El principal temor del Gobierno a que estallase en el último momento el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eran las presiones internas dentro del PP. Concretamente, de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y de sectores más vinculados a la fundación FAES del expresidente José María Aznar. A la vista de cómo se gestó el acuerdo, esta preocupación era compartida por Génova. Según fuentes de Moncloa conocedoras de las negociaciones, el Gobierno pactó con el PP dejar la estrategia comunicativa sobre el acuerdo en sus manos. Tanto en los tiempos como en las formas para no dar pistas hasta el último momento y evitar cualquier filtración.
Para amoldarse, Moncloa hasta retrasó la hora habitual de la rueda de prensa del Consejo de Ministros de los martes. El PP había pedido no comunicar que se celebraría la reunión en Bruselas para cerrar el acuerdo hasta tres horas antes. Sin margen de maniobra para hacerlo descarrilar y comunicarlo casi de forma simultánea a algunos de los principales líderes territoriales. Precisamente, dicha información sobre la reunión se hizo pública coincidiendo con la comparecencia ante los medios de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Aunque todo estaba prácticamente cerrado, a la espera solo de la firma ante la vicepresidenta de la Comisión Europea, tanto en público como en privado se evitó dar nada por hecho.
El ministro de Presidencia y Justicia y encargado de las negociaciones con el PP, Félix Bolaños, había abandonado la reunión del Consejo de Ministros poco después de su inicio para coger el avión con destino a la capital comunitaria. En ese momento, según relataron a posteriori fuentes de Moncloa, todos los ministros conocían ya el desenlace de las negociaciones que acabarían con más de cinco años y medio de bloqueo en el órgano de poder de los jueces.
Como se había acordado previamente, la portavoz del Gobierno se limitó a confirmar el encuentro, una vez oficializado desde los gabinetes de comunicación de Ferraz y Génova. La portavoz no quiso ofrecer más información sobre su alcance y contenidos. Únicamente defendió, en la línea habitual del Ejecutivo, que por parte del Gobierno no faltaría predisposición para el acuerdo. La comunicación del acuerdo correría a cargo de los equipos de comunicación de ambos partidos, sin interferencia del Gobierno.
En los días previos al acuerdo se siguió el mismo protocolo. Discreción absoluta por parte tanto de Ferraz como del Gobierno como habían pedido los populares. La única señal pública que evidenciaba una evolución positiva de las conversaciones era que el negociador del Ejecutivo había despejado toda su agenda institucional desde el pasado fin de semana. Algo por lo que los socialistas solo llegaron a reconocer que se estaban produciendo conversaciones.
La hora de los matices
Una vez confirmado el acuerdo, PSOE y PP comenzaron a mostrar diferentes matices. Antes incluso de la firma pública por parte de Bolaños y el vicesecretario de los populares, Esteban González Pons. Matices relativos a las cuestiones que más convenía resaltar a unos u otros para intentar trasladar el mensaje de que la balanza final de imposiciones y cesiones se había decantado a su favor.
Hasta ese momento, las fuentes de Moncloa conocedoras de la gestión del acuerdo destacan que se plegaron a todas las demandas del PP en el plano comunicativo para blindarlo de las presiones externas. El propio Alberto Núñez Feijóo, en su rueda de prensa posterior para valorar el acuerdo, hizo mención en más de una ocasión a las “presiones” que había recibido para evitar este pacto. “Pese a todas las resistencias, así va a ser. Con persistencia, pese a las presiones y descalificaciones”, dijo sobre sus condiciones para el pacto. “En este asunto, he recibido presiones de todo tipo y he escuchado afirmaciones diversas”, repitió poco después.
“El momento oportuno”
Un dirigente popular admitía en plena resaca por el pacto que este estaba ya avanzado desde hacía meses y que no se había cerrado hasta ahora porque “había que esperar al momento oportuno”. En la parte socialista sitúan el grueso del pacto en el mes de marzo. Cerrado el ciclo electoral y aplacado por parte de Sánchez el plebiscito que Feijóo buscaba en los comicios europeos, las condiciones parecían las idóneas. Desde el Gobierno lo vinculan sobre todo al ultimátum de Pedro Sánchez para llegar a un acuerdo antes de finalizar el mes de junio o llevar a cabo una reforma de la ley del poder judicial para quitarle al CGPJ la potestad de realizar nombramientos en la cúpula judicial. También a la presión de la carrera judicial.
El propio Tribunal Supremo había vuelto a pedir a Gobierno y PP una renovación “sin demora”. En la dirección del PP voltean estos argumentos para defender que “el ultimátum fue de Europa a Sánchez y no de Sánchez a Feijóo”.
En el Ejecutivo asumen que Feijóo subirá el tono contra Sánchez en los próximos días para mandar un mensaje a la interna de que nada cambia. Lo que denominan “digerir” el pacto y “administrarlo” a la interna. Sin embargo, detrás de la sobreactuación, apuestan por más “mano tendida” para poder llegar a otros acuerdos antes del verano como en la renovación del gobernador del Banco de España.
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