Pedro Sánchez extiende al pacto de Estado contra la violencia de género su «mano tendida» para alcanzar grandes acuerdos con el PP. Junto a la inmigración, este otro de los asuntos divisivos entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Después de que el líder de Vox amenazase con romper sus coaliciones con el PP si apoyaban la reforma de la ley de extranjería para obligar por ley a la acogida de menores migrantes, Sánchez conminaba este lunes al PP para revisar el pacto de Estado contra la violencia de género del que ya se desmarcó la ultraderecha.
El Gobierno retoma así su ofensiva en la batalla cultural tanto para alentar la brecha entre Feijóo y Abascal tras el pacto del CGPJ como para azuzar las tensiones en sus gobiernos de coalición. Si los populares buscan las contradicciones dentro del PSOE con guiños al presidente del Castilla- La Mancha, Emiliano García-Page, como por ejemplo este lunes para que se adhiera al acuerdo por una EBAU común suscrito por Feijóo y los presidentes autonómicos del PP, el Gobierno hace lo propio con los ejecutivos de coalición entre los populares y la ultraderecha.
En el contexto de un fin de semana trágico, marcado por el asesinato de cuatro mujeres y dos niños por posibles casos de violencia machista, desde Ferraz cargaban contra el PP por cogobernar con una formación que “se aparta de las manifestaciones de dolor cuando una mujer es asesinada y que rechaza conceptos que salvan vidas”. La portavoz del PSOE, Esther Peña, hacía así referencia a los acuerdos de gobierno entre PP y Vox eluden referirse al concepto de “violencia de género” para diluir esta realidad con otros términos como “violencia intrafamiliar”.
El presidente del Gobierno era igualmente explícito al denunciar que “el PP pacta con un partido que pone cuestión violencia machista, que lleva en sus listas a personas condenadas de violencia machista y que no habla de violencia de género”. Durante una entrevista en la Cadena Ser, el jefe del Ejecutivo insistió en su mano tendida para llegar a más acuerdos con los populares, pero ahondando en líneas rojas para los de Vox como es la reforma de la ley de extranjería.
El pasado mes de marzo se constituyó en el Congreso la subcomisión para abordar su renovación con una propuesta firmada por todos los grupos parlamentarios menos Vox. La intención del Ejecutivo es acelerar sus trabajos para tener listas las conclusiones antes de final de año. Su última renovación se produjo hace siete años. Entonces, no solo fue aprobada por todos los partidos políticos, sino también por las comunidades autonómicas.
Con los de Santiago Abascal formando parte de varios ejecutivos autonómicos, está por ver si no replican su amenaza de revisar las coaliciones si los populares dan su apoyo. Tras convocar de manera extraordinaria al Comité Ejecutivo Nacional del partido el pasado viernes, Abascal advirtió durante su intervención que “si los gobiernos autonómicos no ponen todo lo que esté en su mano para combatir la inmigración ilegal, nosotros cumpliremos con nuestros votantes”.
El líder de la formación ultraderechista ha elevado sus exigencias para que los populares cumplan «con total fidelidad» los acuerdos firmados por ambas formaciones. «Nosotros tenemos palabra», aseveró antes de pedir a sus socios que correspondan con «lealtad». Las tensiones entre PP y Vox se han incrementado por el pacto de los populares con el Gobierno para renovar el CGPJ. Un acuerdo que tildaron de «traición».
Batalla en el Constitucional
A los frentes abiertos con la violencia de género y el reparto de migrantes, el Gobierno mantiene vivos otros choques como los de la memoria democrática. Tras presentar recurso de inconstitucionalidad contra la llamada ley de concordia en Aragón, se sigue de cerca la tramitación de normas similares en la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Baleares para dar los mismos pasos elevar la batalla al Tribunal Constitucional.
En el plano judicial, el Gobierno presentó también el pasado otro recurso de inconstitucionalidad contra las leyes trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid. Los socialistas sitúan a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dentro de los sectores del PP más asimilables a la ultraderecha. La portavoz del PSOE señalaba este lunes en rueda de prensa desde Ferraz que “es hora de que Feijóo meta en vereda al PP de Madrid”, tras hacer referencia a la situación judicial de su pareja.
El Gobierno trata así de cuestionar la alternativa de Gobierno del PP con su escaparate autonómico. Principalmente, por su dependencia de Vox, pero también criticando la «falta de liderazgo» de Feijóo para imponer una línea común a sus barones, como en la reforma del modelo de financiación autonómica.
:format(webp)/viapais.com.ar/resizer/nq2WWU0XU6TLFofnJ4ItOgLCkFs=/arc-anglerfish-arc2-prod-grupoclarin/public/AW2BYQWOU5FITP6ZBWDAK3BHZQ.png "Cómo es la estafa que le hizo perder $40 millones al Festival de Jesús María")
