La jueza María Tardón, a cargo del caso Tsunami en la Audiencia Nacional que se sigue contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, imputada por terrorismo, ha dado un plazo de tres días a las partes para que se pronuncien sobre la presentación de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE sobre la ley de amnistía.
En una providencia, la magistrada da este plazo para conocer de las partes personadas en la causa ante las dudas surgidas sobre la incompatibilidad de la ley de amnistía en materia de terrorismo, tal y como han planteado las acusaciones particulares y populares.
En una providencia dictada este viernes, la jueza explica que las acusaciones populares han solicitado el planteamiento de la cuestión prejudicial en relación a la ley de amnistía ante las dudas surgidas sobre la incompatibilidad de la misma en materia de terrorismo con el derecho de la Unión Europea.
Se trata del mismo paso que ha dado este viernes la instructora del caso Tsunami Domocràtic que se sigue en el Tribunal Supremo contra dos aforados, el expresidente catalán Carles Puigdemont y el diputado de ERC Rubén Wagensberg.
Al igual que Tardón, la magistrada Susana Polo da este «plazo común» de tres días para informar acerca de esta cuestión a la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la acusación particular que ejercen dos policías heridos en las protestas contra la sentencia del procés en 2019 y las defensas de los investigados Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg.
A la espera de saber el recorrido de esta consulta, la dirigente de ERC, que vive en Suiza desde que se fugó en 2018, puede volver a España sin temor a ser detenida después de que el pasado lunes el juez del Tribunal Supremo haya retirado su orden nacional de detención por el «procés».
Le queda aún saber si la ley de amnistía borrará el delito de terrorismo que se le imputa en el caso Tsunami por los disturbios atribuidos a la plataforma Tsunami Democràtic en el otoño de 2019 en Barcelona.
La Fiscalía ha apoyado aplicar íntegramente el perdón a esta causa, tanto a la rama que instruye la Audiencia Nacional y afecta a Rovira, como a la que mantiene abierta el Tribunal Supremo contra el expresidente catalán Carles Puigdemont.
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