La adjudicación en subasta del edificio de Hacienda en María de Molina 50 trae cola. El segundo clasificado -la socimi Whiteni,- ha pedido a la Audiencia Nacional la suspensión cautelar de la orden de la ministra María Jesús Montero del pasado 21 de noviembre por la que aprobó la enajenación de las oficinas situadas en el denominado complejo Eurocis -en pleno barrio de Salamanca- a Barnaby Investments, sociedad de Grupo Lar, por 205 millones de euros.
La socimi solicita la suspensión de una Orden ministerial que ya fue recurrida en su día porque -a su juicio- la oferta de Barnaby no cumplía con las exigencias del pliego en los plazos de pago. Según el escrito presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso El Independiente, Whiteni trata de evitar que se perfeccione la compraventa del inmueble. El plazo previsto de nueve meses para pagar el primer 25% concluye el próximo 24 de agosto y, dado que ese mes es inhábil a efectos procesales, la socimi cree que la Sala no habrá tenido tiempo material de dictar sentencia sobre su recurso.
De no suspenderse la Orden recurrida, avisa Whiteni, «se perfeccionará la venta mediante otorgamiento de escritura pública de compraventa a favor del adjudicatario, con efectos patrimoniales irreversibles y gravemente perjudiciales» para los derechos de la socimi. Además, dice que esa formalización de la escritura permitirá a la sociedad de la familia Pereda «iniciar la ejecución de su proyecto y realizar toda clase de obras en el conjunto inmobiliario que resultarán irreversibles» en caso de que se declare nula la adjudicación.
En ese sentido, avisa también de que se harán «irreversibles los negocios jurídicos que pudieran celebrarse con terceros y las operaciones materiales de ejecución del proyecto del adjudicatario que no es, ciertamente, el proyecto de esta parte«. Entre esos negocios jurídicos estarían «desde la entrada de inversores, la constitución de hipotecas u otras cargas o la eventual transmisión total o parcial de los activos». Por contra, argumenta que la suspensión cautelar de la Orden «no perjudica al interés general ni al interés de terceros«, pues solo demora el momento en que se podrá perfeccionar la compraventa hasta que se resuelva el recurso planteado.
Whiteni, asesorada por el despacho Next Abogados, presentó alegaciones en un primer momento contra la oferta de Barnaby porque el pliego requería «claramente que se especifique el número de plazos e importe de cada uno de ellos y, sobre todo, porque en la misma aparece un fraccionamiento del precio total en once pagos cuando de forma expresa y por escrito a mi representada y a otros interesados se nos comunicó que el número máximo de pagos era de diez».
Por otro lado, alega ante la Audiencia Nacional que el expediente administrativo que le remitió Hacienda «incluye la prueba documental irrefutable de que la Administración demandada respondió de forma clara y explícita a un representante de los licitadores que el número máximo de pagos era diez y que no podían ser once».
Whiteni hace referencia a un correo electrónico al que en sus alegaciones la Abogacía del Estado -que ejerce la defensa de Hacienda en el proceso- resta importancia señalando que es «un correo electrónico enviado por la titular de un órgano que carece de competencias respecto de la interpretación y calificación de las ofertas». En él, la Secretaria de la Mesa de la subasta le avisa a un licitador de que «en el cuadro adjunto hay 11 pagos y no pueden ser más de 10, por lo tanto hay que quitar un pago y redistribuir las cantidades».
La socimi asegura que con la Orden recurrida Hacienda «ha favorecido injustamente a un licitador». Además, acusa al Ministerio de Montero de no reconocer esos criterios y atribuirlos ahora «a alguien que pasaba por allí y nada tiene que ver con la subasta».
«O nos engañó la Secretaria o nos engañó la Mesa»
En ese sentido, reprocha que dicha subasta «se base en engaño y manipulación para beneficiar a un licitador con unas condiciones más ventajosas de las que se ofrecieron a otros, permitiendo unas condiciones de fraccionamiento del pago que fueron explícitamente negadas a otros con el argumento de que eran incompatibles con el Pliego».
Además, reprocha que «no resulta admisible como cobertura de una grosera ilegalidad» que el Ministerio de Hacienda pretenda convencer a la Sala de que entre los miembros del órgano colegiado (la Mesa) encargado de resolver la venta de un complejo valorado en 155 millones de euros «existían criterios contradictorios e incompatibles acerca de algo tan relevante como el número máximo de plazos en que puede fraccionarse el precio».
Además, señala que «‘casualmente’, la adjudicación se resolvió a favor de quien se acogió al criterio más ventajoso, al que otros no se acogieron porque se les había dicho expresamente que no era posible dicho fraccionamiento». «O nos engañó la Secretaria o nos engañó la Mesa», remata el escrito.
Tras dos intentos fallidos por parte de Hacienda para colocar el inmueble en subasta, a la tercera consiguió despertar el apetito de los inversores. Después de dos rebajas del importe que pedía por él 51% del inmueble que posee, finalmente fijó un precio de salida de 155,8 millones. Barnaby se hizo con él por un 30% más. Whiteni ofreció 197,5 millones; Dunas Capital, 190,8 millones; Tomaleta Servicios y Gestiones SL, 180,1 millones; Kronos Homes, 176 millones; y Conren Tramway, 165,7 millones.
