La cobertura de ayuda al domicilio, bastante desigual entre territorios, apenas ha variado desde el 2010, según indica el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (Índice DEC) 2023 que este jueves ha publicado la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales. Su informe es bastante desalentador: las personas con una dependencia de grado III solo cuentan con dos horas y media de ayuda de lunes a viernes, y se necesitarían 23 años para alcanzar la plena asistencia en el país. Datos que ponen en entredicho la viabilidad del nuevo modelo de cuidados aprobado por el Ministerio de Derechos Sociales el pasado mes de junio.
La asociación resalta que, aunque la mayor parte de los indicadores de cobertura de prestaciones y servicios sociales mejoran respecto al año 2022 (nueve de 14), «resulta preocupante el escaso desarrollo» de aquellos que deberían dar soporte a la estrategia de desinstitucionalización aprobada por el Ministerio» de Pablo Bustinduy, como la ayuda a domicilio, la teleasistencia o la cobertura de centros de día.
Por ejemplo, indican que la intensidad media de ayuda a domicilio que se ofrece como prestación de derecho en el Catálogo de la Dependencia es de 33,6 horas/mes: 15,3 horas para los dependientes Grado I; 37,1 para los Grado II; y 57,3 para los Grado III. Es decir, apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para estos últimos, «lo que es claramente insuficiente«. Según se indica en la propia Ley de promoción de la autonomía personal, son personas que necesitan apoyo permanente para todas las actividades básicas de vida diaria varias veces al día.
Además, existen grandes diferencias territoriales. El informe recalca que Andalucía ofrece una cobertura 21 veces mayor del servicio de ayuda a domicilio que Extremadura, mientras que en esta comunidad autónoma la media de horas mensuales para esta asistencia es 4,3 veces mayor que en Navarra.
Cobertura «marginal» de los centros de día
Con todo, aseguran que «el panorama de los otros dos servicios no es menos preocupante». La cobertura de los centros de día también muestra «una escasa o nula evolución» que la hacen prácticamente «marginal»: desde 2010 se mantiene en un 0,7% de las personas mayores de 65 años; 0,96% en el caso de las mayores de 70.
Solo la teleasistencia parece que muestra cierta evolución, pasando de una cobertura del 8,1% en 2010 a un 10,2% de las personas mayores de 65 años (14,1% sobre las de 70). Pero «el Plan de Choque para la dependencia se marcó como objetivo establecerla como un derecho subjetivo del que se beneficiaría toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio», recuerdan.
Sin embargo, en 2023 únicamente «ha aumentado 37.825 servicios de teleasistencia, quedando 760.000 personas por alcanzar la cobertura del 100%, lo que significaría que, a este ritmo, se necesitarían 23 años para alcanzar el objetivo previsto».
Además, los últimos datos, que corresponden a mayo 2024, muestran que únicamente hay 479.492 personas con teleasistencia de las 1.169.777 que reciben prestaciones en su domicilio (40,6%), cuando se planteaba alcanzar el 100% en diciembre de 2022. Y también aquí hay diferencias entre comunidades, hasta el punto de que Castilla-La Mancha tiene un porcentaje de cobertura casi 11 veces mayor que Extremadura.
Necesidad de ampliar el presupuesto
«Por último, para completar este desalentador panorama de los servicios domiciliarios, hay que ver qué ocurre con la prestación económica para cuidados en el entorno familiar que contempla el Catálogo de la Dependencia. Era otro objetivo del Plan de Choque, mejorar las prestaciones e intensidades de los servicios, y que, lejos de incrementarse, esta prestación ha reducido su cuantía un 1,05%, pasando de una media de 239€/mes en 2022 a 236,49€/mes en 2023″, añaden.
Por todo ello, consideran que se necesita un compromiso económico importante para avanzar en los objetivos de desinstitucionalización que el Ministerio de Derechos Sociales ha anunciado. Sobre todo cuando, por segundo año consecutivo, ha retrocedido el porcentaje del PIB que se destina a servicios sociales públicos, pasando del 1,88% en 2020 al 1,81% en 2022, el último año con datos oficiales para estimar esta incidencia del gasto.
