El Gobierno canario costeará ocho desaladoras para mitigar las necesidades de riego de los agricultores debido a la emergencia hídrica declarada en las Islas por la sequía persistente y las deficiencias del abastecimiento y de las infraestructuras de producción de agua. Canarias afronta con fondos propios estos nuevos equipamientos ante la falta de un convenio de obras hidráulicas con el Estado que el Ejecutivo se ha marcado como una prioridad en los presupuestos del Estado de 2025, aunque la aspiración de la Comunidad Autónoma es que sea un convenio plurianual y estable en el tiempo con fondos que permitan acometer los proyectos necesarios para paliar las consecuencias de la falta de agua.

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