El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en una foto de archivo / Archivo
En una primera lectura, la ley de amnistía auspiciada por PedroSánchez tenía por objeto inmediato la desaparición de los procedimientos penales abiertos contra Puigdemont y demás símbolos del independentismo catalán.
La intención filosófica del Gobierno consistía en liquidar el procés, y las sucesivas elecciones le vienen dando razón. El objetivo mercantil era amarrar los votos decisivos de Junts o ERC en el Congreso.
El Supremo ha desmontado de un papirotazo estas beneméritas intenciones, enfrentándose no solo al Gobierno, sino también a la modificación llevada a cabo por el legislativo del delito de malversación en 2023.
Sin embargo, estas disquisiciones pomposas escapan al humilde periodismo. A simple vista, conforme se intensifica la voluntad de Sánchez de amnistiar a Puigdemont, se multiplican los delitos del expresident catalán. Terrorismo y alta traición, por citar las variedades delictivas más exóticas, no figuraban en el panel inicial del horrendos crímenes atribuidos al después europarlamentario y diputado autonómico.
El problema no consiste en determinar si el redactado de la ley de amnistía garantiza el regreso de Puigdemont a España, sino en si existe un solo delito en el detallado catálogo del Código Penal que no pueda serle endosado al expresident catalán. Todo ello cuando el mismo Supremo redujo el ambicioso golpe de Estado a una vulgar sedición, también descodificada con posterioridad. Deberían ser los propios independentistas quienes renunciaran a la amnistía contraproducente, antes de que les caiga encima el manual completo de plagas. Desde el punto de vista del calendario, la previsible decisión del Supremo contra el Gobierno coincide accidental pero milimétricamente con los designios del juez de Barcelona para quien la persecución a Puigdemont coloca deliberadamente al ejecutivo a «solo dos telediarios» de la disolución, gracias a su benemérita instrucción. El presidente del Gobierno hizo de la necesidad virtud, y el Supremo ha hecho de la virtud necesidad, aunque conviene desconfiar por principio de quienes se declaran virtuosos por encima de sus semejantes. Menos lawfare y más lawfair.
