Vox contempla todos los escenarios, incluido el de romper sus gobiernos en coalición con el PP en varias autonomías, en el caso de que los populares acepten la reforma legal para el reparto obligatorio de menores migrantes entre las comunidades, como impulsan el Gobierno central y el de Canarias.
A la espera de conocer cuál es la postura que adopta el PP respecto a la reforma de la Ley de Extranjería, que cuenta con el aval del PP de Canarias, fuentes de Vox trasladan que el reparto obligatorio de menores migrantes es una línea roja que les podría llevar a revisar sus acuerdos con el PP.
En los territorios en los que gobierna con el PP -Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Región de Murcia-, Vox ha traslado que la política migratoria es determinante. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, llegó a calificarlo de «cuestión crítica».
En Castilla y León, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha ofrecido este jueves la «máxima disposición» de esta comunidad para seguir siendo una «tierra de acogida» para menores extranjeros no acompañados que provengan de Canarias, Ceuta y Melilla, mientras que ha considerado que la incidencia de esta postura sobre el acuerdo con Vox debe decidirla ese partido.
El reparto de los menores migrantes es el elemento que más puede tensionar la relación con la formación de Alberto Núñez Feijóo, según reconocen las mismas fuentes del partido de Santiago Abascal.
Vox también quiere analizar las implicaciones del pacto alcanzado entre el PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero lo diferencia de la cuestión migratoria, porque ésta no es una política de ámbito autonómico, sino una decisión tomada por Alberto Núñez Feijóo que los dirigentes de su partido respaldan o acatan.
El partido de Santiago Abascal responderá a la postura que el PP adopte en inmigración en los distintos territorios y destaca que en el seno del PP no hay en todo caso una postura común.
El acuerdo entre el Gobierno central y del de Canarias, donde el PP cogobierna, plantea modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para que, cuando los recursos de una comunidad estén por encima del 150 % de su capacidad, los menores acogidos se deriven a otras regiones del país en función de criterios acordados en 2022 en una Conferencia Sectorial, como el PIB o la población.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha hecho, junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, una primera ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para recabar apoyos y sacar adelante este texto, que presentará además en la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se celebrará en las próximas semanas en Canarias.
La reforma de la Ley de Extranjería debe ser aprobada en el Congreso de los Diputados, donde socios parlamentarios como Junts ya han expresado sus reticencias, pues los independentistas catalanes exigen que Cataluña quede excluida de este reparto.
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