hacia el gran hermano judicial

En 1984, la Corte Suprema de los EEUU estableció un precedente en un caso en el que eran partes la petrolera Chevron y la Agencia Federal encargada de la defensa de los recursos naturales. El fallo implicaba que las dichas Agencias estaban facultadas para utilizar su experiencia para interpretar e implementar la aplicación de leyes, siempre dentro de parámetros racionales y no arbitrarios. En el caso, referido a la denominada Ley de Aire Limpio, la Corte autorizó a la Agencia para utilizar la ciencia y los aportes de expertos a la hora de establecer límites a los niveles de contaminantes en el aire que respiramos. Se trataba, según la sentencia de 1984, de mantener “deferencia” (de hecho, en la jerga jurídica de Estados Unidos se hablaba de la doctrina de la deference), a la decisión regulatoria. Debe resaltarse que la razón principal de esta posición no era tanto obsequiar la competencia técnica de las Agencias, como respetar la ley que las había conferido. Se trataba, en suma, en no inmiscuirse en las decisiones del Congreso. Era una cuestión de separación de poderes.

La decisión de la Corte Roberts (con él a la cabeza) elimina esta autoridad y otorga a los magistrados de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores el poder exclusivo de interpretar si las regulaciones pueden mantenerse. En el supuesto de desarrollos técnicamente fuera del alcance de un colegio de juristas, lo más probable es que se opte simplemente por desautorizar a la Agencias.

La doctrina Chevron, viva durante más de cuarenta años, con Administraciones republicanas y demócratas, ha sido considerada uno de los pilares del Derecho Administrativo estadounidense. Es usual en EEUU criticar los cambios de precedentes antiguos, cuando no hay razones imperiosas para hacerlo. Resulta muy curioso que en ámbitos jurídicos conservadores se criticó la decisión de anular Roe v. Wade, permisiva del aborto, no tanto por el fondo cuanto porque venia a consagrar un solución antigua y aceptada por la mayoría, cierto es que no sin importante disidencia

La sentencia ha gozado del voto de toda la mayoría conservadora, y ha contado con la oposición de toda la que allí llaman minoría liberal. Llama la atención la crudeza de las expresiones de una y otra, indicativas del enfrentamiento ideológico que en ellas late, tal como las conocemos por la prensa. Predecir consecuencias no es el momento, ni sería riguroso. Pero es evidente que la esencia del problema no es si eran excesivas las exigencias de sónar a unos pescadores, la cuestión es hasta donde llegan los poderes de los jueces. Como dice la Juez Kagan (una ilustre figura del Derecho de aquel país en su voto disidente la decisión ha convertido imprudentemente a la Corte Suprema y a los tribunales en general) como árbitro final en asuntos regulatorios en los que no son expertos: “En todas las esferas de la regulación federal actual o futura, cabe esperar que los tribunales desempeñen a partir de ahora un papel preponderante…. No es un papel que el Congreso les haya dado… Es un papel que este tribunal ha reclamado para sí mismo, así como para otros jueces”.

Está claro que la Corte Suprema de los EEUU, de claro cariz ultraconservador, con tres jueces designados por Trump, se ha asignado como misión cambiar la sociedad norteamericana, en dirección hacia la restauración de un orden ultraliberal de derechas, y para ello es fundamental tener la última palabra en la regulación de la economía y la vida social, gobierne quien gobierne, haya ganado las elecciones quien las haya ganado. Es decir, crear un modelo de democracia vigilada por un poder no democrático, frente al cual, llegado el caso, las opciones de mayorías progresistas tengan una gran dificultad de despliegue. Cierto es que el federalismo marca toda la vida jurídica y política de Norteamérica, y queda por ver si y hasta donde la revocación de Chevron marca las políticas de los singulares Estados, pero es mucho más fácil permearla hacia ellos que en el caso del aborto.

En pocas palabras, la Corte ha puesto las premisas necesarias para bloquear una mayoría política; y es presumible que lo haga anulando leyes, ya que es difícil que pueda generar criterios alternativos, lo que sería aún más escandaloso.

Mas allá de la decisión de la Corte Suprema norteamericana (sin olvidar su trascendencia fuera de sus fronteras, no hay que ser ingenuos y pensar que el Imperio solo exporta bebidas de cola o series televisivas), la sentencia pone de relieve que hay una evidente crisis del capitalismo mundial, que necesita poner coto a la tendencia decreciente de su plusvalía, fomentando políticas que reduzcan al máximo el papel del Estado, y uno de los mecanismo elegidos ha sido deteriorar el principio democrático, dejando al Legislativo a los pies de los jueces.

Es difícil no sacar una conclusión para nuestro país: el principio democrático y el propio despliegue del Estado Social quedarían gravemente comprometido con el principio de que los jueces elijan a sus pares. La izquierda debe darse cuenta de que tras la fórmula está una estrategia a largo plazo de la derecha, en la que ya ha obtenido gran éxito. De consumarse el diseño, sepan los socialdemócratas—y sépanlo estos principalmente– que si alcanzan gobiernos en el futuro, éstos serán los de Legislativos y Ejecutivos versiones edulcoradas de los de derechas, si quieren sobrevivir al poder político de los jueces.

Ángel López es militante del PSOE y Profesor Emérito de Derecho Civil y fue redactor del Estatuto de Andalucía y Presidente de su Parlamento.