La propuesta del Gobierno para evitar el acceso de los menores a contenidos pornográficos está suscitando múltiples reacciones que ponen en evidencia la dificultad de su puesta en marcha y las dudas sobre la cesión de los datos personales por parte de los adultos. La demostración de que el control de la pornografía no es sencillo es el abanico de medidas que se han impulsado desde otros países, en la mayoría de los casos sin éxito.
