La subida de aranceles provisionales a los coches eléctricos procedentes de China es ya una realidad. Nueve meses después del inicio de la investigación antisubvenciones contra el sector, la Unión Europea ha concluido que la cadena de valor de los vehículos eléctricos chinos se beneficia de “subvenciones desleales” que están causando “una amenaza de perjuicio económico” a los productores europeos. La consecuencia, tal y como avanzó a mediados de junio la Comisión Europea, es la imposición de aranceles a la importación del 17,4% al fabricante BYD, del 19,9% a Geely y del 37,6% a SAIC.
Otros productores chinos que han cooperado en la investigación serán objeto de un arancel del 20,8% mientras que a las empresas que no han cooperado se les aplicará el porcentaje más alto, del 37,6%. La decisión no incluye un porcentaje concreto para Tesla, que ha solicitado que se examine aparte, y que será calculado de forma individual en la fase definitiva de la investigación. Respecto a la decisión anunciada a mediados de junio, los porcentajes se han ajustado ligeramente a la baja tras tener en cuenta las observaciones sobre la exactitud de los cálculos presentadas por las partes interesadas. El recargo se suma al 10% de arancel normal que ya se aplica en la UE a los coches importados.
“Estos aranceles provisionales se basan en los hechos y la información recabados en el curso de nuestra amplia investigación y nuestros contactos con las empresas y las partes interesadas”, ha valorado el vicepresidente y responsable de comercio de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, que en las últimas semanas ha intensificado sus contactos con su homólogo chino, Wang Wentao. Aunque de momento las conversaciones confidenciales para encontrar una solución amistosa no han dado frutos, en Bruselas consideran que las varias rondas de contactos celebradas hasta ahora si han permitido lograr algunos “progresos”.
Durante 4 meses
Los derechos provisionales se aplicarán a partir del 5 de julio y durante un período máximo de cuatro meses. La UE tendrá hasta principios de noviembre para adoptar una decisión final sobre los aranceles definitivos, que deberán refrendar los Estados miembros, y que una vez adoptados serán definitivos durante un periodo de cinco años, prorrogables previa solicitud justificada y revisión posterior. Los aranceles provisionales estarán asegurados por una garantía (en la forma que decida la aduana de cada Estado miembro) y sólo se recaudarán si la UE decide imponer aranceles definitivos.
El siguiente paso ahora será que los Estados miembros se pronuncien sobre las medidas provisionales, mediante procedimiento escrito y por mayoría simple, en un plazo máximo de 14 días después de la publicación este jueves de las medidas provisionales en el Diario Oficial de la UE. Se trata de un voto que no tiene carácter vinculante, aunque en los pasillos del Ejecutivo comunitario admiten que hay una mayoría de países que tienen muchas dudas y están en contra. Entre ellos se encuentra Alemania y Suecia. Si de aquí a noviembre la Comisión Europea considera que los aranceles deben ser definitivos tendrá que presentar una propuesta a los Veintisiete que podrán aprobar o tumbar la iniciativa por mayoría cualificada. Si no lograran una mayoría a favor o en contra Bruselas tendría la última palabra.
Aunque la investigación arrancó hace nueve meses, fue la presidencia de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la que anunció durante su discurso sobre el Estado de la Unión Europea en septiembre del año pasado la medida a raíz de la creciente preocupación por el rápido aumento de las exportaciones a bajo precio de vehículos eléctricos procedentes de China a la UE.
