La dirección nacional del PP ha marcado perfil este martes ante el reiterado órdago de Vox de una ruptura regional si se aceptan repartos de menores extranjeros no acompañados pactados con el Gobierno. El cuál encontró una nueva edición ayer lunes desde la sede nacional de Bambú. Génova ha pasado de ignorarlo, a negarse directamente a él. Así lo escenificó en la rueda de prensa posterior a la reunión del órgano popular el portavoz nacional, Borja Sémper. Refiriéndose a la cuestión, el popular destacó que «las amenazas y los chantajes les funciona a los independentistas con Pedro Sánchez» para condicionarle en el poder, pero «con Alberto Núñez Feijóo no funciona». «Que se vaya olvidando cualquiera, con nosotros no funciona ninguna amenaza», reiteró Sémper.
Ante la amenaza, y de procederse, el consecuente escenario de inestabilidad que quedará, el PP reivindica que «somos un partido de Estado que ofrece estabilidad, un partido que es solidario, también con Canarias, y que cree que los problemas hay que resolverlos, no incendiarlos», añadió Sémper, que enarboló una posición de «rigor» y «responsabilidad«. Algo que cree que demanda la ciudadanía: «Los españoles son solidarios. No quieren ver a seres humanos muriendo en las aguas. Quieren que su administración sea responsable, para que no se genere inseguridad» tras un exceso de la presión en los centros.
Lejos de querer comprar el discurso a Vox, Sémper matizó posteriormente, indicando que, si no se actúa con un buen procedimiento y garantía de servicios, puede haber un problema de seguridad ciudadana. «Puede haber de todo, porque la gente que llegue y vea que no tiene futuro, que no habla el idioma… La administración tiene que ser responsable», prosiguió. En torno a esa responsabilidad del Gobierno central y la diferenciación con los de Abascal giró toda su intervención. En ella apuntó que desde el PP no se ha planteado anticiparse a esa ruptura de Vox promoviéndola ellos. «Nosotros no rompemos nada, queremos estabilidad. Si fuera así, el Gobierno debería haber roto con alcaldes» de su signo ahora, o con Castilla-La Mancha o La Rioja en la anterior legislatura «por rechazar las acogidas».
Previa a la conferencia sectorial de Lanzarote
El PP se encargó este martes en esbozar las líneas básicas con las que llegan a la conferencia sectorial de infancia y adolescencia que acoge Tenerife para abordar la cuestión migratoria. Aunque reiteró que no cuentan con información alguna por parte del Ejecutivo, más allá del preacuerdo establecido entre el Gobierno de Canarias, que colidieran con Coalición Canaria y Fernando Clavijo, y el Ejecutivo central, y el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. Se abordó el asunto en el Congreso a finales de junio en una ronde de reuniones con los grupos. Mañana, acudirán todos los presidentes autonómicos, incluidos los del PP, mayoría.
La crítica de Génova estuvo en la «falta de compromiso» del Gobierno «con las fronteras o el reagrupamiento de los menores» con sus familiares, entre otros. Y su ubicación en «la omisión» para «no dar cuenta» del problema migratorio. Se cuestionó que la pretensión de ese preacuerdo sea un reparto impuesto a las comunidades autónomas sin tener en cuenta la realidad ni su situación. «Los menores no son paquetería exprés ni bultos. Ni nos impresionan los órdagos de Vox, ni la presión del Gobierno«, dijo Sémper, que insistió en la posición enfocada por Feijóo con anterioridad: la solidaridad. Y comentó que las regiones donde gobiernan suponen un 81% de la acogida. Son 12, Ceuta y Melilla. Ahora bien, para «todo lo que vaya más allá» de los recursos autonómicos vigentes, que «ya están saturados», el PP pide al Ejecutivo central mover ficha: «Solidaridad, sí, pero con medios».
El PP enviará una carta a Bruselas por la «inacción» del Gobierno con la UE para que se actúa como en Italia o Grecia
Entre las exigencias comentadas está la creación de «un fondo de contención urgente» de ayuda a las regiones para cumplir esta función. Creen que el Gobierno debe «abandonar el cinismo» y para coincidir con las autonomías en esa cita de mañana. «Tienen la competencia migratoria, no pueden descargar en las otras administraciones», consideró Sémper, que anunció, igualmente, que ante la falta de explicaciones del Gobierno, sin posicionamientos amplios sobre «qué se está haciendo en Mauritania y para la lucha contra las mafias que trafican con personas», del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, o del departamento de Migraciones, en el que confundió su dirección con la de José Luis Escrivá en lugar de Elma Sainz [ella le sucedió], Sémper anunció que enviarán hoy una carta a Bruselas firmada por la eurodiputada Dolors Montserrat. «Ante la inacción con la UE a diferencia de otros países» como Italia o Grecia, «alertaremos de lo que sucede en España». Lo «lamentamos, pero si no lo hace el Gobierno, lo haremos nosotros».
Preguntado Sémper por si mañana habrá un acuerdo entre todas las partes, y alejando la pelota del terreno de juego, el político vasco insistió en el principio de «solidaridad, pero con responsabilidad». «Queremos que participen todas las comunidades. Sin excepción, y esto es razonable», todo para conocer datos sobre la financiación, las condiciones en las que llegan los menores, cuántos son, de dónde proceden, que sé quiere hacer con ellos y qué perspectivas de futuro tienen. Y todo, tanto la exigencia del fondo de contingencia como todo lo demás que puede salir de allí, el PP quiere que quede firmado. Como el acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Entre otras peticiones que dejó caer Sémper, aunque no quiso «hablar por los presidentes», va en relación a la situación «asimétrica» de las comunidades. Preguntado por si pedirán una distribución que corresponda a la cabida y no a un reparto homogéneo, el popular dijo que «el Gobierno no puede tratar como paquetería exprés a esos migrantes y hacer que se las arreglen las comunidades». «El PP defiende que esto no puede ser así, que debe hacerse con criterios razonables y humanos», finalizó.
