Los centros de datos son las auténticas factorías de la revolución digital. Infraestructuras clave con miles de servidores informáticos para hacer posibles los servicios digitales y para conectar a las compañías con sus clientes. La imparable transformación digital exige un despliegue cada vez mayor de capacidad de procesamiento de datos por la gestión de los datos en la nube, por el big data o por la inteligencia artificial.
La Unión Europea ha puesto en marcha una nueva regulación para garantizar que los centros de procesamiento de datos (CPD) sean más sostenibles, porque son instalaciones que consumen mucha electricidad y mucha agua. Y los estados miembros tienen que desarrollar esa normativa para ajustarla a algunas particularidades de la legislación nacional, y activando el mandato de que los grupos propietarios de los mayores centros de datos faciliten información detallada de sus instalaciones a la Comisión Europea y a los Gobiernos nacionales.
El Gobierno español ha activado el proceso para transponer la nueva directiva europea de eficiencia energética vinculada a los data centers y en ese proceso busca blindar secretos de empresa de las compañías propietarias de grandes centros de datos, como los gigantes tecnológicos con servicios en la nube (Microsoft, Google, Amazon, Meta, Oracle…), las compañías especializadas en procesamiento de datos (Digital Realty, Equinix, Data4, Nabiax…) o de los grandes grupos del Ibex 35 que tienen sus propios búnkeres digitales de datos (Telefónica, Inditex, los grandes bancos o las grandes energéticas, por ejemplo).
El Ministerio para la Transición Ecológica ha activado una consulta pública previa sobre la regulación como primer paso para presentar un borrador de real decreto para transponer la directiva comunitaria. La intención del Ejecutivo es aplicar la normativa europea incluyendo algunas aportaciones propias, siendo más exigente en algunos asuntos, sumando nuevos aspectos no recogidos y también tratando de evitar que la norma choque con la Ley de Secretos Empresariales española. El texto de la consulta pública previa del Ejecutivo busca que las compañías afectadas identifiquen el choque de las obligaciones de la normativa europea con sus secretos comerciales.
La directiva europea que ha entrado en vigor y el reglamento específico en marcha contemplan la obligación de los centros de datos con una demanda de potencia eléctrica de más de 500 kilovatios (kW) de facilitar información periódica sobre las propias instalaciones, sobre su funcionamiento y sobre su consumo energético. Quedan exentos de la obligación de facilitar información los centros de datos directamente vinculados a labores de defensa, de seguridad nacional o de protección civil.
La obligación es general, pero la UE permite a los estados miembros ajustar esa petición de información a la regulación nacional de protección de secretos comerciales y empresariales y de confidencialidad. No hay indicaciones comunes de ámbito europeo sobre el tipo de información que las compañías deben facilitar y sobre de la que pueden quedar exentas, de modo que este aspecto está abierto a las prerrogativas particulares de la legislación de cada país. Y eso es lo que pretende hacer el Gobierno español.
Límites de la ley española de secretos
La nueva regulación de la UE obliga a facilitar información sobre la ubicación del centro de datos, sobre sus operadores, su superficie, la potencia instalada, el tráfico de datos entrante y saliente, la cantidad de datos almacenados, y también datos clave sobre el rendimiento de la instalación como el consumo de energía, el uso de electricidad, los valores de ajuste de la temperatura, la utilización del calor residual, el consumo de agua y el uso de energías renovables, entre otros aspectos.
La Ley de Secretos Empresariales hace una interpretación muy amplia sobre lo que debe considerarse secreto empresarial, ya que lo define como “cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero” que reúna condiciones tales como “ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas; tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto; y haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto”.
“No todas las compañías tratan igual los mismos datos”, explican fuentes oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, y por ello justifican la inclusión de este aspecto como una de las claves de la consulta pública para que las diferentes compañías afectadas se pronuncien . Los grandes bancos, empresas energéticas o grupos industriales suelen no desvelar la ubicación (ni siquiera aproximada) de sus centros datos por motivos de seguridad, mientras que los gigantes tecnológicos anuncian dónde están instalados como base de la comercialización de sus servicios. Del mismo modo, las compañías especializadas en la gestión de centros de datos ven los datos de eficiencia energética como un aspecto crucial de su negocio y de su ventaja competitiva frente a sus rivales, por lo que hacer pública esa información puede chocar con su estrategia de secretos comerciales.
Reparto territorial de los CPD
El despliegue de nuevos centros de datos en España sigue creciendo en España, con grandes anuncios de gigantes del sector como Amazon o Microsoft, con inversiones milmillonarias proyectadas en el mercado español. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio para la Transformación Digital, comandados por la vicepresidenta Teresa Ribera y José Luis Escrivá, respectivamente, trabajan de manera conjunta en la nueva regulación para garantizar que las instalaciones sean más sostenibles, establecimiento nuevos requisitos de eficiencia energética y para fijar dónde podrán las tecnológicas ubicar sus grandes centros de datos para evitar una concentración excesiva en determinadas regiones.
El Gobierno prepara una nueva regulación para garantizar que los centros de datos sean más sostenibles, en un momento en que el despliegue de nuevas instalaciones de procesamiento sigue creciendo en España. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio para la Transformación Digital, comandados por la vicepresidenta Teresa Ribera y José Luis Escrivá, respectivamente, trabajan en la elaboración de un real decreto para regular nuevos requisitos de eficiencia energética y para ordenar dónde podrán las tecnológicas ubicar sus grandes centros de datos para evitar una concentración excesiva en determinadas regiones.
Los planes de ambos ministerios pasan por tener listo el nuevo real decreto para imponer nuevos estándares de sostenibilidad a los data centers a finales de este año para reducir su consumo de luz y de agua. El Gobierno aspira a posicionar a España como un hub de conectividad clave en el sur de Europa, pero quiere hacerlo garantizando la sostenibilidad de unas instalaciones que se caracterizan por su altísimo consumo de electricidad (para el funcionamiento de los servidores informáticos y para la refrigeración de los equipos) y también de agua. En línea con el marco regulatorio impulsado por la Unión Europea en este ámbito, el Ejecutivo quiere que los centros de datos garanticen estándares de sostenibilidad exigentes y unos mínimos de eficiencia energética.
La nueva normativa en ciernes también se utilizará para regular dónde pueden gigantes tecnológicos como Google, Meta (Facebook), Amazon o Microsoft y para fijar condiciones para la distribución territorial de los nuevos centros de datos, estableciendo limitaciones y criterios técnicos en función de la capacidad para absorber consumos adicionales de electricidad o de agua en determinadas regiones y para evitar la saturación de las infraestructuras energéticas en algunas ubicaciones (actualmente el mayor número de centros de datos del mercado español se concentran en Madrid y en Barcelona).
Transición Ecológica y Transformación Digital trabajan conjuntamente para establecer una estimación del consumo agregado de electricidad y de agua que exigirá la nueva demanda de centros de datos para atender la cada vez mayor migración de información de la nube digital, los nuevos requerimientos de computación derivados de la inteligencia artificial y el big data, o incluso para atender servicio de nube de países vecinos, de compañías localizadas también fuera de España. Y en función de estos cálculos diseñar una metodología de reparto territorial de las instalaciones, tanto vinculándola a la capacidad de acceso a la red de electricidad como a la disponibilidad de agua o riesgo permanente de sequía.
