El 9 de junio, más de 49 millones de franceses votaron en unas elecciones europeas en las que todos los sondeos daban como ganadora a la extrema derecha, pero pocos creían que sería con un victoria histórica. Con un 31,7% de los votos, el resultado de Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen sembraba el caos en el país galo. Minutos después de salir a la luz los sondeos a pie de urna, el presidente Emmanuel Macron anunciaba la disolución de la Asamblea Nacional y el adelanto de las elecciones legislativas.
Este domingo, los franceses volverán a votar en la segunda vuelta de estos comicios. Los últimos sondeos dan un retroceso de la extrema derecha, que se quedaría con entre 175 y 205 asientos, y un avance de las fuerzas republicanas. Esta semana, la mayoría presidencial abrió una puerta a una nueva coalición anti-Reagrupamiento Nacional y alentó la creación de un posible gobierno «arcoíris» con socialistas y ecologistas, aunque sin La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon.
«No habrá jamás una alianza entre nosotros y La Francia Insumisa», insistió el pasado miércoles el primer ministro francés, Gabriel Attal, aunque otras voces piden «asumir responsabilidades» y «sentarse alrededor de una mesa», en un momento clave en la política francesa. En manos de los franceses queda que la segunda vuelta también entre en los libros de historia y que por primera vez la extrema derecha gane unas legislativas, o por el contrario, apostar una vez más por el cordón sanitario.
Francia sufre y busca respuestas. Reagrupamiento Nacional ha puesto entre las cuerdas al resto de partidos políticos y ha conseguido que la mitad de los franceses ya no vean a la extrema derecha como un peligro, sino como una opción más dentro del arco político.
La gran preocupación
La pérdida de poder adquisitivo ha sido el gran protagonista de esta campaña, ya que es la principal preocupación de los franceses. Tras la pandemia del covid, la guerra de Ucrania y el aumento de la inflación, Francia ha visto cómo la agencia de calificación financiera S&P Global Rating rebajaba por primera vez desde 2013 la nota de la deuda soberana de «AA» a «AA-» debido al «deterioro de la situación presupuestaria» del país, y arrastrando al Ministerio de Economía a anunciar un recorte en el gasto público de 10.000 millones de euros.
«En 2023, Francia tuvo un déficit decepcionante. Esperábamos un 4,9% y tuvimos un 5,5%, por lo que fue más alto de lo previsto por el Gobierno francés. (…) Se debió principalmente a unos ingresos decepcionantes. Se suponía que serían 12.300 millones, pero en realidad fueron solo 300 millones», explica para El Periódico, del mismo grupo editorial que este diario, Clara Leonard, doctora en Economía y cofundadora del Instituto Avant-Gare.
Una situación que muchos atribuyen a las beneficiosas políticas del macronismo a las rentas más altas. «El señor Macron es el presidente de los ricos y un enemigo del pueblo», afirmó Mélenchon. No se equivoca, ya en 2018, el 60% de los franceses catalogaba a Macron como el presidente de los ricos, según un sondeo de Odoxa.
Hasta ahora, Francia tenía una calificación en S&P similar a la de Bélgica y el Reino Unido, pero los expertos creen que la deuda pública no dejará de crecer hasta llegar al 112% en 2027. De ahí que esta crisis política sea el doble de importante. Después de anunciar la disolución de la Asamblea Nacional, la Bolsa de París sufrió una caída en picado y, esta semana, el sindicato de pequeñas y grandes empresas anunció con preocupación que Francia ha perdido un trimestre de evolución como consecuencia de la situación política.
¿Hay demasiados inmigrantes?
La inmigración es otro de los asuntos que más preocupan a los franceses. Según las últimas encuestas, el 53% de los ciudadanos afirman que «hay demasiados inmigrantes en el país». Una inquietud que se ha convertido en un punto recurrente en los programas políticos, tanto de la izquierda como de la derecha, pero en especial de Reagrupamiento Nacional y Reconquista, el partido del polémico Éric Zemmour.
Según ha manifestado en más de una ocasión el presidente de RN, Jordan Bardella, su objetivo es «vaciar Francia de inmigrantes». Una propuesta rechazada por asociaciones y economistas por los peligros que conlleva. Francia necesita de los inmigrantes para cubrir los puestos de trabajo que los nacionales no quieren ocupar.
Actualmente, 340.000 agentes públicos son inmigrantes nacionalizados. Aún así, falta personal en el sector público, según datos del Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (Insee). También en la sanidad, que cuenta con 16.345 médicos extranjeros, pero no son suficientes. Este verano, el hospital de Nantes cerrará 100 camas por falta de personal y presupuesto. «El sector público se sostiene en gran parte gracias a los trabajadores de nacionalidad extranjera o de doble nacionalidad: médicos, carteros, profesores, personal de limpieza. Sin ellos, ¡buena suerte!», explicó Ian Brossat, portavoz del Partido Comunista en declaraciones a la prensa.
La agricultura es otro sector clave en la economía francesa, donde el 30% de los trabajadores son inmigrantes, al igual que en la hostelería, en la que el porcentaje ronda el 25%. Trabajos clave para los inmigrantes pero también para Francia.
Según el Insee, en 2021, un 7,7% de los habitantes de Francia eran extranjeros, una cifra inferior al 8,4% de media en toda la Unión Europea (UE). Y los inmigrantes irregulares eran el 10,3%, frente al 12,4% de media de la UE.
El discurso que alimenta la extrema derecha en cada debate vinculando inmigración e inseguridad, se desmonta cada enero, cuando el Gobierno publica los datos sobre delincuencia en el país. En 2023, todos los indicadores de delincuencia aumentaron. Las agresiones alcanzaron un récord de 362.000 incidentes, casi 1.000 ataques por día de media, pero solo el 16% de los delitos graves fueron cometidos por extranjeros.
A pesar de eso, casi todo el arco político ha reconocido que Francia necesita implementar mejores políticas migratorias: tanto de control, como de integración. «Necesitamos controles efectivos en nuestras fronteras y una política que distinga claramente entre quienes tienen derecho a quedarse y quienes no», afirmó el presidente Macron tras aprobar la ley de inmigración el pasado mes de diciembre.
La Francia rural y la revuelta de los ‘chalecos verdes’
El Pacto Verde, la competencia desleal de los productos extranjeros, la inflación y una administración fantasma han hecho que el campo francés haya dado un golpe sobre la mesa. El pasado mes de febrero, los agricultores bloquearon las principales rutas del país durante dos semanas para pedir al Gobierno soluciones y el fin de la burocracia en su sector.
Gabriel Attal, un primer ministro recién llegado a Matignon, tuvo que estrenarse recorriendo las granjas de todo el país escuchando las peticiones de agricultores y ganaderos para trazar una hoja de ruta y mejorar las condiciones del sector. A pesar de los esfuerzos, la revuelta de los ‘chalecos verdes’ supuso un punto de inflexión en las urnas. En el departamento de Aveyron, el 94% de las comunas ha votado por Marine Le Pen en las pasadas europeas. «Quizás nuestra campaña no se haya centrado lo suficiente en la ruralidad», hace autocrítica Murielle Lepvraud, candidata de la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular en una entrevista para un medio francés.
El poder adquisitivo, la inseguridad, la inmigración y una Francia rural que arde son los temas determinantes en estos comicios que han hecho que muchos franceses busquen en las urnas «un cambio radical» tras años de declive. A menos de 48 horas de las elecciones, los sondeos coinciden y posicionan a Reagrupamiento Nacional como primera fuerza, ganadora de las legislativas, pero sin mayoría absoluta. Mientras que la izquierda y la mayoría presidencial no pierdem la esperanza en crear un «gobierno arcoíris». Según el primer ministro, han «aprendido la lección» y han «entendido el mensaje de los franceses», y si consiguen salir de esta van a «gobernar mejor».
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