La resaca del acuerdo entre el Gobierno y el PP para desbloquear tras más de cinco años y medio la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha venido acompañada de una sobreactuación de todas las fuerzas políticas. Mientras el Ejecutivo alienta un acercamiento con los populares para llegar a otros acuerdos, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no solo ha alejado una tregua entre los dos grandes partidos, sino que ha elevado el tono alerta que España está en un “contexto muy cercano” al de regímenes como Cuba o Venezuela. Los socios de investidura y Vox han hecho una suerte de pinza con Vox. Por un lado, para acusar al Gobierno de inaugurar “una gran coalición”. Por otro, para acusar al PP de “estafar” a sus electores por pactar con Pedro Sánchez.
Desde el Ejecutivo relativizan todas estas posiciones y apuestan tras el acuerdo del CGPJ por combinar una mayor “mano tendida al PP”, como ofreció el propio jefe del Ejecutivo a Feijóo durante el pleno de este miércoles, con garantizar que sus socios de investidura seguirán manteniendo su “influencia”. Una suerte de geometría variable que alimentan extendiendo los acuerdos con el PP a la renovación de otros organismos, como el Banco de España, o reformas legislativas, como la ley de extranjería, y negociando contrapartidas con sus socios para sacar adelante los Presupuestos.
La imagen más evidente de la sobreactuación política fueron las reuniones que el Gobierno celebró este mismo miércoles en el Congreso. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunió con el portavoz del PNV, Aitor Esteban, para atender sus demandas sobre la autorización de los PERTE regionales y que las comunidades articulen los proyectos del Fondo de Resiliencia Autonómico (FRA). Unas horas antes, Esteban había criticado la exclusión de los jeltzales de las conversaciones para renovar el CGPJ y anunciado su voto en contra tras eliminarse por primera vez la histórica cuota de los nacionalistas.
En otra de las salas del Congreso, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se reunió con el portavoz del PP, Miguel Tellado, para abordar la reforma de la ley de extranjería. Al mismo tiempo que el líder del PP señalaba que Sánchez está llevando a España “ante una coyuntura de riesgo democrático”, el Gobierno y los populares acercaban posturas sobre la modificación legislativa para el reparto entre las comunidades autónomas de los migrantes menores llegados a la frontera sur, especialmente Canarias. El propio presidente canario, Fernando Clavijo, que participó en el encuentro tras impulsar la reforma, calificó de positivos los avances con los populares.
En Moncloa reconocen que no se producirá un giro radical en sus relaciones con el PP. Al menos en lo discursivo vaticinan que su estrategia de oposición seguirá siendo dura. Incluso a corto plazo, los colaboradores del presidente del Gobierno entienden que Feijóo subirá el tono porque “tiene que administrar el acuerdo con una parte de su partido”. “Ahora hará más aspavientos para diferenciarse y decirle al ala dura de su partido que no ha cambiado. Es la misma hoja de ruta que siguió Pablo Casado” tras acordar la renovación del Tribunal Constitucional y otras altas instituciones, explican las mismas fuentes para concluir que “es entendible”.
Más allá de lo que denominan “aspavientos”, en el Gobierno dicen estar atentos a ver cómo “respiran” desde Génova en las próximas semanas. Por el momento, han fijado para finales de julio el objetivo de pactar la renovación del gobernador y subgobernador del Banco de España.
Pactos antes de verano
Entre sus objetivos está también acordar la renovación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), y los consejeros pendientes de RTVE. Sobre esto último, el PP ya cerró la puerta. Pese a ello, en el Gobierno no se resignan para subrayar que “hay voluntad de acuerdo” y que solo faltaría para ello “cerrar los nombres”.
La lectura del Gobierno es que Feijóo seguirá “el mismo hilo de oposición” y vinculan la posibilidad de más acuerdos a que de un golpe de autoridad dentro de su partido, en referencia la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. “Le costará”, según vaticinan fuentes del Ejecutivo para añadir que primero deberá “calmar a Vox”.
Los de Santiago Abascal han aprovechado el acuerdo para arrastrar a los populares hacia el centro y ocupar un mayor espacio en el bloque conservador. Asimismo, gobiernan en varias comunidades autónomas con el PP y han amenazado con romper estas coaliciones si los populares pactan con el Gobierno la reforma de la ley de extranjería. Aunque el texto pasará por la conferencia sectorial y volverá a presentarse a los grupos parlamentarios con posibles modificaciones, el calendario para su aprobación sigue siendo el mismo. El objetivo es aprobarlo antes de verano para descargar la presión migratoria en las costas canarias. Se haría vía decreto o a través de una proposición de ley con carácter urgente y en lectura única.
Compromisos con los socios
En este intento de jugar a dos bandas, la parte socialista del Gobierno ha trasladado a sus socios que el acuerdo del CGPJ no cambiará sus compromisos. “No tendrá ninguna repercusión en la legislatura” en este sentido, señalan en Moncloa para intentar empatizar con el cabreo entre sus aliados. Salvo la posición de Podemos, que consideran “pasada de revoluciones” al advertir sobre la ruptura del bloque de investidura, encuadran sus reacciones dentro de lo normal.
Los socialistas señalan que en privado continúan sus negociaciones habituales sin más fricciones. Hasta con ERC y Junts, en plenas tensiones por la investidura de Salvador Illa, explican que no han trasladado su rechazo a negociar los Presupuestos para desvincular el proceso en el Parlament de la legislatura. Lo que sí reconocen es la complejidad de pactar las cuentas públicas si hay repetición electoral Cataluña. Una hipótesis que admiten cada vez con más probabilidad. Sobre todo porque consideran que Junts estaría ejerciendo una fuerte presión sobre ERC, lo que llevaría a los republicanos a mantener posiciones de máximos.
