Las comunidades autónomas gobernadas por el PP están a la espera de tener más detalles sobre el pacto migratorio que se debatirá la próxima semana en Canarias, precisamente en una conferencia sectorial con todas las autonomías sentadas en la misma mesa para abordar este asunto con el arranque del verano. La financiación que debe ir aparejada al reparto de menores migrantes concentra ahora mismo las dudas y las reticencias de varios gobiernos autonómicos conservadores. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, llegó a un acuerdo con el Gobierno de las islas (presidido por Coalición Canaria y en el que también está el PP) para reformar la Ley de Extranjería.
El objetivo de esta reforma es activar la derivación obligatoria de los menores migrantes hacia el resto de las comunidades fijando unos límites de capacidad de acogida para Canarias, a partir de los cuales comenzaría ese reparto. Además, la norma incluye compromisos de financiación para garantizar así los recursos necesarios para atender a los menores de edad que llegan a sus demarcaciones. Pero en el PP denuncian que esos compromisos no se han materializado por ahora en datos concretos.
La situación de Canarias lleva al límite mucho tiempo, pero el riesgo de que el colapso vaya a más en los meses estivales ha hecho al presidente de las islas, Fernando Clavijo, mover ficha. Su objetivo es que esta reforma se apruebe en el Congreso este mismo mes de julio. La votación depende de los grupos parlamentarios y, precisamente por eso, Clavijo se reunió con todos ellos la semana pasada. Pero el grupo popular actuará en consonancia con sus comunidades autónomas, que además de Canarias, incluye la mayor parte de las autonomías de España.
Y es una situación compleja, admiten en Génova, porque muchas de las comunidades exigen concreción sobre esa financiación que debe comprender la ley. “Y de la que no tenemos un solo detalle”, reconocen en el entorno de varios presidentes autonómicos, pero también en la cúpula popular.
Alberto Núñez Feijóo aseguró hace días la “solidaridad” de sus CCAA, precisamente en el momento en que Vox trataba de dar un portazo al reparto de menores migrantes, incluso amenazando con romper los gobiernos que comparte con el PP. El líder conservador buscaba separarse de la ultraderecha, pero algunos de sus dirigentes territoriales ponían límite a esa posición: “Solidaridad, sí. Pero es que los recursos son muy limitados”, reconocían, especialmente en territorios como la Región de Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana, donde aseguran estar también “al límite”, sobre todo los centros de menores que ya han superado hace tiempo su capacidad.
“Aquí llegan menores inmigrantes cada semana y no hay ninguna reforma de la ley. Lo gestionamos como podemos, pero el Gobierno lleva desentendido mucho tiempo. Ahora nos dicen que van a regular ese reparto en esta reforma. Pero es que ese reparto se produce ya, cada semana, sin ninguna ley de por medio ni recursos específicos”, se queja un presidente autonómico del PP. Las diferencias entre regiones son enormes. Nada tienen que ver las comunidades del arco mediterráneo con otras como Aragón, Castilla y León o Galicia. O incluso Baleares.
El problema, dicen en las comunidades populares, es la falta de detalles, información y concreción. Si no hay números concretos sobre cómo se financiará ese reparto y las garantías de que se podrá afrontar la recepción y el mantenimiento de los menores que cada territorio deba asumir hasta que cumplan los 18 años, afirman en el PP, “no hay acuerdo posible”. Algunos barones territoriales van más lejos dando por hecho que “será imposible” llegar a un consenso en la conferencia sectorial de mediados de mes.
Esas reuniones requieren la unanimidad. Y aunque en el PP intentan desviar la atención hacia comunidades como Euskadi o Cataluña (tras la posición de Junts, que abiertamente se negó a ese reparto, aunque el partido de Carles Puigdemont no está en la Generalitat, y la decisión quedaría en manos de ERC), la realidad es que son los propios conservadores los que dudan de que vayan a aceptar ese acuerdo.
La situación para el partido de Feijóo es complicada porque el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, es también del PP. Sin embargo, en Génova aseguran que si no se dan las circunstancias para el acuerdo el voto no será afirmativo en el Congreso.
Ya Feijóo matizó de alguna manera la postura de su partido este martes en una entrevista en Onda Cero. Aseguró que sus comunidades “van a cumplir con sus obligaciones hasta el máximo disponible” en el reparto de menores migrantes que procedan de Canarias, pero también pidió “límites” ante el previsible aumento de las llegadas en las próximas semanas. El líder popular, a diferencia de hace unos días que no entró al detalle, sí dejó claro que “nadie puede dar lo que no tiene” y, por tanto, “a una comunidad no se puede exigir que haga cosas que no puede atender”.
El PP también ha desplegado ahora un discurso duro contra el Gobierno y su política migratoria: “Las competencias le corresponden al Estado y las comunidades colaboran con la capacidad disponible. Pero cuando esa capacidad se desborda, el Gobierno central tiene que dar propuestas concretas”, repitió Feijóo. Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, acusó directamente al Ejecutivo de “un abandono” ante “una crisis migratoria sin precedentes”.
