La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha procesado al etarra Javier García Gaztelu (conocido como Txapote) por, supuestamente, matar de un disparo al empresario Francisco Arratibel en febrero de 1997.
La magistrada también ha propuesto juzgar a quienes eran miembros de la cúpula de la banda terrorista en esa fecha: José Javier Arizcuren Ruiz, Miguel Albisu Iriarte (Mikel Antza), Ignacio Miguel Gracia Arregui (Iñaki de Rentería) y María Soledad Iparraguirre Guenechea (Anboto).
En un auto, fechado el pasado lunes, la juez relata que el llamado «comité ejecutivo» de ETA, dio la orden de asesinar a Arratibel «porque aducían que se había apropiado de 60 millones de pesetas procedentes del rescate por el secuestro de don Emiliano Revilla», quien fue secuestrador por ETA en 1988.
El documento relata que Txapote estuvo ayudado en su acción por Irantzu Gallastegui Sodupe (alias Amaia y también miembro del comando Donosti).
Sobre las 11.10 horas del día 11 de febrero de 1997, Francisco Arratibel, recibió un disparo en la cabeza que García Gaztelu le efectuó por la espalda en una calle de la localidad de Tolosa (Gipuzcoa).
Según relata el auto, Txapote iba disfrazado con una peluca y bigote y Amaia, su pareja, le ayudó en su huida. Todos los procesados están actualmente en prisión provisional por otras causas vinculadas a ETA.
La investigación de estos hechos se inició a principios de 1997. Unos meses más tarde, se cerró ante la «falta de indicios de criminalidad contra persona determinada».
No obstante, con la aparición de nuevas evidencias, el 19 de noviembre de 2013 se reabrió la causa, que se cierra ahora con el procesamiento de los etarras mencionados.
Ahora, será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el tribunal jerárquicamente superior al juzgado central de instrucción, la que deba ratificar el procesamiento.
El próximo 24 de julio, a las 10 horas, se celebrará una videoconferencia con los centros penitenciarios en los que se encuentran los internos, para comunicarles esta condición. En el plazo de tres días, todos ellos deberán comunicar quiénes son sus abogados y procuradores.
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