España y el resto de los países con una deuda pública elevada –Bélgica, Grecia, Francia e Italia– tienen que hacer un esfuerzo adicional en 2025 para reducir su déficit público, aprovechando la mejor coyuntura económica y el impulso de los planes de recuperación. Es la recomendación que hace en un análisis publicado este miércoles sobre la política presupuestaria del próximo año el Consejo Fiscal Europeo, un organismo asesor de la Comisión Europea, que no ve con buenos ojos la decisión de Bruselas de librar a España de un procedimiento sancionador por déficit excesivo.
“Los Estados miembros con niveles muy altos de deuda, como Bélgica, Grecia, España, Francia e Italia, que según la última evaluación de sostenibilidad de la Comisión están clasificados como de alto riesgo a medio plazo, deberían aprovechar la oportunidad para hacer un esfuerzo extra para reducir sus déficits presupuestarios estructurales», señala el informe que aboga por una posición fiscal restrictiva en 2025.
El documento recuerda que las previsiones de la Comisión y de otros organismos internacionales prevén una evolución económica positiva el próximo año, ya que la Eurozona operará en 2025 a “su máxima capacidad”, con niveles de inflación ligeramente por encima del objetivo del 2% del BCE y unos mercados laborales ajustados. A esto se suman los planes de recuperación Next Generation EU que aportarán alrededor de medio punto al crecimiento de la Eurozona.
Nueva arquitectura fiscal
“Dadas las perspectivas macroeconómicas favorables y el nivel de apoyo fiscal elevado, es apropiado un impulso fiscal restrictivo en 2025”, apunta el documento que aboga por abordar la desviación acumulada del gasto al tiempo que protege las inversiones. Todo ello, en un año clave que llegará con una nueva arquitectura fiscal cuya transición suscita “importantes preocupaciones” al Consejo Fiscal Europeo. “Aunque la cláusula se desactivó oficialmente a finales de 2023, la forma en la que se aplicará la vigilancia fiscal de la UE en 2024 sigue rodeada de incertidumbre”, reconocen los expertos.
Según su recomendación, tanto la Comisión como el Ecofin deberían proceder a una “aplicación oportuna del procedimiento de déficit excesivo” y aclarar “cómo se proponen hacer frente a las desviaciones presupuestarias que están surgiendo varios países en 2024”, señala en el documento el presidente del organismo, Niels Thygesen, que entiende que retrasar las orientaciones hasta otoño añade incertidumbre a la política presupuestaria del próximo año.
Y es que, tras la reactivación de las reglas fiscales y la adopción de la nueva arquitectura, la Comisión Europea lanzó el pasado 19 de junio siete procedimientos de infracción contra siete países –Francia, Italia, Bélgica, Polonia, Hungría, Eslovaquia y Malta– por déficit excesivo, aunque no será hasta noviembre cuando concrete el ajuste que deberán hacer los países para sanear sus cuentas, una vez que el proceso presupuestario nacional se encuentre en una fase avanzada.
“Se trata de un precedente que crea incertidumbre sobre la política fiscal para 2025, y puede afectar a la posición del correctiva frente a la preventiva en el futuro”, avisa el Consejo Fiscal Europeo que tampoco ve con buenos ojos la decisión de Bruselas de no incluir a España, con un déficit en 2023 muy por encima del 3% del PIB, entre los países bajo procedimiento por déficit excesivo. “Temporal no es suficiente porque tiene que ser temporal y pequeño”, señalan desde el Consejo Fiscal Europeo que avanzan que el análisis de este aspecto se incluirá en el informe anual que publicarán en octubre.
