La Escuela de Negocios The Valley, que resultó adjudicataria en julio y agosto de 2021 en una unión temporal de empresas (UTE) al 50% con la firma Innova Next SLU -propiedad del empresario Juan Carlos Barrabés-, de dos contratos de 4,8 y 3,6 millones de euros [8,4 millones en total] abonados por la empresa pública Red.es, tenía tan solo dos años antes, en 2019, unos «resultados negativos» de 631.442 euros. Así lo especifica un certificado expedido por el entonces vicesecretario del consejo de administración de la mercantil firmado el 29 de diciembre de 2020, incluido en el sumario que inició el juez Juan Carlos Peinado, y que ahora investiga la Fiscalía Europea.
Esta UTE fue recomendada por Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que declarará este viernes como investigada. Según la querella que interpuso el sindicato de funcionarios Manos Limpias, que fue aceptada a trámite por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, «tales adjudicaciones se asocian al hecho de que la UTE incluyera en sus ofertas cartas de declaración de interés y apoyo firmadas por Begoña Gómez».
Los dos contratos bajo sospecha están siendo investigados en este momento por la Fiscalía Europea, ya que el instructor acordó el 7 de junio ceder las pesquisas a los fiscales delegados Laura Pellón Suárez de Fuga, Luis Miguel Jiménez Crespo y Antonio Zárate Conde.
«Dudosa cobrabilidad»
Pero no solo The Valley tenía una situación económica comprometida antes de ser objeto de los contratos públicos, porque tal y como adelantó este diario la mercantil Innova Next SLU, la otra integrante de la UTE, mantenía en sus cuentas de 2020 y 2021 «saldos de dudosa cobrabilidad», que de forma conjunta superaban el millón de euros, explica el informe de auditoría.
Las empresas cuya viabilidad ponía en duda el auditor eran, a su vez, propiedad del grupo de empresas de Barrabés, en concreto la mercantil StepOne Ventures SLU y Prismchain SLU. En el caso de Innova, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil obrante en el sumario contrastaba la precaria situación económica con el hecho de que hubiera conseguido 20,2 millones de adjudicaciones públicas que recibió en los años 2021 y 2022.
Contratos que investiga Europa
Las denuncias que dieron lugar a la apertura de la investigación por el juez Juan Carlos Peinado apuntaban a la empresa pública Red.es por un contrato en el que resultó adjudicataria la UTE de Innova Next -de Berrabés- y la sociedad The Valley para la ejecución de un Servicio de Formación para el empleo en la economía juvenil, por 3 y 2,8 millones respectivamente. También se le adjudicó un servicio de formación para las personas desempleadas en la economía digital por 4,4 millones.
Se trata de contratos que fueron financiados con fondos de la UE, razón por la que su investigación ha pasado a ser competencia de la Fiscalía Europea. No obstante, el juez retiene la causa en relación con otros contratos adjudicados a las empresas de Barrabés, la relación de Begoña Gómez con Globalia y recientemente ha ampliado los hechos que integran sus pesquisas a las últimas ampliaciones de querella presentadas tanto por Vox como por Hazte Oír en relación con un programa informático de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que fue utilizado en su cátedra.
Las acusaciones populares ven administración desleal, apropiación indebida, malversación e intrusismo por parte del presidente Sánchez en relación con el registro a través de una empresa a su nombre de «TSC Transformación Social Competitiva» y «TSC Transforma Plataforma de medición de Impacto Social y Medioambiental www.TransformaTSC.org», que en realidad pertenecen a la universidad madrileña.
En relación con estas denuncias, Peinado ha citado como testigo al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache Goñi este viernes, coincidiendo esta fecha con el interrogatorio ya fijado de la propia Gómez en calidad de investigada.
