Desde que el 7 de octubre el ataque del grupo islamista Hamás matase a 1.200 israelíes, está teniendo lugar la peor guerra ocurrida hasta ahora en Gaza, en términos de durabilidad y de víctimas. Los ataques perpetrados por las fuerzas de Benjamín Netanyahu han matado a más de 37.500 palestinos y herido a casi 86.000.
Los ataques llevados a cabo por el ejército israelí han presentado además un gran desafío para las organizaciones de derechos humanos, tanto locales como internacionales, que se enfrentan a dificultades para obtener información directa debido al bloqueo impuesto por Israel en la Franja de Gaza. Este cierre no solo está impidiendo la asistencia humanitaria y el acceso de la prensa, sino que también afecta a observadores de diversas organizaciones, incluida la Organización de Naciones Unidas, lo que complica las investigaciones independientes sobre posibles crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos.
Por ejemplo, el 19 de junio, la ONU denunció posibles crímenes de lesa humanidad por el uso de bombas pesadas en áreas pobladas de Gaza. Sin embargo, Israel ha obstaculizado las investigaciones, impidiendo el acceso de la Comisión de Investigación a Israel y al territorio palestino ocupado.
Asimismo, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) han confirmado que Israel sigue vetando el acceso de sus equipos, por lo que dependen de su personal dentro de Gaza para llevar a cabo sus investigaciones. Cabe señalar además que Israel no ha cumplido con las medidas provisionales del Tribunal Internacional de Justicia que le obligan a permitir la entrada de investigadores independientes para evaluar denuncias de genocidio presentadas por Sudáfrica.
En este sentido, uno de los ejemplos más ilustrativos son las bombas israelíes que fueron lanzadas el pasado 1 de noviembre sobre una zona del campo de refugiados de Jabalia, matando a decenas de personas. El Gobierno de Israel afirmó que se trataba de una operación contra Hamás. No obstante, incluso siguiendo el rastro de un grupo islamista como Hamás, el derecho internacional humanitario obliga a actuar bajo los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.
Es decir, los ataques donde civiles y milicianos no se pueden diferenciar son ilegales, así como aquellos donde hay más civiles. Además, en caso de realizar un ataque defensivo de este tipo, debe llevarse a cabo en el momento en que se cause menos daños a la población.
Aumenta la presión para Netanyahu
Más de ocho meses y medio después del 7 de octubre, 116 israelíes siguen en cautividad y, de ellos, la inteligencia estadounidense estima que solo unos 50 seguirían con vida, según reveló hace unos días The Wall Street Journal. Tan solo un acuerdo de tregua realizado en noviembre se tradujo en la liberación de 105 rehenes a cambio de 240 prisioneros palestinos. El pasado 8 de junio, las fuerzas israelíes liberaron a cuatro rehenes vivos en una operación de rescate que causó la muerte de unos 270 palestinos.
Ante esta situación, el interior de Israel se ha convertido en una zona incómoda para su primer ministro, Benjamín Netanyahu. De hecho, la interna tensión desembocó el pasado 22 de junio en la manifestación más masiva en el país hebreo desde que comenzase la guerra con Hamás.
Decenas de miles de ciudadanos protestaron en ciudades como Tel Aviv, Haifa, Cesárea o Jerusalén contra el Gobierno de Netanyahu, a quien pedían su dimisión y que alcanzase un acuerdo para la liberación de rehenes israelíes. Estas manifestaciones se produjeron al día siguiente de que los bombardeos de las fuerzas hebreas dejaran más de cien muertos en la Franja, siendo esta una de las jornadas más mortíferas de los últimos meses.
Los manifestantes han acusado a Netanyahu de estar anteponiendo su supervivencia política y beneficio personal a las vidas de los rehenes y también de desproteger a los ciudadanos próximos a Gaza, por lo que le exigen elecciones anticipadas. Esta petición coincide también con la disolución del Ejecutivo de Emergencia por la dimisión del ex general y ministro del Gabinete de Guerra de Israel, Benny Gantz, hace dos semanas, al considerar que era Netanyahu el que «impedía avanzar hacia la victoria».
Tras este movimiento Netanyahu recordó que las puertas permanecen abiertas a «cualquier partido sionista» que quiera colaborar en la derrota de los «enemigos y garantizar la seguridad» de los ciudadanos de Israel. Además, ha asegurado que la fase más intensa de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza «llegará pronto a su fin», pero la guerra como tal no terminará hasta que Hamás deje de controlar el enclave.
Una vez concluya esta fase, Israel podrá enviar más fuerzas al norte, a la frontera con Líbano, para enfrentarse a Hezbolá. «Lo vamos a hacer. En primer lugar y más importante por motivos defensivos y en segundo lugar para que los evacuados puedan volver a sus casas», ha señalado Netanyahu. Para ello, se ha mostrado a favor de un acuerdo diplomático, pero ya ha advertido que si no se consigue recurrirá a «otros medios». De hecho, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha advertido esta semana en su visita a Washington de que su ejército es capaz de mandar al Líbano «de vuelta a la Edad de Piedra» en una guerra con Hezbolá, pero insiste en que el Gobierno israelí prefiere una solución diplomática a la situación actual en la frontera.
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