Atacaron más de 200 organismos públicos y entidades, diputaciones, ayuntamientos, como el de Salamanca o León, universidades de todo el mundo o la DGT. Después de penetrar en la red blindada de la Administración Pública española llegaron a vender ese acceso a otros cibercriminales. Parecían un grupo numeroso organizado y eran solo dos veinteañeros con 14 identidades distintas. Podrían haber obtenido de beneficio dos millones de euros. Se pasan al lado bueno, pero atrás dejan miles y miles de datos robados que acaban en estafas y suplantaciones de identidad cada vez más sofisticadas.
