El choque entre el Gobierno y la Iglesia continua. Un día antes de que la Conferencia Episcopal tenga en su agenda la aprobación de un plan de reparación a las víctimas de la pederastia, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha reunido este lunes con varias asociaciones de víctimas de abusos sexuales en las instituciones religiosas para explicarles la postura del Gobierno y su decisión de «no aceptar en ninguna circunstancia el sistema unilateral» diseñado por los obispos.
En opinión del Ejecutivo, se trata de un sistema de compensación «que no cuenta con la presencia de las víctimas, no es obligatorio para las diócesis y sus resoluciones no tienen carácter vinculante«, por lo que «no se garantiza en ningún momento la reparación». «Ha costado mucho que las víctimas consigáis que la Iglesia reconozca el daño como para que ahora no se garantice una reparación adecuada. El Gobierno estará a vuestro lado», ha manifestado el ministro a los afectados.
Bolaños ha convocado a las víctimas tras advertir por carta al presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo Luis Argüello, que el Ejecutivo se opone al sistema «unilateral» diseñado por la Iglesia para indemnizar a las víctimas de los casos prescritos o en los que el agresor ha muerto, dado que ha sido planeado al margen del Ejecutivo y de las principales asociaciones de víctimas.
Pero, ajenos a la postura gubernamental, los obispos han convocado este martes una reunión extraordinaria de la Asamblea Plenaria destinada a aprobar el llamado ‘Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derecho víctimas de abusos sexuales’ (PRIVA). Y precisamente ha sido la convocatoria de esta reunión, que se comunicó la semana pasada, la que ha motivado la reacción del Ejecutivo, que quiere que el Estado participe y audite el sistema de indemnizaciones a los afectados, para cumplir así con la recomendación del Defensor del Pueblo, que en su informe sobre la pederastia en la Iglesia recomendó crear un fondo estatal, supervisado por un órgano independiente y en el que participe la Iglesia.
La respuesta de la Iglesia
Pero los obispos se han opuesto a ejecutar la recomendación del Defensor con el argumento de que si participa el Estado hay que indemnizar a todas las víctimas, no solo a las que han sufrido agresiones sexuales en el seno de las instituciones religiosas. Y, tras ello, la Conferencia Episcopal ha decidido aprobar su propio sistema de reparación.
Ante ello, además de las advertencias por carta, Bolaños ha asegurado a las asociaciones de víctimas que mantiene su apuesta por cumplir «fielmente» las recomendaciones del Defensor del Pueblo y les ha garantizado que se seguirá dirigiendo a la jerarquía de la Iglesia para negociar un sistema de reparación «obligatorio, efectivo y que cuente con la participación y aprobación de las víctimas, que genere un entorno seguro y de confianza para plantear sus casos, que cuente con criterios transparentes, esté integrado por profesionales independientes y compense adecuadamente a las víctimas», según ha informado Justicia.
