Le negativa del Tribunal Supremo a aplicar la ley de amnistía a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, entre otros, estrecha los márgenes para desbloquear la investidura de Salvador Illa en Cataluña. Varapalo judicial a los popes del proceso independentista que, a la postre, tienen en sus manos el futuro de la Generalitat. Las primeras reacciones de los socialistas viraron hacia la discrepancia con el fallo. En la cúpula de Ferraz se opusieron a la interpretación del órgano judicial, al tiempo que mantenían la esperanza de que el pronunciamiento no enmarañe aún más el juego de equilibrios con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts, máxime después de que éste impida el regreso del líder neoconvergente a España.
El lunes, la portavoz socialista eludió profundizar en la decisión judicial, justificando que desconocía las sutilezas de ésta porque se acababa de difundir en el momento en el que comenzaba su comparecencia desde la sala de prensa de Ferraz. En público, Esther Peña confiaba en que el auto del Supremo no contribuiría en ningún caso en la difícil relación que el Gobierno -y por definición el PSOE y el PSC- mantiene con Junts y Esquerra. Una jugada de la que los socialistas se desmarcan, argumentando que el fallo del Alto Tribunal y la investidura de Salvador Illa son “procesos diferenciados”.
Las palabras de Peña no son sino el deseo verbalizado del partido. En Ferraz esperan que el independentismo sacuda el tablero político de alguna manera. No es nuevo. Así ha sido la relación con las fuerzas impulsoras del proceso separatista. Confían en que la réplica de la sacudida no les pille desprevenidos, máxime cuando la ley de amnistía es la piedra angular de la legislatura; el proyecto sobre el que Sánchez edificó su investidura. Todos los actores estaban prevenidos del papel que asumiría la Justicia. De hecho, en el pleno que levantó el veto al texto, los aliados del Gobierno advirtieron de los posibles obstáculos que se encontraría.
El PSOE, en vilo
En privado, fuentes de la dirección renunciaron tímidamente a la prudencia desplegada por Peña ante las cámaras. Siempre con el “respeto a las decisiones judiciales” por delante, voces de la ejecutiva socialista admitieron “discrepancias” con la decisión acordada por el Supremo. Aunque evitaron emitir su valoración sobre las “consideraciones políticas” emitidas por el Alto Tribunal, las catalogan como “sorprendentes e innecesarias” desde el plano jurisdiccional. Precisan incluso que es el apartado político al que le corresponden los juicios de valor sobre “leyes, pactos entre fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas”.
Se limitan a recordar el artículo 1.4 de la ley de amnistía, que contempla la definición de enriquecimiento ilícito, además de precisar que la Fiscalía General del Estado no se inmiscuyó al no entender que los intereses financieros de la Unión Europea pudieran verse afectados. Extraen, sin embargo, una lectura positiva del pronunciamiento y es que no se pone en duda la “constitucionalidad” de la norma, tal y como aventuraban las derechas. En cualquier caso, Ferraz reivindica el “respeto a los procesos judiciales” en marcha, aunque la voluntad es “firme”, por lo que insisten en situar la amnistía como una ruta hacia el “reencuentro” y la superación de la tensión devengada de los años duros del procés.
El peso del espectro judicial en el campo de la política preocupa en Ferraz, más allá de lo que sea o no deseable para los intereses de la formación. Desde la dirección reclaman “calma” y “prudencia”. Esperar a los “efectos políticos” que se desprendan del fallo del Alto Tribunal, máxime con el historial de volatilidad de los líderes independentistas. La cúpula socialista es consciente de su imprevisibilidad y, por ello, apuestan por mantener un perfil bajo el respecto porque desconocen la deriva que pueden tomar tanto Puigdemont como ERC. “No sabemos por dónde pueden salir”, admiten en privado miembros de la Ejecutiva.
La ley es la que es y no hay margen para, una vez empaquetada por el legislador, retocarla y moldearla a la nueva situación. Está en manos de la judicatura exclusivamente. Aparece entonces la investidura en Cataluña como daño colateral al fallo judicial. Un proceso que de por sí se había atragantado, con cada partido resguardándose del fuego cruzado en sus respectivas trincheras. Illa es el favorito y el único, a excepción de la ensoñación a la que se aferran en Junts, con opciones reales a someterse a la confianza del Parlament.
Para ello, sin embargo, Esquerra debe estar por la labor y, a pesar del ultimátum lanzado por Marta Rovira -líder tras la salida de Junquras- de encontrar una salida en el plazo de un mes. Cabe señalar que el 25 de agosto expira el periodo de negociaciones y se convocarían nuevas elecciones automáticamente, lo que otorga más picante al guiso. Los socialistas saben que la pelota no está en su tejado, sino que depende del elenco republicano. No obstante, mantienen el mismo mantra tanto en público como en privado: “Sólo hay dos vías. O Illa es president o repetición”. En cualquier caso, Ferraz asume que la pareja contraria no siempre quiere el órdago. “Los ultimátums a veces funcionan y a veces no”, resuelven miembros de la Ejecutiva.
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