El Gobierno no dará ningún paso, ni político ni judicial, tras la decisión del Tribunal Supremo de dejar sin aplicación ley de amnistía para los delitos de malversación y mantener las órdenes de detención para los líderes independentistas procesados en rebeldía, como el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. En Moncloa consideran que la norma es “muy clara” y plasma el objetivo del legislador para dar carpetazo judicial al ‘procés’. Fuentes del Ejecutivo deslizan así una petición de enmienda al Alto Tribunal para que rectifique ante un recurso al propio juez. Si bien, no son optimistas al considerar que la última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional.
A la espera de definirse la estrategia judicial por la que opten los líderes del ‘procés’, en Moncloa cierran la puerta a cualquier reforma de la norma. Una vez aprobada y tras complejas negociaciones con los independentistas para retocar el texto original con el fin de blindarla, en el Ejecutivo rechazan realizar cambios. “El Gobierno ya ha hecho su trabajo”, zanjan. Consideran así que el texto da cumplimiento con el compromiso alcanzado con Junts y ERC en el pacto de investidura.
Los socialistas no repetirán el proceso llevado a cabo con la ley del solo sí es sí, como también subrayan desde la dirección del PSOE. La ley de garantía integral de la libertad sexual se reformó tan solo seis meses después de aprobarla ante las numerosas revisiones de condenas a la baja a agresores sexuales. Entonces, se reconocieron sus “efectos indeseados” no previstos, mientras que ahora con la ley de amnistía se subraya tanto su constitucionalidad como la voluntad del legislador y “la eficacia y efectos positivos”. Ante ello, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, insistía en demandar que “lo que tiene que suceder es que los jueces apliquen la ley”.
Diferentes ministros socialistas habían mostrado sus temores durante los últimos días sobre la posibilidad de que no se aplicase la amnistía en los casos de malversación. Lo que no se esperaba era el hecho de mantener las órdenes de detención. En el caso del expresident, esta decisión complica su vuelta para participar en una hipotética investidura sin ser arrestado. Todo ello hace más complejo el proceso para la gobernabilidad en Cataluña y siembra dudas sobre el sostén parlamentario de los independentistas a Pedro Sánchez.
En el Gobierno insisten en separar el “carril” judicial de la amnistía de las negociaciones para la investidura en Cataluña y la propia legislatura. En público se limitan a trasladar su respeto a las decisiones judiciales, aunque en privado dejan entrever su malestar y la resignación porque la política catalana siga judicializada, al menos, hasta que le toque resolver a Tribunal Constitucional. Algo que llevará su tiempo, según admiten, arrojando todavía más incertidumbre sobre una legislatura pendiente de estabilizar a través de sus primeros Presupuestos.
Diferencias de criterio
El redactado de la norma es para el Gobierno “claro y meridiano”, por lo que descartan cualquier cambio al no dejar espacio para la interpretación pese al auto del Supremo. De hecho, otros jueces están aplicando la norma. Los primeros amnistiados, en este caso por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, fueron el exconseller de Interior, Miquel Buch, y que fuera escolta del expresident, Lluis Escolà. Este mismo martes, el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona amnistió a los 46 agentes de la Policía Nacional procesados por las cargas en varios puntos de votación durante el referéndum del 1-O.
El tono de contención seguido desde el Gobierno contrasta con la reacción del PSOE tras conocerse el auto del Supremo. Desde la sede federal cargaron contra “las consideraciones políticas que ha hecho Supremo, sorprendentes e innecesarias para la labor jurisdiccional que tienen encomendada” porque “es en el ámbito político y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas».
Relación con Junts
Sobre el contenido de la resolución, en una reacción sin antecedentes ante una decisión judicial, los socialistas pusieron el foco en el artículo 1.4 de la ley de amnistía: ‘No se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos a las finalidades previstas en los apartados a) y b) cuando, independientemente de su adecuación al ordenamiento jurídico, no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial’. Y también procede recordar que en ningún momento del procedimiento intervino la Fiscalía europea porque nunca se entendió que se pudieran ver afectados los intereses financieros de la UE».
El número tres del PSOE y secretario de Organización, Santos Cerdán, mantiene engrasada la relación con el secretario general de Junts, Jordi Turrull, y según fuentes tanto de Ferraz como de Moncloa por el momento no han manifestado su intención de hacer descabalgar la legislatura. Algo que, dicen, quieren creerse ante la necesidad de sacar adelante las cuentas públicas y el escenario de la investidura en Cataluña, con la hipótesis de la repetición electoral cada vez más plausible.
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