La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, va a afanarse en explicar a todos los partidos con representación en el Parlamento autonómico por qué el Archipiélago es la región «más perjudicada» por el llamado impuesto mínimo global, que afecta a las compañías con una cifra de negocio de más de 750 millones de euros. Y no la más perjudicada de España, sino de todo el continente, aseguró. La intención de la consejera es que una vez que todos los grupos parlamentarios sean conscientes de los perjuicios que la tributación mínima le acarrea a la economía isleña, sea la misma Cámara, en bloque, la que exija una compensación para Canarias.
El impuesto mínimo global, que como su propio nombre indica es una medida tributaria de alcance mundial –o más bien de ambición mundial, ya que la mera existencia de paraísos fiscales a lo largo y ancho del planeta impide que su puesta en práctica sea efectivamente global–, es fruto de una Directiva comunitaria aprobada en diciembre de 2022. Como Estado miembro de la Unión Europea (UE), España está obligada a transponer la directiva, es decir, a incorporarla a su ordenamiento jurídico y aplicarla. El Consejo de Ministros aprobó el mes pasado el proyecto de ley que transpone la normativa comunitaria, en virtud de la cual los grupos y compañías con más de 750 millones de volumen de negocio tendrán que tributar en el Impuesto sobre Sociedades por, como mínimo, el 15% de su resultado contable. Estén donde estén. Lo que se persigue es combatir lo que en la jerga fiscal se conoce como erosión de bases imponibles. La base imponible de cualquier tributo es esa cuantía a la que se le aplica el porcentaje que hay que pagar a la Hacienda pública. En el caso del Impuesto sobre Sociedades, la base imponible es, grosso modo, la renta –los beneficios– obtenidos por la empresa. Así que las multinacionales y grandes compañías transnacionales buscan ese país o región donde menos tengan que pagar, por más que en muchas ocasiones la actividad efectiva que llevan a cabo allí donde acaban tributando sea meramente testimonial. Operan en un país pero buscan el modo de pagar el impuesto en ese otro país donde en vez del 20% de la base imponible solo se les exige el diez, el 7 o el 5%. Esta es la erosión con la que se quiere acabar con el impuesto mínimo, de modo que se pague al menos el 15% no ya de la base imponible, sino del resultado contable.
El problema para Canarias, de acuerdo con los argumentos de la consejera Asián, no reside tanto en esa exigencia de una tributación mínima a las grandes compañías, básicamente porque en las Islas hay muy pocas entidades que alcancen esos 750 millones de volumen de negocio, como en que el impuesto global «nos quita capacidad a futuro», subrayó la consejera. Resta competitividad. La razón esgrimida por la responsable de las finanzas autonómicas está en la letra pequeña de la nueva normativa.
«Nos han limitado nuestras expectativas de crecimiento futuro»
El caso es que la del Archipiélago es una economía caracterizada y limitada por la lejanía de la Europa continental, la fragmentación del territorio, la pequeña dimensión del mercado interior y la enorme dependencia del exterior. Por eso la industria exportadora, por ejemplo, tiene tan poco peso en el PIB regional, porque siempre es mucho más difícil exportar cuando se está a más de dos mil kilómetros de distancia que cuando se está en Cádiz, Madrid o Barcelona, es decir, a tiro de piedra de un mercado potencial de 750 millones de personas. Y esto explica a su vez por qué la economía isleña es débil, por así decirlo, en activos tangibles: en maquinaria, en inventario, en oficinas, por supuesto en terrenos y edificios y también en materiales y productos.
En cambio, Canarias sí está en igualdad de condiciones en esa vertiente de la economía vinculada a los activos intangibles, en todas esas florecientes actividades de I+D+i, programación, videojuegos, exportación de servicios –que no de productos o materias primas–, propiedad intelectual, patentes… Todo eso donde lo físico, lo tangible –como la maquinaria–, no es el centro del negocio. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el impuesto mínimo? Pues que a efectos de su aplicación, a los beneficios o ganancias del grupo o compañía se les resta el 5% de los costes salariales y otro 5% del valor de los activos tangibles o materiales. El 5% de los activos de menor peso y posibilidades en el tejido productivo regional. Digamos, en línea con el argumentario de la consejera de Hacienda, que se bonifican los activos materiales o tangibles pero no los inmateriales o intangibles. «Con lo cual» –ahondó Asián– «es algo totalmente contrario a nuestro objetivo de atraer activos inmateriales, esos que caracterizan a los ecosistemas de startups» –empresas emergentes de base tecnológica–, agregó.
Por eso la responsable de la Hacienda isleña considera que Canarias «está comparativamente más perjudicada que cualquier otra región del resto de España y del continente europeo, porque nosotros en activos materiales no podremos ser fuertes nunca por más que nos empeñemos en ello». Y, a su vez, este es el motivo que explica por qué Asián cree necesaria una «compensación» para el Archipiélago, «porque nos han limitado nuestras expectativas de crecimiento futuro». ¿Qué tipo de compensación? La consejera prefiere no entrar en esta cuestión cuando «todavía hay quien niega que [el impuesto mínimo] tenga efectos en Canarias». Su idea es buscar primero el consenso y que luego el Parlamento eleve una propuesta para que se compense a las Islas. Propuesta que tendría que ir a Madrid y de ahí a Bruselas, dado que son los Estados, y no sus regiones, los únicos interlocutores válidos en la UE.
«Lo primero que tengo que hacer, porque me parece de prudencia, es contar con todas las fuerzas políticas que conforman el Parlamento de Canarias, para que se haga una propuesta conjunta sobre esta cuestión», insistió la representante del Ejecutivo.
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