Una investigación ha llevado a una magistrada de la Audiencia Nacional a proponer que se juzgue a la mafia del atún, una «organización criminal» que se aprovechaba de la pesca furtiva para generar, y posteriormente blanquear, «cuantiosos» beneficios. El estado de las instalaciones donde se criaban y almacenaban estos animales era, además, tan «pésimo» que su consumo representaba un «grave peligro para la salud pública de los consumidores».
Dentro de esta organización criminal, explica la magistrada María Tardón, se encontrarían al menos ocho personas y doce empresas, entre ellas el principal grupo exportador de este pez a nivel mundial. Para conseguir introducir esta pesca en el mercado, dice la magistrada, se mezclaba con la parte «lícita» del negocio», se confeccionaban certificados y albaranes falsos e incluso se mentía acerca del estado de conservación del producto.
En ese sentido, la investigación ha permitido acreditar las pésimas condiciones de salubridad en las que se encontraban las instalaciones que utilizaban y las malas condiciones para el consumo humano de los atunes, a los que inyectaban aditivos para darles una apariencia de frescura, “poniendo en grave peligro la salud pública de los consumidores”.
Delitos de organización criminal y contra la fauna
En su auto de pase a procedimiento abreviado, la magistrada considera que los hechos investigados pueden ser constitutivos de los delitos de falsedad documental, contra la salud pública, contra la fauna, contra los derechos de los consumidores, descubrimiento y revelación de secretos, participación en organización criminal y blanqueo de capitales.
La titular del Juzgado Central de Instrucción Tres envía por ello a juicio a ocho investigados, entre ellos un guardiacivil, así como a responsables del Grupo Pescnortmar y del Grupo Ricardo Fuentes.
Este último grupo, indica la jueza, es el mayor exportador de atún rojo del mundo, tiene su sede central en Cartagena y cuenta con diferentes granjas de engorde en las provincias de Murcia, así como en Malta y Túnez y almadrabas en Cádiz, Marruecos, Italia y Portugal. Ahora, la Fiscalía y las diferentes posibles acusaciones tienen un plazo de diez días para presentar sus escritos y que se acuerde la apertura del juicio o el sobreseimiento.
Pésimas condiciones de salubridad
Inmersa de lleno en el mercado del atún, una de las industrias alimenticias que más dinero mueve a nivel mundial, esta organización criminal compaginaba su actividad legal con otra paralela.
Así, generó una confusión deliberada entre el atún de procedencia lícita y en buen estado y el atún de procedencia ilícita y en mal estado, dice el auto, que concluye que se trató de un plan orquestado por la trama para dificultar la detección del fraude. Después, y para introducir en el mercado el género capturado de forma irregular o procedente del exceso gestionado en sus granjas de engorde, la organización recurría a falsedades documentales.
La jueza también señala en su escrito las condiciones en las que se encontraban las instalaciones de los investigados, especialmente una “nave B” que utilizaban sin permiso, al margen de los controles sanitarios y en unas condiciones de salubridad detestables. A esto se suma el hecho, dice, de que durante el transporte el género no cumplía con unas mínimas condiciones de higiene como son el aislamiento hermético de los productos alimenticios.
Un peligro para la salud pública
Todo este conjunto de irregularidades, explica, supone un peligro evidente para la salud pública, como demuestra el hecho de que en algunas de las muestras de pescado analizadas se hayan detectado concentraciones de histamina en niveles superiores al máximo aconsejable. Además, subraya que el riesgo para la salud de las personas llegó a concretarse en la detección de alguna intoxicación alimentaria.
“El objetivo final del entramado creado por el grupo criminal es el lucro económico, por lo que las acciones que los investigados realizan en sus diferentes intervenciones están siempre encaminadas a enmascarar la captura de los animales mediante la pesca furtiva y su posterior paso a la cadena de comercialización amparados en documentos falsos emitidos por los integrantes de la organización, así como a ocultar los ingresos obtenidos del ilícito comercio. Para lograr estos fines los investigados utilizan unas pautas idénticas en cada una de sus actuaciones, acordadas y planificadas de antemano, es lo que podríamos denominar el modus operandi“, afirma.
