La reforma del Poder Judicial pactada por PSOE y PP se debate este mediodía en el pleno del Congreso en medio de una batalla judicial, con la polémica por la aplicación de la ley de amnistía y con acusaciones cruzadas entre el Gobierno y los populares a cuenta del Tribunal Constitucional (TC) y de sus decisiones sobre el caso de los ERE.
El Congreso arranca julio con su primer pleno extraordinario para encarrilar la reforma que cambiará la fórmula de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que instará a los nuevos miembros a proponer un nuevo sistema en el plazo de seis meses.
Una propuesta que tendrá que ser aprobada por tres quintos de los vocales y ser remitida al Gobierno, al Congreso y al Senado.
De esta forma se contempla en la proposición de ley orgánica que hoy se toma en consideración y que será aprobada con la suma de los votos de socialistas y populares pero con el desmarque de Sumar, que se abstendrá, así como de otros socios de investidura de Sánchez, que votarán en contra.
La proposición de ley tiene asegurados 257 votos a favor, los del PP, PSOE y el de CC, según han avanzado a EFE, mientras que UPN ha señalado que se abstendrá.
Sumar considera que el contenido de la iniciativa es «insuficiente» y de ahí su abstención, aunque en las últimas horas ha sido muy crítico al enterarse del registro de la iniciativa el mismo día.
Otros aliados parlamentarios como ERC, Junts, Bildu, PNV y Podemos también lamentan que los socialistas buscaran otros socios.
Podemos acusa al PSOE de iniciar una legislatura nueva de la mano del PP e incide en que la reforma de la Ley del poder judicial «en clave bipartidista va a conferir poder de veto sobre cualquier nombramiento o decisión a los vocales conservadores», impidiendo la democratización de la justicia.
BNG votará en contra y Vox previsiblemente también, aunque no es probable que los de Abascal registren posteriormente enmienda a la totalidad.
Fuentes de ERC inciden a EFE que el discurso de su portavoz, Gabriel Rufián, será «severo» y que no harán nada «que juegue a favor o transmita la mínima duda sobre nuestro más firme desacuerdo».
La proposición de ley que pide reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley que regula el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal se tramitará por el procedimiento de urgencia con la intención de que el Senado la apruebe definitivamente el 31 de julio.
De hecho tras su toma en consideración, la Mesa del Congreso se reúne para abrir el plazo de registro de enmiendas a la totalidad y parciales hasta el 9 de julio.
El texto en cuestión
La proposición de ley pide que los nuevos vocales propongan una reforma que cuente «con la participación directa de jueces y magistrados que se determine», para que en base a este planteamiento se elabore un proyecto o proposición de ley «para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación».
Este es uno de los párrafos que más polémica ha suscitado ya que mientras los populares recalcan que se debe respetar la decisión de los vocales del CGPJ, el Ejecutivo recuerda que la propuesta debe votarse en pleno.
No obstante, Feijóo ha reconocido en las últimas horas que el texto que propongan no es vinculante.
Otras medidas que incluye la proposición de ley es el incremento a veinte años del tiempo de carrera de un juez que aspira a ser nombrado magistrado del Supremo. Tampoco podrá ser nombrado Fiscal General del Estado quien en los cinco años anteriores haya sido titular de un ministerio, una secretaría de Estado, una consejería autonómica o una alcaldía o quien haya tenido escaño en un parlamento.
La proposición plantea reforzar las plantillas de jueces y fiscales convocando «a futuro» 200 plazas cada año durante cinco años.
Un debate tenso
El debate y la votación de hoy, a la que asistirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se producirá en medio de los reproches que se han lanzado Gobierno y PP a cuenta de la aplicación de la ley de amnistía, después de que el Tribunal Supremo haya decidido no aplicarla a Carles Puigdemont en el delito de malversación y después de que el Ejecutivo haya discrepado de los «argumentos políticos y jurídicos».
El debate también se produce cuando el Tribunal Constitucional (TC) ha exonerado el delito de malversación a altos cargos condenados por el caso de los ERE en Andalucía y cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dudado de la imparcialidad de este tribunal.
A este ambiente se añade la comparecencia de Begoña Gómez mañana ante el juez Juan Carlos Peinado investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
