Sophie Muller, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en España, advierte que es urgente repartir la responsabilidad de los menores migrantes entre todas las comunidades autónomas para mejorar su atención. Un estudio de Acnur determina que el 55% de los niños y jóvenes acogidos en los centros de Canarias reúnen las condiciones para solicitar protección internacional.
¿Qué conclusión saca de su visita a los centros de acogida de migrantes en Canarias?
La respuesta de España a las llegadas de migrantes adultos por vía marítima a Canarias ya está estructurada y es estable. Una vez trasladados a la Península, hay un plan de choque para agilizar el acceso al procedimiento de asilo para las personas que buscan protección internacional. En los centros hemos hablado con familias con miembros vulnerables que no pueden trasladarse a otras comunidades. Creemos que ahí hay que hacer un esfuerzo para agilizar los procedimientos y facilitar los trámites y los enlaces familiares, porque tienen a sus familiares inmediatos en otros países y se tarda mucho en reunificarles. Están en los centros frustradas y agobiadas por no saber qué pasará con su futuro, si podrán desplazarse para reencontrarse.
¿Y cómo valora la situación de los centros de menores?
El volumen de menores es insostenible. Hemos hecho un estudio entre los menores no acompañados y hemos entrevistado a 576 en tres meses. Hemos concluido que el 55% de ellos podría tener protección internacional. Con estas cifras, Canarias no puede asumir la respuesta sin un marco de reparto entre todas las comunidades autónomas. En el flujo migratorio hacia las Islas el 70% de los cayucos proceden de Mauritania, pero los migrantes son mayoritariamente de Malí, aunque también vienen de Senegal, Gambia o Marruecos. En España casi el 100% de los malienses recibe protección internacional y reciben una respuesta muy rápida, porque es un país en conflicto.
¿Qué trabajo hace Acnur con el Gobierno de Canarias?
Nuestro objetivo es ayudar en la gestión, no criticarla. A raíz del estudio que hicimos en los centros de menores, hemos elaborado un protocolo para la identificación y el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes en necesidad de protección, específico para los centros del Archipiélago. Durante nuestra visita a Canarias hemos firmado este protocolo con la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.
¿Cuál es la postura de Acnur con respecto a la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería?
A nivel técnico y neutral, desde Acnur apoyamos la reforma. Urge una respuesta rápida y fuerte para los niños y jóvenes tutelados por Canarias. La responsabilidad compartida entre comunidades autónomas permitirá dar una atención estable a los menores.
El Gobierno de Canarias trabaja con la previsión de que en los próximos meses puedan llegar al Archipiélago otros 11.000 menores no acompañados, que se sumarían a los 5.500 que están ahora bajo su tutela. Si extrapolamos el dato de que el 55% podrían ser solicitantes de protección internacional, en las Islas podría llegar a haber unos 9.000 niños con derecho al asilo. ¿Se podría producir una crisis de refugiados en Canarias?
La situación actual es muy delicada, pero no podemos trabajar con cifras a futuro. La tendencia es preocupante, pero las previsiones hay que tomarlas con cautela. En el ámbito de la protección internacional es muy difícil extrapolar los datos, porque se basa en entrevistas y valoraciones individuales. Sí sabemos que muchos están en una situación sumamente vulnerable, pues sobreviven a mutilaciones genitales y violaciones o viven en países en conflicto… La crisis con los adultos está controlada y ahora hay que hacer lo mismo con los menores. La consejera de Bienestar Social nos comentó que se están preparando más dispositivos por si llega una nueva ola de niños y jóvenes, pero la solución es un mecanismo de reparto. La situación actual de las Islas no es sostenible.
¿La condición de refugiado de los menores facilitaría su derivación a otros puntos de España o de Europa?
Hay mecanismos de solidaridad europeos para asistir a las personas refugiadas. Pero antes tiene que haber un reparto solidario dentro del país para que la Unión Europea actúe. Hay que ser ágiles en la atención de todas las personas que necesitan protección internacional, pero especialmente con los niños refugiados. La calidad de la atención de los menores tiene que ser diferente, pues la desprotección les puede afectar el resto de su vida al estar en el momento de formación y de construcción de su personalidad. En el caso de los menores es fundamental el tiempo de respuesta.
¿Canarias podría recibir ayuda de la UE para gestionar a los menores no acompañados?
Hace unos años, Alemania, Francia y los Países Bajos recibieron menores no acompañados desde Grecia bajo un mecanismo de solidaridad. Creo que no es una opción totalmente imposible a conseguir, pero antes hay que contar con una respuesta interna. Es difícil convencer a otros países de que es necesaria la ayuda si no hay solidaridad entre comunidades autónomas.
¿Ya se están tramitando en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) las solicitudes de asilo de los menores que han detectado con perfiles vulnerables?
Algunos ya han podido formalizar su solicitud de asilo y nos consta que se están haciendo todos los esfuerzos, pero hacen falta más recursos. El Ministerio del Interior está haciendo un plan de choque para agilizar las solicitudes de los adultos trasladados a la Península. Vamos a ver cómo podemos acompañar a la OAR para hacer lo mismo con los menores y tramitar sus casos lo más rápidamente posible.
¿Cuál es la diferencia entre un refugiado y un migrante económico?
Una persona refugiada huye de una situación de peligro, de guerra, de persecución o de violación de los derechos humanos. No puede volver voluntariamente a su país de origen, porque no cuenta con protección. La piedra angular de la protección internacional es el derecho al no retorno (non-refoulement), que implica que la persona refugiada no puede ser devuelta al país en el que corre peligro. Por otro lado, las personas migrantes podrían volver a su país de origen, aunque estén en condiciones económicas peores, pero su integridad física o su seguridad jurídica no corren peligro.
Ursula Von der Leyen ha enviado una carta a los líderes de los 27 en la que les invita a tener en cuenta «estrategias innovadoras» como la creación de los centros de migrantes en terceros países, como ha hecho Italia con Albania o Reino Unido con Ruanda, mientras se resuelven las solicitudes de asilo. ¿Qué le parece esta medida?
La creación de esos centros de migrantes en terceros países es ideología. Externalizar estas obligaciones internacionales es una práctica que no está en línea con el derecho internacional y nos preocupa mucho. Por nuestra parte, intentaremos hacer todo lo posible para que no se permitan. Hay otras vías para responder ante situaciones de saturación en aquellos países que reciben grandes flujos migratorios. Hay que tener en cuenta la situación del país de origen, de los países de tránsito y del país fronterizo para encontrar soluciones de protección de manera inmediata. Proponemos a todos los actores implicados trabajar en la protección de las personas que huyen de sus países de origen, para que no tengan que cruzar tantas fronteras antes de sentirse seguros. El 70% de las personas refugiadas quieren buscar protección en el primer país fronterizo después su lugar de origen. Pero, en muchas ocasiones deciden cruzar más fronteras porque no encuentra recursos para arrancar una nueva vida. Por esto, hay que prestar atención a la cooperación internacional, desde el ámbito de la política y de la protección internacional.
¿Quién es un refugiado?
¿Quién puede tener la condición de refugiado?
- Las personas extranjeras de nacionalidad no comunitaria o apátridas que tengan un temor fundado a ser perseguidas en su país por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual y que no puedan o no quieran por ese motivo recibir la protección de las autoridades de su país. A los refugiados se les reconoce el derecho de asilo.
¿Qué derechos tienen una persona con protección internacional?
- Las personas que requieran protección internacional tienen derecho a ser documentados como solicitantes, así como a permanecer en España hasta que se resuelva su solicitud. También tienen que ser asistidos por un abogado, de forma gratuita si no pueden pagarlo y a contar con la asistencia de un intérprete en una lengua en la que puedan explicarse con facilidad. La solicitud debe ser comunicada al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España y deben tener acceso al contenido del expediente en cualquier momento.
¿Cuáles son los efectos que tiene la concesión de protección internacional?
- Las personas a las que se les reconozca la protección internacional no pueden ser devueltos a su país de origen y tiene una autorización de residencia y trabajo permanente. Obtienen un documento de identidad y, en su caso, de viaje; tienen derecho a una reagrupación de familiares directos; y se les reducen los plazos para acceder a la nacionalidad española. Además, cuentan con acceso a servicios públicos de empleo, a la educación, a la asistencia sanitaria, a la vivienda, a la asistencia y servicios sociales, a programas de atención a víctimas de violencia de género, a la seguridad social, a programas de integración, a la formación continua y al procedimiento de reconocimiento de títulos académicos y profesionales en las mismas condiciones que los españoles.
¿Cómo y dónde se solicita la protección internacional?
- La solicitud de asilo se puede registrar en un puesto fronterizo, nada más entrar al país. Si ya está dentro del territorio español, se puede tramitar en las comisarías de policía o en los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE). La solicitud debe presentarse personalmente y consiste en la realización de una entrevista, que se efectúa siempre de forma individual con un funcionario habilitado para ello. Durante la entrevista, el refugiado debe explicar las causas que le llevan a pedir protección internacional y cómo llegó a España. El contenido de la entrevista queda plasmado en un documento que debe firmar. Este proceso es confidencial. El personal que participa en el proceso (funcionarios, policías, intérpretes…) deben tener en cuenta las necesidades especiales en casos como mujeres embarazadas; personas con enfermedades o con discapacidad; víctimas de torturas y formas graves de violencia sexual, psicológica o física; víctimas de trata de seres humanos; o menores no acompañados.
¿De quién depende la gestión de las solicitudes de asilo?
- Las solicitudes son valoradas por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que decide si el examen de la solicitud corresponde a España o a otro país miembro de la Unión Europea. Las decisiones son tomadas por el Ministro del Interior a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR).
¿Cómo es el proceso para solicitar protección internacional?
- La tramitación de una solicitud de protección de asilo tiene tres fases. La primera es la de admisión a trámite, en la que se descartan aquellos casos que no cumplan los requisitos o que corresponda a otros países. Si en un mes no se recibe respuesta negativa, el solicitante queda en situación de permanencia provisional en territorio español. Si los trámites se inician en un puesto fronterizo o en un CIE, el solicitante debe permanecer en centro hasta que se decida si su caso es admitido a trámite y las autoridades tienen 96 horas para notificar la decisión. En la segunda fase, la solicitud pasa a ser examinada con mayor profundidad y puede haber una nueva entrevista. Por último, si la decisión es favorable, la personas es reconocida como refugiada.
¿Cuántas solicitudes de asilo se aceptaron en 2024 en España?
- El pasado año se concedieron 7.521 estatutos de refugiado, cifra récord hasta la fecha y que supone un 26,5% de los estatutos otorgados por la OAR desde 2012 (28.232). Las cinco primeras nacionalidades de las personas a quienes se les ha concedido estatuto son Afganistán, Siria, Nicaragua, Colombia y Honduras. Se tramitó también la protección subsidiaria para 3.850 personas, principalmente procedentes de Malí.
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