Donald Trump ha obtenido este lunes una victoria en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, parcial pero victoria al fin y al cabo, y trascendental. En una decisión histórica que por primera vez ha tomado una postura sobre la inmunidad penal de los presidentes, los seis jueces que componen la mayoría conservadora, tres de ellos nombrados por el propio Trump, han decidido que el mandatario tiene inmunidad absoluta ante persecuciones por actos oficiales, aunque no sobre los que no realizó en calidad de presidente. Las tres magistradas progresistas han mostrado su desacuerdo en una opinión de disenso donde han mostrado su «miedo por la democracia«.
Aunque no han tomado una decisión definitiva, al decidir devolver la cuestión a instancias judiciales inferiores le han dado a Trump lo que buscaba: la práctica certeza de que el juicio penal que enfrenta en Washington por sus intentos de robar las elecciones de 2020 que perdió frente a Joe Biden y que culminaron con el asalto al Capitolio no se celebra antes de la reedición de su duelo con el demócrata en noviembre.
La jueza Tanya Chutkan, que instruye ese caso, había calculado que necesitará hasta tres meses en la fase previa de instrucción antes de iniciar un juicio que estima que durará otros dos o tres meses y esos preparativos no podrán comenzar hasta que ella misma resuelva la cuestión de qué actos se pueden considerar que realizó a título oficial y cuáles a título individual.
Reacciones opuestas
Trump inmediatamente ha celebrado el fallo en redes sociales. En un mensaje en mayúsculas en Truth social ha escrito: «Gran victoria para nuestra Constitución y la democracia. ¡Orgulloso de ser estadounidense!«.
Su reacción no ha quedado en palabras. Horas después, sus abogados usaban la sentencia del Supremo para intentar posponer la sentencia tras la condena penal en Nueva York, prevista para el 11 de julio, aunque ese caso está centrado en los pagos para silenciar a Stormy Daniels cuando era solo un candidato y aún no había llegado al Despacho Oval.
Biden, por su parte, ha incluido en su agenda una comparecencia que no estaba prevista. En una breve intervención desde la Casa Blanca (a la que se añadia la atención por la crisis de su propia campaña tras la desastrosa actuación en el debate) Biden ha hablado del fallo como «un precedente peeligroso» y ha sido muy duro con la mayoría conservadora del Supremo. Si su campaña por la mañana decía que los jueces acababan de dar « las llaves de una dictadura» al republicano, el propio presidente usaba la denuncia de la jueza progresista Sonia Sotomayor, mostraba su «temor por la democracia» y aseguraba que «el presidente es ahora un rey por encima de la ley».
Un fallo histórico
Más allá de la decisión sobre Trump, el caso ha llevado al Supremo a sentar un precedente histórico. La mayoría, en un fallo redactado por el presidente del Tribunal, John Roberts, asegura que «el presidente no tiene inmunidad para actos que no son oficiales y no todo lo que hace el presidente es oficial. El presidente no está por encima de la ley«, escribe, «pero no se le puede perseguir por ejercitar sus poderes constitucionales y merece al menos presunta inmunidad por sus actos públicos».
En la opinión de disenso, redactada por la jueza Sotomayor, se critica el fallo de sus colegas. «La decisión de hoy altera la institución de la presidencia«, se lee. «Se burla del principio, fundacional de nuestra Constitución y sistema de gobierno, de que nadie está por encima de la ley«.
«La relación entre el presidente y el pueblo al que sirve ha girado de forma irrevocable. En cada uso del poder oficial el presidente ahora es un rey por encima de la ley«, ha escrito también Sotomayor, que ha denunciado que «el Tribunal efectivamente crea una zona libre de leyes alrededor del presidente» y que «esa nueva inmunidad por actos oficiales ahí queda como un arma cargada para cualquier presidente que desee poner sus propios intereses, su supervivencia política o su beneficio financiero sobre los intereses de la nación».
La magistrada, por ejemplo, asegura que con el razonamiento de la mayoría se libraría de posibles cargos a un presidente que en un discurso oficial hablara de su intención de asesinar a un rival político y luego, ya en un acto individual, ordenara ese asesinato, al excluir el discurso oficial como posible prueba en su contra.
Las acciones de Trump y los cargos
En cuestión están varias de las acciones de Trump: la presión que ejerció sobre legisladores estatales y cargos electorales para ignorar el voto popular; la organización de «electores falsos» en siete estados; el intento de usar el Departamento Justicia para realizar investigaciones de supuestos (e inexistentes) delitos electorales y para que los estados aceptaran los «electores falsos» e intentar que aquel 6 de enero el vicepresidente Mike Pence usara su papel, que era meramente ceremonial, para alterar los resultados. También en cuestión están los intentos de Trump de explotar para tratar de retrasar la certificación de Biden el asalto al Capitolio que protagonizó una turba de sus seguidores.
Por todo eso el fiscal especial Jack Smith imputó a Trump con cuatro cargos, todos de conspiración. Uno para defraudar a Estados Unidos, otro contra derechos por intentar revertir el resultado legítimo de las elecciones y dos por obstrucción de un procedimiento (oficial y del Congreso). Estos dos últimos ya habían sido puestos en jaque por otra decisión que adoptó el Supremo la semana pasada, negando que se pudiera usar un estatuto de obstrucción para endurecer cargos y sentencias contra los asaltantes.
El fallo del Supremo este lunes no resuelve el fondo de este tema pero la mayoría sí asume varias posturas muy favorables para Trump. La sentencia afirma que «Trump es absolutamente inmune de ser encausado por las conductas referidas a sus discusiones con cargos del Departamento de Justicia». Y, respecto a las conversaciones con Pence, dicen que al menos deberían estar cubiertas por esa presunta inmunidad. «Cuando el presidente y el vicepresidente discuten sus responsabilidades oficiales, estan desarrollando conducta oficial», ha escrito Roberts.
En la práctica, el fallo es además vital para las aspiraciones de Trump y con el casi seguro retraso de cualquier resolución hasta después de las elecciones abre una vía de escape para el republicano. Si vuelve a ganar la presidencia, podría dar el paso extraordinario de instar a su Departamento de Justicia a retirar los cargos en este caso, uno de los dos federales que ha planteado Smith junto al de Florida que debe juzgar el manejo irregular de documentos clasificados.
Trump, que ha acumulado 88 cargos penales en su contra, ya ha sido condenado por 34 de ellos en Nueva York en el caso originado por el pago para silenciar a Stormy Daniels (con la sentencia prevista para el próximo jueves) pero ha logrado victorias en su estrategia de posponer los de Washington y Florida, así como el penal que enfrenta por los intentos de revertir los resultados electorales legítimos en Georgia.
Un caso histórico
El Supremo ya había sentenciado que un mandatario no puede ser demandado por lo civil por actos que realizó durante su mandato pero esta era la primera vez que consideraba la inmunidad penal de un expresidente. Tanto la jueza Chutkan como un tribunal de apelaciones se la habían denegado. Pero Trump elevó el caso hasta el Alto Tribunal. Y ya en abril, cuando a lo largo de más de dos horas y media los nueve jueces escucharon los argumentos de las partes, se había intuido que una decisión como la de este viernes podía llegar.
En aquella sesión John Sauer, el abogado de Trump reiteró argumentos de que un expresidente sería inmune incluso si hubiera ordenado un golpe de estado o el asesinato de un rival político mientras ocupaba el cargo y solo dio como opción de hacerle responsable que fuera sometido a un ‘impeachment’ y condenado en ese juicio político. Trump ya tuvo su segundo impeachment por su intento de evitar la transferencia pacífica y legítima de poder pero fue exonerado por los republicanos.
El letrado también aseguró que no darle esa inmunidad “abriría una caja de Pandora de la que la nación podría no recuperarse nunca”. “Si un presidente tiene que estar mirando por encima de su hombro cada vez que él o ella tiene que tomar una decisión controvertida, eso inevitablemente limitará su capacidad de ser presidente”, dijo.
Es un argumento con el que dieron señales de concurrir varios de los jueces conservadores, incluyendo dos de los tres que nombró Trump durante su mandato. Neil Gorsuch recordó que tenían entre manos “una decisión para la historia” y Brett Kavanaugh aseguró que si se abría la puerta a imputar a presidentes por actos oficiales se usaría “contra el actual presidente y el siguiente y el siguiente”. También el juez Samuel Alito dijo en aquella sesión: “Decidamos lo que decidamos va a afectar a todos los futuros presidentes”.
Las tres magistradas progresistas, en aquella vista, tomaron por el contrario una postura mucho más decidida contra las alegaciones de los abogados de Trump de que tiene inmunidad total. Una de ellas, Elena Kagan, apuntó a que “los padres de la Constitución no incluyeron una cláusula de inmunidad” cuando “sabían cómo hacerlo” y recordó que “reaccionaban contra un monarca que aseguraba estar por encima de la ley”.
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