La Comisión de Juventud e Infancia del Congreso de los Diputados debatirá y votará este jueves la propuesta de Sumar para rebajar a 16 años de la edad mínima para poder votar en unas elecciones. La plataforma que dirige Yolanda Díaz defiende que ya ocurre de esta manera en otros países del entorno europeo como Austria, Hungría, Noruega y Eslovenia, pero también otros de la esfera iberoamericana como Brasil, Argentina y Ecuador.

En definitiva, se trata de una Proposición No de Ley (PNL) en la que se recuerda que esta reivindicación histórica del Consejo de la Juventud de España sería una equiparación de derechos y deberes real, dado que en el país las personas jóvenes son responsables penalmente desde los 14 años; mientras que a los 16 ya pueden iniciar su vida laboral, asociarse, casarse, emanciparse, abortar, conducir algunos vehículos e incluso someterse a ciertas operaciones quirúrgicas y, sin embargo, se les niega el voto pese a todo.

En la PNL se mencionan también resoluciones del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo en las que se recomienda a los Estados miembros que, “como medida para el futuro, estudien maneras para que la edad mínima armonizada para ejercer el voto sea de 16 años, a fin de seguir mejorando la igualdad electoral entre los ciudadanos de la Unión”. En Sumar defienden que la expansión del voto a jóvenes de 16 y 17 años comportaría el reconocimiento “completo” de sus derechos políticos, “alineándose con los compromisos ya adquiridos por España” con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, además de rimar en consonante con “otros derechos civiles reconocidos” en el sistema político español.

Por ello, buscan con esta propuesta urgir al Gobierno a presentar en las Cortes Generales una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) con el fin de ampliar el derecho al sufragio activo a las personas que cumplan la edad de 16 años. “Si pueden trabajar, pueden votar”, ha defendido en las últimas horas la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien en declaraciones a EFE exhibía su apoyo a la medida que defenderá este jueves la plataforma que encabeza la vicepresidenta segunda.

Rego entiende que es una cuestión “de justicia”, abogando por, como mínimo, abrir un debate en el país sobre una medida que, a su parecer, refuerza la democracia. Consciente de la realidad parlamentaria y de los intentos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y de Podemos, que en el pasado ya lo intentaron, la ministra de Juventud e Infancia ha reconocido la trascendencia de una reforma de ese tipo, aunque se ha mostrado optimista. “Si hay voluntad política y entendemos que es un elemento de justicia, ¿por qué no?”, apuntaba.

La dirigente de Izquierda Unida agregaba que “siempre hay posibilidades de consenso”, pero ahora se abre un debate “interesante” sobre el alcance de la democracia y del reconocimiento del papel de la juventud en la construcción de país. La intención de la ministra del ramo es que los jóvenes cooperen en la redacción de la primera Ley Nacional de la Juventud, uno de cuyos elementos troncales será la participación política y pública de los adolescentes. Por ello, frente a la desafección hacia las instituciones o las formaciones políticas, Rego abunda en que “hay una juventud profundamente politizada” y apuesta por diseñar los instrumentos necesarios para incluir la voz de los jóvenes en la vida pública.

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