Un grupo de entidades sociales andaluzas que atienden a más de 5.000 personas vulnerables a través de proyectos en red, ven excluidos sus 17 proyectos en las nuevas bases reguladoras de las subvenciones para actuaciones de interés social, con cargo al IRPF, de la Conserjería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.
El nuevo cambio de rumbo en las políticas sociales de Andalucía, marcado por la eliminación, sin ninguna justificación, de las agrupaciones de entidades como herramienta para reforzar el impacto social de las entidades sociales y sus proyectos de atención a las personas más vulnerables están viendo imposibilitadas su ayuda a los colectivos más desfavorecidos.
186 alegaciones y un NO reiterado
Son 15 las organizaciones sociales andaluzas que están denunciando el impacto social. Han expuesto las consecuencias de las nuevas bases reguladoras de las subvenciones para dichos colectivos, que desarrollan proyectos de inclusión social dirigidos a una parte de la población especialmente vulnerable.
Publicadas por la Conserjería de Inclusión Social, Juventud, familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, denuncian que éstas no recogen la posibilidad de presentarse a la convocatoria como agrupación, eliminando este trabajo colaborativo. En un proceso en el que se han presentado 186 alegaciones, la respuesta más repetida es “NO”.
Desde Prolibertas, denuncian junto al resto de organizaciones (Asociación Nacional AFAR, ASNUCI, Aspreato, Asociación Baena Solidaria, Fundación Calor y Café, Asociación Claver, Córdoba Acoge, Ergos Social, Lucena Acoge, Mundo Acoge, Asociación OCREM, Asociación Resurrección, Sevilla Acoge y Solidarios) que han realizado un trabajo conjunto durante años, la situación generada con esta nueva redacción de las Bases Reguladoras.
En la rueda de prensa de la pasada semana, en la que Javier Alcaide, Responsable de Programas de Prolibertas, y José Chamizo, Presidente de Sevilla Acoge, han hecho de portavoces, se ha destacado que se debe mantener la opción de poder solicitar las subvenciones las propias agrupaciones de entidades de carácter supraprovincial, como se recogía en las anteriores bases reguladores, Orden de 9 de junio de 2021.
Dicho modelo ha facilitado que 15 entidades sociales de seis provincias andaluzas trabajen en cinco agrupaciones de entidades para conseguir un impacto social cercano y sólido con el que poder realizar proyectos integrales, con un enfoque colaborativo entre entidades de diferentes provinciales, pudiendo de este modo trabajar en un mismo objetivo. Es, dicen, la forma de enriquecer el tejido social de Andalucía y de que se aumente el impacto social entre un mayor número de personas beneficiarias de los programas, optimizándose los recursos públicos y mejorando a su vez el trabajo en red (tan demandado por las diferentes administraciones), lo cual que incrementa la calidad de los programas y fomenta la innovación social en el territorio.
La situación generada con esta nueva exposición de las Bases Reguladoras, y la excesiva dependencia de las entidades sociales de las subvenciones públicas, conlleva a que en muchas ocasiones no haya siquiera una contestación social a los continuos cambios de criterio de la conserjería, “una conserjería que parece haber perdido el rumbo en cuanto a tema de subvenciones”, ha señalado José Chamizo.
La labor de Prolibertas y del resto de asociaciones es dar servicio a personas sin hogar, personas migrantes en situación de vulnerabilidad, jóvenes extutelados, mujeres víctimas de trata, personas con adicciones y familias en riesgo de exclusión social con el objetivo de sensibilizar a la sociedad andaluza.
Para ello acogen temporalmente a personas sin hogar, llevan a cabo acciones de participación social con ellos, alojamientos temporales, etc. A esto hay que sumar, centros de día, recursos residenciales para jóvenes extutelados y trabajos de mediación intercultural, educación financiera, reinserción sociolaboral y mejora de la empleabilidad, muchos recursos sociales que quedarían sin cubrir de no ser por estas asociaciones.
El 85% de las personas que consiguen autonomía personal al encontrar un empleo lo hacen gracias a la labor que Prolibertas y del resto de asociaciones mencionadas, pero para que sea posible, recalcan, es necesario que la Junta valore el impacto social del trabajo en red en las subvenciones del IRPF.
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