El Seprona de la Guardia Civil ha desactivado un criadero clandestino de perros de raza Yorkshire, asentado en una localidad del Valle de Santibáñez, y ha denunciado a su propietario por el comercio de ejemplares a través de redes sociales, así como por varias negligencias a diversas normativas que lo regula. Adicionalmente, fue denunciado un veterinario que, en connivencia con el criador, prescribía medicación sin receta mediante albaranes, según informaron hoy fuentes del instituto armado.
De esta forma, se destapa un criadero de perros clandestino de esta raza en el Valle de Santibáñez. En el centro -que carecía de licencia ambiental y declaración de núcleo zoológico- convivían 77 ejemplares sin las debidas condiciones de habitabilidad. Se han levantado seis actas denuncia por negligencias en la vacunación, desparasitación, implante de microchips, medicación caducada y sin receta y sobre bienestar animal. Su propietario los comercializaba de manera ilegal a través de redes sociales, con precios que variaban entre los 200 y los 1.500 euros.
Varios de los perros en el criadero desmantelado. / Ical
Semanas atrás, el Seprona de la Comandancia de Burgos recibía información anónima, relacionada con la presunta venta de perros por un particular no profesional a través de redes sociales que a su vez regentaba un posible criadero de mascotas de raza Yorkshire carente de las debidas autorizaciones.
Inspección a las instalaciones
Tras contrastar la comunicación y recabar detalles sobre la ubicación del supuesto criadero, practicaron una inspección a las instalaciones en presencia del titular. El inmueble estaba dividido en dos estancias, una dedicada propiamente a la cría y habitabilidad de los canes y otra para almacenaje de material y medicación.
En la primera sala, acondicionada a su vez en nueve cheniles y en donde se hallaron también cuatro transportines, habitaban un total de 77 ejemplares, de los cuales 49 eran adultos y 28 cachorros menores de 3 meses de edad. Todos ellos carecían de las debidas dimensiones de habitabilidad exigibles para su bienestar y esparcimiento.
Agente de la Guardia Civil durante la intervención. / Ical
Si bien las mascotas allí halladas se encontraban en aparente buen estado físico y de salud, la lectura de microchips destapó que 28 de ellos no lo tenían implantado, y que otros 20 canes tampoco habían sido vacunados y desparasitados con las dosis obligatorias, negligencia que puede repercutir en enfermedades para los humanos y acarrear graves consecuencias para los cánidos, incluso, su muerte.
La segunda estancia, estaba reservada para el almacenaje de medicamentos, entre otros enseres. La abundante medicación hallada, alguna ya caducada, carecía de receta. Había sido ‘prescrita’ por un veterinario -en connivencia con el ‘criador’- mediante la confección de albaranes, que no justificaban su posesión y administración.
