el Gobierno no presentará los Presupuestos de 2025 hasta tener atados los apoyos de sus socios

El pasado jueves, el Boletín Oficial del Estado certificaba el arranque de la trayectoria de los Presupuestos Generales del Estado de 2025. 63 páginas para una orden ministerial, la firmada por la vicepresidenta primera del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero, que todavía no tiene una estación final. Ni está claro que la tenga este año. Porque el devenir de la legislatura sigue estando sujeto —y eso no lo ha cambiado, obviamente, el pacto con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial— al futuro de Cataluña, y ahora mismo la posibilidad de una repetición de los comicios el 13 de octubre no es una hipótesis lejana.

A comienzos de año, recién investido de nuevo como presidente Pedro Sánchez y su nuevo Gobierno conformado, Montero tenía claro, como por otra parte ha defendido siempre, que solo llevaría las cuentas del Estado al Congreso en caso de tener los apoyos de sus socios amarrados. En aquel momento todavía estaba en tramitación la ley de amnistía en la Cámara baja, y había que esperar. Y justo la víspera de que aprobase la medida de gracia para su envío al Senado, el 13 de marzo, el president Pere Aragonès convocó las elecciones autonómicas catalanas para el 12 de mayo. Esa misma tarde, el Ejecutivo paralizó la elaboración de los Presupuestos de 2024, en los que había estado trabajando en las semanas anteriores. No tenía sentido seguir adelante, defendió entonces la vicepresidenta, con la campaña prácticamente encima, en la que se alimentaría, como así ocurrió, la competencia salvaje entre ERC y Junts, los dos socios imprescindibles de Sánchez.

Por lo menos, que tengamos los apoyos encauzados, que sepamos de antemano que superamos las enmiendas de totalidad», explican en Hacienda: atar los apoyos es capital

Ahora, el Ejecutivo confía en tener las cuentas de 2025 aprobadas «en tiempo y forma» —como presumía el presidente en la pasada legislatura, para enfatizar la estabilidad de la coalición—, pero el camino será proceloso y, sobre todo, incierto. En la Moncloa ya asumen que puede que Cataluña vuelva a las urnas en otoño, y en ese escenario se dificultaría la presentación del proyecto de ley en octubre, porque las formaciones independentistas volverían a entrar en campaña y subirían el precio de su apoyo. Porque lo que sí tiene de nuevo claro Hacienda es que no llevará los Presupuestos al Congreso si no tiene los respaldos garantizados, según confirman fuentes próximas a la vicepresidenta. «Eso es seguro. Por lo menos, que tengamos los apoyos encauzados, que sepamos de antemano que superamos las enmiendas de totalidad», explican.

Y es que esa es la frontera clave. Si el Gobierno viese tumbadas sus cuentas en el primer paso de la tramitación parlamentaria, en el debate de totalidad, Sánchez se vería abocado a la convocatoria electoral. Eso fue lo que justificó el adelanto de las generales del 28 de abril de 2019, y lo que también sirvió a Aragonès para motivar la cita con las urnas del pasado 12 de mayo. El proyecto de Presupuestos se considera la ley más importante del año para un Ejecutivo, con la que dibuja sus prioridades, y encajar una derrota conduce, casi inexorablemente, a nuevas elecciones. Como le ocurrió a Felipe González en su último mandato: las urnas de 1996 era la respuesta a la devolución de los PGE a su Gabinete.

Un sudoku difícil de encajar

Montero ya tiene parte del trabajo de negociación avanzado. Las conversaciones fueron madurando para los Presupuestos de 2024, así que las demandas de sus socios se materializarán en las cuentas del próximo año. La previsión de Hacienda es que ya el proyecto salga rumbo al Congreso con esos deseos de los aliados parlamentarios incluidos o bien con el compromiso de sumarlos a través de las enmiendas parciales. Montero tiene que tejer un complicado equilibrio: no solo ha de atraer a ERC y Junts, sino también a PNV y Bildu, BNG y Podemos, y quizá Coalición Canaria. Y antes habrá de cerrar un acuerdo con su socio de coalición, con Sumar.

La vicepresidenta querría llevar los PGE a primeros de octubre al Congreso, a fin de tenerlos aprobados antes del 31 de diciembre

La vicepresidenta ya avanzó la semana pasada que su intención es llevar el proyecto a la Cámara baja a principios de octubre, a fin de que puedan estar aprobados antes de final de año y puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2025. Pero si hay elecciones en Cataluña el 13 de octubre y ERC y Junts suben su apuesta, el Gobierno asume que todo se «complica» y no tendría más remedio que aplazar la presentación de los PGE hasta unos meses después, cuando se resuelva quién se hace con la Generalitat. Sería un revés para Sánchez, que necesita dotar a la legislatura de estabilidad, que realmente solo puede conseguir con unas primeras cuentas aprobadas, y que le proporcionarían combustible al menos para dos años.

El Ejecutivo sostiene que el pacto con el PP para la renovación del Poder Judicial, bloqueada durante más de cinco años y medio, da «profundidad a la legislatura» porque supone que Alberto Núñez Feijóo reconoce, implícitamente, que no habrá nuevos comicios pronto y que, por tanto, Sánchez continuará en la Moncloa. Esa idea, la de la «profundidad de la legislatura», la repetía este domingo el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una entrevista con el diario El País, donde apuntaba también como faceta «muy positiva» del acuerdo el hecho de que «consigue rebajar ese clima tóxico» que ha presidido la política española en los últimos meses.

Pero el ministro también deja abierta la puerta a la posibilidad de que el Gobierno aguante aun con las cuentas prorrogadas de 2023, porque al fin y al cabo fueron redactadas por el Ejecutivo de coalición antes de la disolución de las Cortes. Es decir, que son su marca, y por tanto no sería dramático para Sánchez no disponer en plazo de unos nuevos PGE aprobados. «Tenemos Presupuestos. Podíamos tener un problema en 2018 cuando heredamos unos Presupuestos del PP. Pero hoy son nuestros, son progresistas, son expansivos. El Gobierno va a continuar tres años más, y además tendremos Presupuestos para 2025″. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en elDiario.es, explora esa misma idea: el «interés y la voluntad» de disponer de unos nuevos PGE es «absoluto», afirma, el Gobierno trabaja con la «posibilidad» de que los haya.

ERC se da un mes de plazo para llegar a un preacuerdo o con el PSC o con Junts, para no llegar al límite legal del 26 de agosto. Sigue exigiendo una financiación propia: el concierto

Este mes permitirá divisar si los Presupuestos se alejan. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, fijó de plazo hasta finales de julio para lograr un preacuerdo bien con el PSC o bien con Junts, para no apurar el límite legal, ya que el 26 de agosto, si no hay nuevo president, el Parlament se disolverá y Cataluña acudirá a nuevas elecciones. Es decir, que en apenas cuatro semanas los socialistas sabrán si la legislatura entra en un nuevo parón o si Salvador Illa logra hacerse con la Generalitat. Los republicanos exigen una «financiación singular» para Cataluña. O sea, un concierto económico análogo al que opera en Euskadi o Navarra, pero Montero y el resto del Ejecutivo han reiterado que esa condición es inasumible, aunque Hacienda sí se abre a explorar «fórmulas imaginativas» que no detalla para no enturbiar la negociación. En la Moncloa se refuerza la impresión de que ERC no dará su brazo a torcer por estar muy presionada por Junts y al no disiparse la expectativa de una repetición de los comicios.