La defensa de Begoña Gómezha recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid la aclaración que realizó el juez Juan Carlos Peinado de los hechos que le imputa en la causa por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, que considera que supone una suerte de «investigación universal» prohibida por nuestra legislación. En su auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid apuntaba que sus pesquisas alcanzaban “los hechos objeto de investigación, son todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo, por la investigada, desde que su esposo es el Presidente del Gobierno de España”.
Ello supone a juicio del abogado de la esposa de Pedro Sánchez una investigación prospectiva que indaga en la vida de una persona para ver si se encuentra algún hecho delictivo lo cual está prohibido en un estado de derecho, según el recurso al que ha tenido acceso esta redacción.
Informe de la UCO
A pesar de que no se ha practicado ninguna diligencia de investigación que haya aportado nuevos indicios –el informe de la UCO fue a juicio de la defensa, concluyente a la hora de rechazar la existencia de delitos y las declaraciones de los periodistas no aportaron tampoco ningún indicio– reprocha Camacho que por parte del Órgano Instructor se ha acordado la práctica de nuevas diligencias que nada tienen que ver con Begoña Gómez.
Entre ellas, cita la solicitud de información sobre contratos del Ayuntamiento de Madrid y el expediente de las ayudas a Air Europa cuando la Audiencia Provincial ya aclaró que respecto a su relación con Globalia no procedía investigar nada. Por todo ello, se pide el archivo de la causa ante la misma sala que ya limitó el grueso de la actuación de Peinado a dos contratos obtenidos por el empresario Juan Carlos Barrabés –a quien se recomendó desde la cátedra que Gómez codirigía desde la Universidad Complutense– y que han pasado a ser competencia de la Fiscalía Europea.
