El primer curso parlamentario de la mayoría de PP y Vox en las Cortes terminará sin la renovación de los órganos estatutarios. Por lo visto (y escuchado) ayer en el carrusel de intervenciones tras la junta de síndics es que el acuerdo entre el Gobierno y el PP para desbloquear el Poder Judicial no tendrá un efecto inmediato en la Comunidad Valenciana, donde la cuestión ha entrado en el terreno de los faroles, órdagos y movimientos de naipes.
En estos, las cartas son las conocidas y es que PSPV y Compromís solo aceptan negociar los nombramientos en organismos como el Consell Jurídic Consultiu o la Sindicatura de Comptes si se excluye a Vox mientras que el PP remarca que los acuerdos han de ser «amplios» y que la participación de uno de los integrantes del Ejecutivo autonómico es «lo normal».
«Nos gustaría un acuerdo con todos, empezando por nuestros socios», reiteró ayer el síndic ‘popular’, Miguel Barrachina, protegiendo a sus compañeros de gobierno frente la reclamación de la izquierda de dejar de lado a los voxistas al insistir en que incorporarlos es desprestigiar los órganos estatutarios, en los que no creen.
Es en este punto de bloqueo donde comienza el juego de manos. Socialistas y valencianistas tienen a su favor que sin el voto de al menos uno de ellos no se logrará cambiar la mayoría progresista en órganos consultivos como el Jurídic o la Sindicatura de Comptes que sirven de contrapoder a las acciones del Consell.
No obstante, al PSPV se les vuelven en contra los argumentos que hasta ahora blandían respecto al bloqueo del PP sobre la renovación del Poder Judicial. «Hasta ahora tenían una justificación, pero ya no», señaló ayer Barrachina. Los populares han aprovechado este acuerdo para presionar a la izquierda y tratar de renovar unas instituciones que en algunos casos llevan hasta cinco años en situación de interinidad.
La respuesta que han encontrado hasta ahora es la misma por parte de PSPV y Compromís: no hay acuerdo si está Vox, una posición que mantienen incluso con la posibilidad de quedarse sin representación en À Punt y el Consell de Transparencia, las nuevas vías que ha encontrado el PP para forzar la negociación con la izquierda.
«Chantaje»
El cambio de la norma que rige la radiotelevisión pública así como la de que se aprobará el próximo jueves respecto a la ley de Transparencia permitirá a PP y Vox elegir a los miembros del consejo de administración de À Punt así como a los tres consejeros del órgano de Transparencia sin necesidad de pactos con la oposición, un «chantaje» que no modifica la postura ni de socialistas ni valencianistas.
«Si Mazón decide hacer eso (elegir por mayoría absoluta a todos los consejeros), deberá explicarlo», aseguró ayer Muñoz que se mostró dispuesto a aguantar el órdago. «Quien ha cambiado la ley es PP y Vox, quienes han de dar pasos son PP y Vox, aunque nos es muy difícil llegar a acuerdos con partidos que cambian las reglas del juego a mitad», indicó el síndic de Compromís, Joan Baldoví.
Esta elección por mayoría absoluta, es decir, sin la izquierda, no es el escenario ideal que vislumbra el PP, como admitió su portavoz parlamentario, aunque señaló que en estos casos, la participación de PSPV y Compromís en un hipotético pacto «es importante, pero no indispensable», un aviso ante el que no quiso poner «ni fechas ni límites», pero que no deja de ser una advertencia ante el bloqueo.
Suscríbete para seguir leyendo
:format(webp)/viapais.com.ar/resizer/nq2WWU0XU6TLFofnJ4ItOgLCkFs=/arc-anglerfish-arc2-prod-grupoclarin/public/AW2BYQWOU5FITP6ZBWDAK3BHZQ.png "Las ofertas que recibió Talleres por Ramón Sosa y otras figuras: qué dijo Andrés Fassi")
