La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo, ha trasladado a la Agencia Tributaria la documentación aportada a la causa por Tomás González Cueto, el considerado como el cerebro jurídico de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) bajo la presidencia de Luis Rubiales, «por si los hechos a los que se refiere fueran constitutivos de infracción administrativa«, según especifica una providencia de 26 de junio, a la que ha tenido acceso esta redacción.
En la resolución, la instructora del caso Supercopa, por el que además de Rubiales está investigado el exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué, justifica esta decisión en virtud de la normativa tributaria y presupuestaria para la prevención y lucha contra el fraude. En concreto, en el artículo 7 de la ley alude a las limitaciones de los pagos en metálico, que no podrán superar los 1.000 euros cuando «alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional«.
Además, en la citada providencia la jueza Delia Rodrigo no accede a la solicitud de González Cueto de que se le devuelvan los 11.150 euros que le fueron intervenidos por la Guardia Civil durante el registro de su vivienda tras ser detenido.
Investigación de Hacienda
La Agencia Tributaria ya abrió en abril una investigación fiscal a la Real Federación Española de Fútbol que abarca los años que van de 2019 a 2023, lo que prácticamente abarca todo el mandato de Luis Rubiales, quien fue apartado de la presidencia del organismo federativo a raíz del beso no consentido a Jenni Hermoso tras la final del Mundial.
En abril, Hacienda acordó abrir una investigación fiscal a la Real Federación Española de Fútbol en relación al impuesto de sociedades desde 2019 a 2022, al IVA desde abril de 2020 a diciembre de 2023 y a las retenciones por el IRPF en ese mismo periodo.
Es por eso que, a principios de junio, la Agencia Tributaria decidió preguntar a la magistrada que instruye el también denominado caso Brodie si debía “paralizar” su expediente para no interferir en el proceso judicial.
«Sin autorización»
En la misma providencia de 26 de junio, como adelantó esta redacción, la jueza también rechazó autorizar al que fuera comisionado externo de la RFEF Tomás González Cueto a que facilite documentación a la FIFA, tal y como este le había reclamado: «No cabe realizar autorización por este juzgado que se aparte de los términos impuestos por la ley, cuyo contenido es invocado por el propio solicitante», dijo de forma literal Delia Rodrigo.
El brazo jurídico de Rubiales representaba a la RFEF en al menos 40 causas judiciales, según se desprende de un escrito de 22 de marzo dirigido por los ahora representantes legales de la federación al magistrado que instruye el caso Soule en la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge.
El próximo martes la instructora interrogará al exdirector de la Asesoría Jurídica de la RFEF Pedro González Segura como investigado y al responsable de ‘compliance’ de la selección Francisco Javier Puyol.
En un auto reciente, Delia Rodrigo señalaba la existencia de «un posible perjuicio en el desvío de fondos a través del entramado societario descubierto». En concreto, «a través de la contratación de la empresa Gruconsa con la propia Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para la realización de diversas obras, como la acometida en el estadio de la Cartuja de Sevilla«. Entre los directivos de esta empresa inmplicados en el caso se encuentra Ángel González Segura, hermano de Pedro González Segura.