de una ley interna, no puede crear ni agravar la responsabilidad penal de los individuos».
En cualquier caso la consulta de la magistrada puede que quede sin sentido en horas, puesto que el juez del que partió la exposición razonada que dio origen a la causa acordó archivarla este lunes, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional limitó la instrucción a lo investigado hasta julio de 2021, al haber prorrogado un día tarde las actuaciones, lo que invalida todas las diligencias posteriores. La pelota está ahora en las manos de la jueza instructora Susana Polo.
