El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha pedido a la jueza del Tribunal Supremo Susana Polo que aplique la ley de amnistía a la causa en la que está imputado por terrorismo por las protestas convocadas por Tsunami Democràtic. «En el presente caso, no se dan los requisitos necesarios, tanto legal como jurisprudencialmente, para entender que los hechos objeto de investigación puedan ser excluidos del ámbito de aplicación» de la ley de amnistía y «cualquier otra interpretación conlleva un retorcimiento de la norma y un forzamiento» tanto de la voluntad del legislador como de la propia norma.
En su escrito de 11 páginas, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el abogado del líder de Junts, Gonzalo Boye, argumenta que los hechos objeto de investigación en el procedimiento «no pasan del ejercicio legítimo del derecho de manifestación«, por lo que «no pueden ser encuadrados dentro de lo que la Directiva establece como fines terroristas».
«Pretender algo distinto, sobre hechos que son públicos y notorios, no es más que la criminalización del ejercicio de los derechos fundamentales y contraviene directamente, por ejemplo, lo establecido por el Consejo de Europa» en relación con el pueblo kurdo, asegura para añadir que eso impide «criminalizar a manifestantes catalanes», al presentar las protestas contra la sentencia del ‘procés’ convocadas por la plataforma como si se tratase de terrorismo, lo que conlleva la «banalización» de este tipo de delito.
En cualquier caso tampoco se causaron «intencionadamente graves violaciones de los derechos humanos», lo que impide excluir las excepciones previstas que la ley para aplicar la medida de gracia a los delitos de terrorismo. «Mucho se ha especulado y abusado respecto de un suceso luctuoso acaecido el día de la manifestación de Tsunami Democràtic», afirma Boye sobre la muerte de un turista francés durante el bloqueo del aeropuerto de Barcelona-El Prat el día que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo.
«Se mire por donde se mire dicho hecho, que no guarda relación alguna con la manifestación, no puede ser calificado de intencionado ni causado por nadie específico, sino por las propias circunstancias y padecimientos médicos del fallecido«, porque su «muerte fue fortuita y jamás intencionada y, menos aún, relacionada con las manifestaciones de Tsunami Democràtic», asevera.
El escrito concluye reproduciendo los principales argumentos de la fiscalía, partidaria tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo de amnistiar los hechos por los que están imputados en esta causa Puigdemont y Ruben Wagensberg, ambos aforados por su condición de diputados del Parlament. En la Audiencia Nacional lo están la secretaria general de ERC Marta Rovira y la mano derecha del líder de Junts, Josep Lluís Alay, así como otras ocho personas.
El Tribunal Supremo ha rechazado aplicar la amnistía a Puigdemont en el procedimiento en el que está procesado en rebeldía por malversación, al entender que destinar dinero público a la consulta ilegal entra dentro del enriquecimiento personal vetado en la ley que establece la medida de gracia.
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