Red Eléctrica responde a Iberdrola. El operador del sistema eléctrico y gestor de las redes de alta tensión defiende el modelo vigente de titularidad única de la red de transporte de electricidad frente a la propuesta de abrir la red de alta tensión a la iniciativa privada a través de concesiones a 30 años, planteada por la primera eléctrica de España durante la segunda jornada del I Foro Económico y Social del Mediterráneo.
Durante el acto, celebrado este jueves y organizado por Prensa Ibérica en colaboración con la Fundación ‘La Caixa’, el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, planteó la necesidad de optar por una «solución de emergencia» para acelerar el despliegue en redes en los próximos años a través de subastas para que las compañías privadas puedan construir redes de transporte.
Menos de 24 horas después, Red Eléctrica ha emitido un comunicado en defensa del desarrollo y gestión de la red de alta tensión como un monopolio natural «atendiendo siempre a los costes y los beneficios que aporta al conjunto de la sociedad» y del modelo de planificación sobre el que se sustenta, como garantía de «una evolución de las infraestructuras ordenada y coherente con la política energética y las necesidades económicas y sociales del país».
En España existe un transportista único -encargado de construir y explotar la red de alta tensión- integrado con el operador del sistema eléctrico -encargado del funcionamiento de la red eléctrica- desde 1985. Este funcionamiento, que aplica en «22 de los 27 países de la Unión Europea», según la compañía, garantiza «la neutralidad de las instalaciones de transporte de electricidad prestando el mismo servicio a todos los agentes del sector en régimen de igualdad«.
Así, Red Eléctrica añade que como transportista único «ejecuta» el desarrollo de la red en función de una planificación, diseñada por el Ministerio para la Transición Ecológica, que es quien tiene las competencias de política energética, y aprobada por el Consejo de Ministros. Esta planificación «se actualiza periódicamente -en periodos de seis años-» después de una consulta pública en la que «pueden participar todos los actores, incluidos los operadores de la red de distribución, que plantean sus necesidades para que puedan ser integradas en el proceso».
La compañía, que en ningún caso menciona a Iberdrola ni su propuesta de abrir la red a la iniciativa privada, añade que dicha planificación se rige por «los principios de sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico, lo que garantiza el menor coste para los consumidores» y al ser vinculante para Red Eléctrica «asegura su desarrollo incluso en los periodos en los que la regulación ha sido más restrictiva».
El 22 de marzo de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el plan de desarrollo de la red de transporte vigente 2021-2026 que, según Red Eléctrica, se desarrolla «conforme a los plazos previstos, alcanzándose este año el 50% de su desarrollo«. Para ello, la empresa amplió en un 55% su ritmo inversor en 2023, «con la previsión de alcanzar este año y siguientes cifras récord, lo que supone triplicar el volumen de inversión en los dos últimos ejercicios». «Todo ello evidencia el compromiso de Red Eléctrica en el desarrollo de las redes necesarias para la transición energética, desde la independencia que le atribuye la legislación. Red Eléctrica es una garantía para el sistema«, insiste la compañía.
A principios de este año, el Ejecutivo aprobó una actualización para incluir parte de los grandes proyectos estratégicos beneficiarios de fondos europeos, como o el Valle Andaluz del Hidrógeno que se proyecta entre Algeciras y Huelva. Y al mismo tiempo ha lanzado un nuevo ciclo de planificación anticipado para el período 2025-2030 para «incorporar las necesidades resultantes de la aceleración del proceso de transición energética».
«Adicionalmente, el Gobierno acaba de lanzar una consulta pública para revisar la regulación del volumen de inversión más adecuado en estas infraestructuras, abierto hasta el 3 de julio, en el que pueden participar todos los interesados», concluye. Además de la planificación de los proyectos, el Ejecutivo tiene potestad para determinar las inversiones anuales destinadas a las redes, que en el caso de la red de alta tensión asciende al 0,65% del PIB.
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