El Gobierno aprobó la pasada semana de manera definitiva la gran subida de la tasa que pagan las centrales nucleares para financiar los costes de desmantelar todos los reactores, de construir siete almacenes nucleares por todo el país y también un gran cementerio nuclear donde se guardarán los residuos radiactivos para siempre. Las grandes eléctricas, propietarias de todas las centrales nucleares españolas, han presionado conjuntamente durante meses para intentar frenar el golpe millonario que sufrirán sus cuentas por el alza de la tasa. Pero ahora hay una división entre los grandes operadores nucleares sobre la batalla legal contra la subida.
Endesa e Iberdrola son las dos grandes propietarias de las centrales nucleares en España. Las dos compañías eléctricas son socias y comparten accionariado en casi todas las plantas. Las participaciones accionariales mayoritarias son cambiantes en cada central: las tiene una u otra compañía en según qué instalación. Al final, el peso de ambos grupos en el negocio nuclear en el mercado español es similar. Pero las estrategias sobre cómo combatir la subida de la tasa aprobada por el Ejecutivo ahora mismo no son coincidentes y hay disparidad de criterios sobre un asunto que afecta a ambas, según confirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes jurídicas y del sector energético al tanto de los movimientos de las compañías.
Iberdrola, presidida por Ignacio Sánchez Galán, está preparando un recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto con el que el Gobierno ha dado luz verde a la subida de la tasa de las nucleares y que presentará en las próximas semanas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal. Sin embargo, Endesa, controlada por la italiana Enel, está optando por ser más cautelosa y de momento no contempla abrir una guerra judicial para tumbar el subidón del recargo que abonan las centrales. Fuentes oficiales de ambas compañías energéticas declinan hacer comentarios sobre su estrategia legal.
Golpe millonario a la nuclear
El Consejo de Ministros aprobó un real decreto la pasada semana a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, que contempla un incremento del 30% de la tasa que abonan las centrales nucleares para cubrir los costes de gestionar todos sus residuos radiactivos. El Ejecutivo suavizó su propuesta inicial de subida de la denominada ‘tasa Enresa’, dado que en un principio el incremento que preparaba el Ministerio era del 40%.
En aplicación del principio de ‘quien contamina paga’, las centrales nucleares pagan a Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar los residuos radiactivos, una prestación patrimonial no tributaria -que es la denominación correcta de este gravamen- en función de la electricidad que produce cada una de ellas. Las centrales financian los costes milmillonarios (unos 20.200 millones hasta final de este siglo) y la estatal Enresa se encarga de centralizar las labores de tratamiento de los residuos y de desmontaje de las plantas.
En total, dependiendo el volumen final de electricidad anual, las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares venían abonando en torno a 450 millones de euros anuales de media al fondo con el que se financia el plan de residuos radiactivos, que actualmente cuenta con unos 7.700 millones acumulados. Tras la subida aprobada este martes, la prestación patrimonial que abonan las centrales nucleares escala hasta los 10,36 euros por megavatio hora (MWh) de electricidad producida por las plantas, un 29,8% más que los actuales 7,98 euros por MWh. El alza establecida por el Gobierno disparará los pagos que realizan cada año las centrales nucleares sólo por esta tasa hasta cerca de los 585 millones de euros (135 millones más que los abonos actuales).
Dos recursos ya en el Supremo
Todas las compañías propietarias de las centrales han estado haciendo en los últimos meses frente común contra la subida que prepara el Gobierno de las tasas que pagan las plantas para financiar su desmantelamiento y la gestión de los residuos. Foro Nuclear, la patronal que agrupa a Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, ha estado maniobrando para frenar el ‘tasazo’ y conseguir también una reforma integral de la fiscalidad que soportan las centrales. Foro Nuclear, de hecho, ha presentado sendos recursos en el Tribunal Supremo contra el plan de residuos radiactivos del Ejecutivo para construir siete cementerios nucleares y contra el carpetazo al proyecto de tener un solo almacén de basura nuclear en Villar de Cañas (Cuenca). Unos recursos ante el Alto Tribunal al que se han sumado las grandes eléctricas también a título particular.
La patronal Foro Nuclear ha venido denunciando en los últimos meses que la subida de la tasa impuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica se debe a los sobrecostes de 2.000 millones de euros del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) aprobado por el Gobierno, que contempla la construcción de siete cementerios nucleares y no el único almacén que estaba previsto en Villar de Cañas. La patronal achaca esos sobrecostes a la falta de consenso político e institucional para sacar adelante el proyecto de un único almacén y no quieren que se les repercuta.
Las grandes eléctricas han venido rechazando tener que asumir el pago millonario adicional a través de la denominada ‘tasa Enresa’ y, al tiempo, abrieron ya la batalla legal presentando sendos recursos ante el Tribunal Supremo. Además, las eléctricas han esgrimido estos meses que el acuerdo alcanzado en 2019 con el Gobierno del calendario de cierre de todas las centrales nucleares (con clausuras escalonadas desde 2027 y hasta el apagón nuclear total de 2035) incluía un pacto para subir un máximo del 20% la tasa y que ya se ejecutó entonces. Ahora a esa subida se le suma el 30% adicional ahora aprobado. El Gobierno rechaza ese argumento, ve plenamente legal la nueva subida lanzada ahora y cree que tener plena potestad para fijar una nueva tasa para cubrir los costes de la gestión de los residuos que se calculen en cada momento.
El Ejecutivo, además, ha rechazado la pretensión de las grandes eléctricas de bloquear durante varios años la subida de la tasa que pagan las centrales nucleares. La patronal Foro Nuclear había reclamado que no se continuara con el proceso de subida de la tasa hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los dos recursos presentados por la asociación. Una petición que, de aplicarse, en la práctica habría implicado aplazar la revisión de la tasa al menos durante dos años, dados los plazos habituales con que se está pronunciando sobre este tipo de recursos la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal.
