El defensor de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha pedido este lunes a la Audiencia Provincial de Madrid que acuerde el archivo de la «investigación universal» que, afirma, ha abierto contra ella el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado.
El abogado Antonio Camacho ha acudido directamente en apelación a la Audiencia contra la resolución que dictó Peinado el pasado 2 de julio en respuesta a una petición de la defensa para que se le dijera qué se está investigando actualmente en las diligencias abiertas a finales del pasado abril por una denuncia del sindicato Manos Limpias.
La contestación del juez fue que se investigan «todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial».
Para el defensor, esa respuesta «no despeja» cuáles son los hechos concretos por los que Begoña Gómez está siendo investigada.
Recuerda, a este respecto, que el pasado 29 de mayo la Audiencia Provincial de Madrid estimó que «solo existía una base probatoria suficiente» para investigar los contratos adjudicados por Red.es a una unión temporal de empresas formada por la escuela de negocios The Valley y la empresa Innova Next, propiedad de Carlos Barrabés. Este empresario es amigo de Begoña Gómez y profesor de la cátedra extraordinaria que ella dirige en la Universidad Complutenses.
Pero el juez Peinado se inhibió el pasado 7 de junio en favor de la Fiscalía Europea respecto a la investigación de esos contratos, financiados con fondos europeos.
«Investigación prospectiva»
«A pesar de que no se ha practicado ninguna diligencia de investigación que haya aportado nuevos indicios», señala el recurso dirigido a la Audiencia de Madrid, Peinado ha acordado tomar declaración del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, requerir a la Intervención del Estado un informe sobre seis expedientes de contratación de Barrabés «en los que no existe ningún elemento que vincule a Begoña Gómez con los mismos» y la remisión del expediente sobre el rescate de Air Europa.
A juicio del defensor, ello pone de manifiesto que el instructor «pretende extender la investigación más allá de lo que falló la Audiencia Provincial».
El defensor señala que, desde el pasado 11 de junio, ha pedido cuatro veces al instructor que concrete el objeto de la investigación para poder ejercer el derecho de defensa.
La última respuesta de Peinado es, afirma, «un ejemplo practico de lo que la doctrina ha venido en llamar una investigación prospectiva, absolutamente proscrita en una sistema procesal democrático».
«Desgraciadamente no es del todo inusual que muchos procedimientos comiencen como una auténtica ‘fishing expedition’ [expedición de pesca] contra el investigado», indagando en la vida y obra» del mismo a ver si encuentran algún indicio.
Lo que realiza Peinado es una «inquisición general», que «desborda injustificadamente los límites materiales del objeto de la ‘notitia criminis’ [revelación de la comisión de un hecho presuntamente delictivo], convirtiéndose en una indagación o causa general sobre la actividad de una persona».
«No cabe en una jurisdicción penal de un Estado de Derecho avanzando como el nuestro la investigación de toda la vida de mi representada», afirma el defensor.
«Si esos contratos de la entidad Red.es están siendo investigados por la Fiscalía Europea», indica, «el objeto del procedimiento, en relación con Begoña Gómez, ha dejado de tener contenido».
«No se ha aportado ningún mínimo elemento probatorio que vincule a Begoña Gómez con los hechos que están siendo investigados en este momento por el Juzgado de Instrucción 41 de los de Madrid», insiste.
«Si no existe la mínima base indiciaria» que la relacione ni con os demás contratos de los que fue adjudicatario Barrabés ni con Air Europa, Gómez «debe dejar de estar en este procedimiento en calidad de investigada», concluye.
